En las últimas semanas se ha debatido públicamente sobre la reforma impulsada por el PP, tras el pronunciamiento del comité integrado en su mayoría por economistas que han trabajado para las compañías financieras, principales beneficiarios de la privatización de las pensiones.
La crisis es la excusa que utilizan las fuerzas neoliberales para imponer la privatización del sistema de pensiones que fue universalizado por los socialistas. Por ello, el mayor partido de la oposición sólo aceptará cambios cuando esté muy justificado, muy pensado y muy consensuado.
Hay que ser muy claro: España tiene un sistema público de pensiones que viene funcionando con un alto grado de eficiencia, de estabilidad y con perspectiva de largo alcance. Un sistema que, además, ha ido adecuándose en el tiempo, con reformas de sencilla aplicación, cada vez que ha sido necesario.
Según reconocen los socialistas, el sistema público de pensiones español ha jugado y juega un papel fundamental en la cohesión social y territorial del país, que debe mantenerse a toda cosa. No en balde, el PSOE fue el partido que universalizó el sistema público, con la clara finalidad de combatir la pobreza durante la vejez, garantizando unos ingresos fijos mensuales a todos los ciudadanos, al llegar a esa etapa de la vida.
Este compromiso histórico de los socialistas se ha concretado cada vez que han gobernado en más dotaciones para mejorarlas. De hecho, fue de 2004/2011 cuando registraron la mayor subida de toda su historia las pensiones mínimas.
Y cuando ha habido que reformar el sistema para garantizar su sostenibilidad, siempre se ha hecho con el apoyo de la mayoría de los partidos, los sindicatos y los empresarios.
NI JUSTIFICADO, NI PENSADO NI CONSENSUADO
Los socialistas reconocen que las líneas rojas para apoyar cualquier modificación del sistema de pensiones en España son el que esté muy justificado, es decir, que sólo debe cambiarse si es absolutamente necesario; que esté muy pensado, para que los cambios no dañen esa cohesión social y territorial que el actual sistema lleva décadas garantizando; y que esté muy consensuado, para garantizar la paz social. Y la reforma planteada por el PP no cumple ninguno de los tres requisitos.
La posición del PSOE es muy clara: se opone frontalmente a que la “solución” sea rebajar las pensiones, no apoyará ningún cambio que no tenga el apoyo de los sindicatos, considerando además que sigue siendo completamente válida la reforma de la Ley de 2011, actualmente en vigor.
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