APROBADO POR UNANIMIDAD EXIGIR AL GOBIERNO DE LA NACIÓN QUE SE IMPLIQUE EN LA FINANCIACIÓN DEL TRANSPORTE URBANO

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz, señala que, una vez elaborado el mapa de urbanizaciones y barriadas no recepcionadas por parte de la Gerencia de Urbanismo, se planificará el proceso para que pasen a competencia municipal y se presten todos los servicios públicos

El concejal socialista Juan Carlos Cabrera señala que la mayoría de las iniciativas de movilidad sostenible y de impulso al transporte público son asumidas “a pulmón” por el Ayuntamiento de Sevilla, de ahí la necesidad de que el Estado se implique con una financiación real y justa

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó en su sesión ordinaria de ayer, y por unanimidad, una moción presentada por el Grupo Socialista para impulsar los trabajos para la redacción de un mapa de urbanizaciones y barriadas de la ciudad susceptibles de ser recepcionadas por el Consistorio y que, por tanto, pasen a ser competencia municipal y se presten todos los servicios públicos. Los trabajos han sido encomendados a la Gerencia de Urbanismo, organismo adscrito a la Delegación de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo.

El portavoz municipal del PSOE y del gobierno de la ciudad, Antonio Muñoz, comentó que, a raíz de ese diagnóstico, se planificará la recepción de las barriadas y urbanizaciones con los respectivos compromisos presupuestarios, y recordó que es un problema que se arrastra “desde hace décadas prácticamente en todos los distritos de la ciudad”. 

Esta moción aprobada propone que el proceso de recepción sea cuando se hallen en suelo clasificado como urbano consolidado, que sus zonas comunes estén abiertas al uso común general y que en las mismas se produzcan “actos propios” del Ayuntamiento de Sevilla “determinantes de la recepción tácita” en los términos ya expuestos en el informe del Secretario General del Ayuntamiento de Sevilla de fecha de 20 de junio de 2016, como la prestación de servicios municipales, el otorgamiento de licencias, la realización de obras y actuaciones, etcétera.

Para proceder a la recepción, la Gerencia de Urbanismo habrá de elaborar un mapa de urbanizaciones y barriadas susceptibles de ser recepcionadas. El Grupo Municipal Socialista plantea con la moción que se impulsen los trabajos.

En esa misma sesión del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, se aprobó también por unanimidad una moción socialista para exigir al Gobierno de España una “implicación real” en la financiación del transporte urbano colectivo y, de manera urgente, que comience la redacción y tramitación de una Ley de Financiación del Transporte Público en España, que incluya la participación de todos los niveles de gobierno en coherencia con las recomendaciones de la Unión Europea.

El concejal socialista y delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, quien se encargó de defender la moción, destacó el “esfuerzo” que el Consistorio está desplegando para “impulsar” el transporte público en esta ciudad, con el objetivo de favorecer una movilidad sostenible.

“Y la mayoría de este esfuerzo lo está haciendo el Ayuntamiento a pulmón, de ahí que haga falta un ley que determine la aportación que corresponde a las distintas administraciones y garantice una financiación a medio y largo plazo”, señaló. “En España, salvo excepciones, los ayuntamientos son quienes asumen la responsabilidad final de cubrir el déficit del servicio de transporte de su municipio, sin existir una regulación clara que establezca las pautas para la obtención de recursos”.

Los socialistas de Sevilla consideran que la aportación del Estado es insuficiente y el reparto entre las 144 ciudades receptoras “no responde a ningún criterio adecuado ni se ajusta a la evolución demográfica que han experimentado las áreas metropolitanas (…) Se trata, pues, de una aportación asimétrica (…) que no financia por igual tamaño y que, por ende, no permite planificar los servicios de transporte público a medio y largo plazo”.

            

Por ello, en la moción se exige al Gobierno central a la redacción y la tramitación de una Ley de Financiación de Transporte Público de forma urgente.