SAN JERÓNIMO SE MOVILIZA EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DE SU PISCINA MUNICIPAL

Usuarios, vecinos, trabajadores y asociaciones de los barrios de San Jerónimo han comenzado una recogida de firmas para exigir al ayuntamiento de Sevilla que no privatice la piscina municipal.

Para los y las vecinas, la privatización prevista es un ataque a los derechos de la ciudadanía, que además supone que un equipamiento construido con dinero público genere beneficios a una empresa que no ha hecho ninguna inversión.

La apisonadora privatizadora del PP ha llegado a San Jerónimo, y ha fijado su objetivo en el equipamiento más goloso del barrio: el Centro Deportivo San Jerónimo Piscina "Francisco Tabuenca", construida durante el gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín. Se trata de uno de los equipamientos deportivos más modernos de la ciudad, con una inversión de más de dos millones y medios de euros. 
                 
La construcción de este equipamiento fue el resultado de la demanda social del barrio planteada en los presupuestos participativos, que dotó a los barrios de San Jerónimo de un equipamiento modélico de más de 3.500 metros cuadrados. Ahora, el gobierno de Zoido pretende entregar este equipamiento a una empresa que, sin realizar ninguna inversión, buscará ante todo su beneficio, lo que supondrá no sólo la expropiación del propio equipamiento, sino además la subida de los precios hasta en un 45%, como ya ha ocurrido con la piscina de La Fundición.
        
LOS Y LAS VECINAS, EN CONTRA 
             
Contra esta iniciativa, que el PP no incluía en su programa electoral, se ha levantado el barrio, tanto los usuarios, como los vecinos, trabajadores y entidades sociales y políticas, que se ha concretado en una recogida de firmas en muchos de los establecimientos comerciales y entidades del barrio. 
                    
Tal y como se recoge en el pliego de recogida de firmas, los y las vecinas manifiestan que “Recientemente hemos sido informados/as de la intención de PRIVATIZACIÓN de la PISCINA PUBLICA SAN JERÓNIMO” lo que consideran este hecho como “un ataque a los derechos de la ciudadanía” por lo que solicitan “la PARALIZACIÓN de cualquier actuación que este dirigida a la privatización.”