Ayer se celebró una reunión
entre el alcalde de Sevilla y máximos responsables judiciales de Sevilla para
acordar un protocolo que evite los desahucios a través de información previa a
los Servicios Sociales.
Para ello la Oficina
Municipal para evitar los desahucios contará con un teléfono 24 horas para que
todas las familias en riesgo de perder su vivienda o con problemas para asumir
el pago de los suministros básicos reciban asistencia y ayuda de los Servicios
Sociales municipales.
El alcalde
de Sevilla, Juan Espadas, mantuvo ayer una reunión de trabajo con el presidente
de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, la fiscal jefe de Sevilla, María
José Segarra, y el decano de los jueces, Francisco Guerrero, con el objetivo de
articular un protocolo de colaboración para evitar los desahucios en la ciudad
de Sevilla. De esta forma, el
Ayuntamiento pondrá a disposición de los Juzgados de Primeras Instancia a los Servicios
Sociales de forma que cualquier procedimiento judicial sea comunicado al
Consistorio desde el primer momento y se puedan iniciar con margen
suficiente las valoraciones sociales, el apoyo y asesoramiento o la búsqueda de
un alojamiento temporal.
“En una primera fase hemos conformado la
oficina municipal para evitar los desahucios de viviendas de la que forman
parte técnicos de Servicios Sociales, de Urbanismo y de Emvisesa con la
coordinación de la dirección general de Acción Social y hemos habilitado servicios de atención a los ciudadanos de esta oficina
en todas las UTS de la ciudad con el objetivo de actuar de forma preventiva y
evitar las situaciones dramáticas de desahucios de familias. Así se está
actuando desde el primer día de este nuevo gobierno. Ahora, vamos a articular
dos nuevas fases para completar este servicio que es prioritario”, explicó
el alcalde de Sevilla.
En
primer lugar, con la reunión de trabajo celebrada hoy en la Audiencia
Provincial, el Ayuntamiento habilitará
un protocolo de actuación que permita que todos los juzgados de primera
instancia trasladen a los Servicios Sociales cualquier situación de lanzamiento
judicial para que se pueda actuar con carácter preventivo y para buscar
soluciones que eviten la pérdida de la vivienda o que permitan un realojo
temporal siempre que así lo avalen los Servicios Sociales. “Con este protocolo pretendemos establecer un
marco claro de colaboración que nos permita a todos trabajar para buscar
soluciones para las familias en riesgo de perder su vivienda”, apuntó el
alcalde de Sevilla.
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