A PROPUESTA DEL PSOE, EL AYUNTAMIENTO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA REPARACIÓN DE TRABAJADORES MUNICIPALES DEPURADOS POR EL FRANQUISMO
El acuerdo del
Pleno municipal será adjuntado a cada uno de los expedientes de estos
trabajadores que fueron despedios si así lo admite Justicia. “No es un papel
más, sino una cuestión de justicia y un compromiso con ellos y con sus
familias”, ha dicho Juan Espadas
“Casi 80 años
después, queremos reparar una injusticia histórica ante quienes defendían sus
principios y la legalidad democtrática”, según ha agregado el alcalde socialista,
quien ha agradecido el respaldo de todos los grupos municipales a la moción
El
Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido en sesión ordinaria, ha apoyado esta
semana por unanimidad una propuesta presentada por el Grupo Municipal
Socialista para instar al Ministerio de Justicia a que apruebe una declaración
de reparación y reconocimiento personal para los 290 empleados municipales que
perdieron sus puestos de trabajo como víctimas de la depuración del régimen
franquista en dos procesos realizados en julio y septiembre de 1936.
Estas
sanciones ilegítimas fueron impuestas por la comisión gestora y constan en el
archivo municipal, en los expedientes personales, los de negociado de Personal,
y uno específico sobre la depuración con copias de mociones, minutas y oficios.
“Queremos reparar una injusticia histórica y
reconocer los derechos que se quitaron a esos funcionarios y empleados públicos
porque defendían sus principios y la legalidad democrática. Y es de justicia
histórica que, casi 80 años después, cada uno de los expedientes incluya el
acuerdo de este Pleno”, ha explicado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas,
quien ha agradecido el respaldo de todos los grupos políticos para que el
Ministerio de Justicia actúe en este sentido.
Estos
290 empleados municipales pertenecían a distintos servicios municipales como
Policía Local, arbitrios, oficinas, laboratorio, incendios, limpieza, parques,
aguas o alcantarillados y fueron depurados en dos sesiones de la comisión
gestora tras una comunicación del General Queipo de Llano celebradas el 31 de
julio y el 10 de septiembre de 1936, lo que representaba casi la mitad de la
plantilla municipal de entonces. Estas personas, tal y como describe el
historiador José Díaz Arriaza, quedaron abocadas a una situación de “desolación social y ruina económica, mal
mirados y con muchas dificultades para encontrar trabajo”.
El
13 de julio de 2006 el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó colocar un
pergamino en el interior del Consistorio dedicado “a los alcaldes, concejales, funcionarios y empleados del Ayuntamiento
de Sevilla víctimas del franquismo, por su defensa de la libertad y la
legalidad democrática”. Un año después, la Ley 57/2007 de Memoria histórica
abrió la posibilidad de que aquellos que hayan sido condenados por motivos
políticos, ideológicos o de creencia obtengan una declaración de reparación y
reconocimiento personal.
Esta
es precisamente la vía que el Grupo Socialista ha reclamado que se emplee para
que se apruebe un reconocimiento y una declaración de reparación que conste en
todos los expedientes personales de los empleados municipales depurados por
parte del franquismo.
En
concreto, el Pleno municipal pide al Ministerio de Justicia que expida la
declaración de “reparación y
reconocimiento personal” prevista en el artículo 3 de la Ley 52 /2007 de memoria histórica, para
los empleados del
Ayuntamiento de Sevilla sancionados y depurados por
motivos políticos, ideológicos
o de creencia
por la Comisión
Gestora de la institución local el 31 de julio y el 10
de septiembre de 1936, durante la dictadura
franquista, por defender la
legalidad institucional anterior
pretendiendo el restablecimiento de un régimen democrático en España e
intentando vivir conforme a opciones amparadas por los derecho y libertades hoy
reconocidos por la Constitución.
Con
este objetivo, el Ayuntamiento facilitará toda la documentación necesaria
existente en el archivo o en los expedientes personales y que esta declaración
de reparación y reconocimiento, una vez aprobada, sea incorporada en los
expedientes personales para quede constancia de “este reconocimiento como víctimas del franquismo y por su defensa de la
libertad y la legalidad democrática que les llevó a la pérdida de sus derechos
y de sus puestos de trabajo como empleados municipales”.
“Que se
adjunte a cada expediente personal el acuerdo del Pleno no es un papel más,
sino el compromiso de este Pleno con ellos y con sus familias”, ha
concluido Juan Espadas. Para ello, hace falta que el Ministerio de Justicia
otorgue el visto bueno a la petición que se le ha trasladado.
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