En la foto, Aquilino Alonso, nuevo Consejero de Salud de la Junta de Andalucía
El
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó esta semana un anteproyecto
de Ley para asegurar las prestaciones sanitarias frente a los intentos de
privatización y recortes impulsados por la derecha.
Se
trata de un instrumento que permitirá a Andalucía y a su Gobierno seguir
protegiendo la salud de todas las personas que viven en esta tierra, frente el
argumento de la crisis que siguen usando algunos partidos políticos y sectores
de la población, que sólo esconden intereses economicistas.
Uno de los mayores logros alcanzados
tras la Transición en los años 70, fue la implantación en todo el país del
sistema público de sanidad, universal y gratuito. Pero esta conquista que fue
de todos, está sometido al acecho de los que tras el pinchazo de la burbuja del
ladrillo buscan nuevas rentabilidades en el sector sanitario.
Por ello, para el Partido de la
presidenta de la Junta, Andalucía necesitaba una ley de este calado para hacer
frente a medidas que desde el Gobierno de España están resquebrajando el
sistema sanitario público y que se nos intentan imponer como comunidad
autónoma.
Y Andalucía da este paso porque
lleva años demostrando que la sanidad pública es sostenible y eficiente
económica y socialmente hablando. La obligación del Gobierno andaluz, como
poder público, es seguir garantizando que así sea.
El anteproyecto de ley, que ahora deberá
ser tramitado por el Parlamento de Andalucía, pretende dar garantías y
fortalecer la sostenibilidad del sistema desde el ámbito económico, social,
medioambiental y del conocimiento.
Por ello, se pretende la perdurabilidad
del sistema, la defensa de sus principios, los derechos de la ciudadanía, el
acceso a su cartera de servicios y la universalidad de la asistencia que se
presta.
Se reforzarán los derechos que tiene
reconocida la población andaluza en el ámbito de la salud (acceso a una de las
carteras de servicios más amplias del país, a una segunda opinión médica, a la
libre elección de médico, al consejo genético y la medicina predictiva, a los
cuidados al final de la muerte, al acceso al historial clínico y al disfrute de
un medio ambiente favorable a la salud, entre otros).
El anteproyecto de ley determina que
en ningún caso se establecerán sistemas
de copago para las prestaciones de la cartera complementaria de servicios
del ámbito de competencias autonómicas.
Si el Gobierno de la Nación impone
este tipo de medidas en la cartera básica, Andalucía podrá arbitrar medidas
para minimizar su impacto en la población, como ya se viene haciendo en la
comunidad en el copago de farmacia impuesto por el PP. Gracias a la receta
electrónica, por ejemplo, se ha evitado que los pensionistas andaluces tengan
que adelantar cerca de 100 millones de euros por la aplicación de esta medida
injusta.
La futura ley establece que ninguna
persona quedará excluida de ninguna prestación sanitaria por razones
económicas, garantizando la universalidad de la asistencia que siempre hemos
defendido en Andalucía.
Pero para que esta Ley dé todos sus
frutos, debe basarse en la sostenibilidad, a través de cuatro pilares, como
son:
1. Sostenibilidad
económica La futura Ley establece que el Presupuesto de la Junta garantizará la
financiación suficiente para el sistema sanitario público, estableciendo un mínimo
que no sobrepasará la comunidad: el 6,5% del PIB se destinará a salud.
Se avanzará
en las líneas que ya están en funcionamiento en Andalucía desde hace años
(gestión clínica, compras centralizadas, corresponsabilidad de los
profesionales en el gasto, uso racional de medicamentos, cirugía ambulatoria,
participación ciudadana, prescripción por principio activo, selección pública
de medicamentos, corresponsabilidad de proveedores, etc.)
Se
desarrollarán sistemas de transparencia y publicidad de las subvenciones,
ayudas e incentivos concedidos por la industria farmacéutica.
Se
establecerán medidas de educación para salud dirigidas a la ciudadanía para
evitar el consumo innecesario de medicamentos y hacer un uso responsable de los
recursos y prestaciones sanitarias.
La
incorporación de nuevas tecnologías sanitarias se hará de forma eficiente,
según evidencia científica y con garantías éticas, clínicas, sociales y
económicas.
El Plan de
Gestión del Sistema Sanitario Público permitirá fijar las líneas estratégicas
en formación, investigación e innovación, la necesidad de recursos humanos y
materiales, la financiación y los resultados de salud esperados.
La Ley
establece el compromiso de proteger al profesional, el activo más importante
con el que cuenta el sistema sanitario público, garantizándole un entorno de
trabajo saludable y seguro.
2. Sostenibilidad
social
Andalucía
logrará esa sostenibilidad con la implicación de la ciudadanía, que junto a los
profesionales, constituyen el eje en torno al que vira el sistema sanitario
andaluz y aportan valor añadido con su participación, asumiendo
responsabilidades y generando conocimiento.
Tanto con
ellos como con el resto de agentes participantes del sistema de salud Andalucía
realizará un auténtico ‘contrato social’ que permitirá consolidar y fortalecer
la sanidad andaluza, que es una conquista de todos.
Serán
elementos clave de la gestión pública la eficiencia, la equidad, la
solidaridad, el diálogo, la calidad de los servicios, la responsabilidad
social, la globalidad o la transparencia.
3. Sostenibilidad
medioambiental
La
organización sanitaria es una organización socialmente comprometida y queremos
garantizar que nuestra actividad sanitaria no repercuta en el impacto
medioambiental, por lo que actualizaremos la Estrategia de Gestión Ambiental y
Energética para ello.
4. Sostenibilidad
del conocimiento
El Gobierno
de Susana Díaz continuará realizando un esfuerzo inversor en I+D+i, sin perder
de vista que esta inversión supone un retorno de conocimientos y riqueza. La inversión
en investigación nos hace más productivos y genera riqueza, no sólo económica
sino en términos de salud.
Por tanto,
se apoyará a los grupos de excelencia en investigación e innovación y se
impulsará a otros emergentes, protegiendo el talento y conocimiento generado en
Andalucía, una verdadera fuente de riqueza. El Plan Estratégico de
Investigación e Innovación en Salud contendrá las líneas prioritarias en el
campo de la investigación sanitaria.
Se
contempla, asimismo, un plan integral de formación continua y de excelencia
para los profesionales.
La futura
norma autonómica establece que se invertirá en la investigación y la innovación
hasta situar la investigación sanitaria andaluza en una posición de liderazgo.
El gobierno del PSOE quiere así dar
respuesta a las necesidades de nuestra población sin comprometer derechos
conquistados, asegurando el equilibrio entre crecimiento económico, cuidando el
medio ambiente, velando por el bienestar social y gestionando el conocimiento
para producir riqueza. Todo ello, manteniendo intacto uno de los mejores
sistemas sanitarios del mundo y salvaguardando los principios y valores del
mismo. La futura Ley de Garantías y Sostenibilidad es el 6 marco legal
necesario para proteger la sanidad pública andaluza frente a las tentativas de
privatizaciones, especulaciones y desmantelamientos.
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