LA CREACIÓN DE UN SISTEMA SANITARIO NACIONAL INCLUSIVO E IGUALITARIO FUE UNA DECISIÓN POLÍTICA DEL PSOE

Hoy se cumple 30 años de la promulgación de la Ley General de Sanidad en 1986. Una ley que no se limitó a desarrollar el artículo 43 de nuestra Constitución, estableciendo un sistema prestacional universal, sino que su artículo 3 estableció que la política de salud debería estar orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales, lo que convirtió esta ley en un potente instrumento de justicia social, contribuyendo de forma decisiva a la reducción de las desigualdades lograda en la década de los 80.

Con este aniversario el PSOE ha publicado un Manifiesto, donde se reitera en su compromiso por un sistema sanitario público e inclusivo, desbastado por los recortes realizados por las políticas de ajuste del PP, que publicamos a continuación.

El 25 de Abril de 1986, hace hoy 30 años, se dio el primer paso en la construcción del Sistema Nacional de Salud español. Con la promulgación de la Ley General de Sanidad 14/1986 se establecieron las bases de lo que sería uno de los más importantes logros de la reciente historia democrática a juicio de la ciudadanía, si tenemos en cuenta la importancia que le otorgan en su bienestar, la satisfacción confesada con el servicio y el mayoritario rechazo a los recortes, expresado en todas las encuestas.

Una ley que tiene por objeto dar cumplimiento al mandato constitucional de protección a la salud recogido en el artículo 43 de la entonces reciente Constitución Española.

Y lo hizo de forma que supuso una auténtica revolución en el concepto de la protección integral a la salud, en las condiciones de prestación con carácter integral y de acceso como derecho de ciudadanía y de igualdad efectiva.

Pero no se limitó a establecer un sistema prestacional universal, en su artículo 3 estableció que la política de salud debería estar orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales, lo que convirtió esta ley en un potente instrumento de justicia social, contribuyendo de forma decisiva a la reducción de las desigualdades lograda en la década de los 80.

Fue, por tanto, la decisión política de un Gobierno socialista con un Ministro de Sanidad histórico, Ernest Lluch, quien plasmó el mandato constitucional de protección a la salud como un elemento básico en el bienestar individual y de justicia social, como demuestra el reciente informe de la Fundación Bertelsmann.

Si es obligado recordar que la iniciativa política se debió a la firme voluntad de un Gobierno socialista, en igual medida es de justicia reconocer que tanto en la concepción como en su implantación, resultó decisiva la participación activa e implicación de un amplio colectivo de profesionales sanitarios cuyas aspiraciones y anhelos confluyeron con la política diseñada.

La Ley General de Sanidad inició y puso las bases políticas y legales para construir un sistema de salud de cobertura universal, público, de calidad, acceso gratuito y coordinado. Un sistema que hoy sigue vigente porque compagina los valores de equidad para toda la ciudadanía y de financiación solidaria basada en impuestos, dentro de un sistema de organización federal profundamente descentralizado en su gestión política y administrativa.

Son los gobiernos de las Comunidades Autónomas quienes tienen ahora la responsabilidad de dirigir y dar respuesta a los objetivos de mejora de salud de la ciudadanía, y de rendir cuentas ante su ciudadanía y sus parlamentos. Entre todos, profesionales, ciudadanía y Administraciones, han hecho de la sanidad pública uno de los grandes éxitos colectivos de la sociedad española. Un sistema que sitúa a España entre los mejores países de Europa en resultados de salud, en eficiencia y también en calidad técnica y capacidad de innovación e investigación.

La Ley General de Sanidad ha sabido superar a lo largo de estos 30 años las resistencias que mostraron algunos sectores conservadores que veían sus estatus amenazados, en alguna medida unido al papel obstruccionista de algunos partidos. Su progresiva implantación, la satisfacción de la ciudadanía y las oportunidades para los profesionales y las profesionales han logrado el consenso que hoy afortunadamente conocemos. Hoy la sanidad pública española cuenta con el respaldo unánime de la población y de sus profesionales.

A pesar de lo cual hace tan solo 4 años, el Partido Popular quebró por decreto (RDL 16/2012) este consenso social y profesional, expulsando de la atención sanitaria a cerca de un millón de personas y estableciendo barreras económicas y copagos a la atención sanitaria y farmacéutica. Los gobiernos socialistas en las Comunidades Autónomas han tomado medidas inmediatas para paliar este decreto regresivo.

Pero merecen un reconocimiento especial los profesionales y las profesionales que, día tras día, denuncian y buscan soluciones voluntaristas para evitar en sus consultas los efectos más graves de la desprotección sanitaria. Desde el Partido Socialista nos felicitamos porque hoy el Sistema Nacional de Salud español es uno lo de los grandes logros de la sociedad española.

Estamos orgullosos de haber contribuido a ello, pero somos también muy conscientes de sus desafíos. Por eso, hoy, que se cumplen 30 años de este gran logro, el Partido Socialista renueva su compromiso con la sanidad española y los valores de solidaridad y equidad a los que responde. Para empezar, queremos restituir la ciudadanía sanitaria universal, igual para todos y todas, sin excepciones ni privilegios, como un derecho ligado a la condición de ciudadanía o residencia.

Para ello:

Queremos que la protección a la salud se incluya como derecho subjetivo en la constitución y que se establezca el mecanismo que garantice su financiación suficiente para que no vuelva a ser posible dar un paso atrás.

            
Queremos dotar al Sistema Nacional de Salud de estructuras de buena gobernanza y cooperación entre autonomías para mejorar su calidad, y hacerlo más eficiente, más ético y transparente.

Queremos hacer más real la igualdad, empezando por asegurar la suficiencia financiera en todos los territorios y reducir las diferencias y barreras en las condiciones de acceso.

       

Y queremos modernizarlo, porque la solución a los retos de la innovación terapéutica, el envejecimiento saludable y la cronicidad requieren el compromiso y los recursos para la renovación tecnológica, el desarrollo profesional, la investigación y la transformación de los procesos asistenciales.