En medio de la crisis más importante de la historia de España, el gobierno socialista ha continuado en la última legislatura (2008-2011) las políticas de apoya a las familias y a las personas con mayores necesidades. La crisis no puede ser la excusa para agravar la situación de los más débiles, y por ello en los últimos años se ha continuado con la implantación de la Ley de Dependencia que ha alcanzado un total de un millón cuatrocientos mil ciudadanos y ciudadanas, siendo en estos momentos el número de dependientes protegidos de 733.000.
¿Qué ha significado la Ley de Dependencia para las familias españolas? Pues que decenas de miles de trabajadores, mujeres en su gran mayoría, hayan podido continuar en el mercado laboral sin tener que abandonarlo para cuidar al familiar dependiente; contar con respiros familiares que mitigan el sufrimiento psicológico que sufre las y los familiares cuidadores de personas dependientes; y mejorar la calidad de vida de las personas dependientes.
Por otro lado, desde 2007, año que se puso en marcha la ampliación del permiso de paternidad, han sido más de un millón de progenitores varones los que han podido compartir con las progenitoras femeninas la experiencia de la paternidad, descargando de esta forma la situación de las mujeres y dando oportunidad a los hombres de disfrutar de algo que habitualmente le ha sido negado. A ello se ha sumado la mejora de los derechos de maternidad.
Durante esta legislatura también se ha dispuesto la Renta Básica
También las familias con hijos con enfermedades graves como el cáncer, la leucemia o cualquier otra enfermedad similar, han dispuesto gracias a las políticas sociales del gobierno socialista de nuevas ayudas económicas para que si sus progenitores trabajan puedan dedicarle más tiempo al cuidado de los niños enfermos.
La protección de las mujeres víctimas de maltrato han sido otra de las prioridades de las políticas del gobierno socialista, posiblemente insuficientes, pero por primera vez en España ha existido la voluntad de proteger a este otro tipo de víctimas.
No menos importante, sobre todo para miles de familias andaluzas con familiares emigrantes en países de América y África, el gobierno socialista ha ampliado los derechos de sanidad a los y las españolas residentes en el exterior.En cambio, la prioridad del PP por estos temas es nula. Donde gobiernan lo primero que se ha sacrificado ha sido el gasto social. Así, en Castilla-La Mancha, presidida por la secretaria general del PP nacional María Dolores de Cospedal, el gobierno autonómico ha retenido la nómina de los dependientes a pesar de haber recibido el dinero desde el Ministerio y ha suspendido de un plumazo los viajes sociales y los programas de termalismo de las personas mayores, entre otros recortes, a la vez que ha subido un 15% los sueldos de más altos cargos nombrados por Cospedal.
En la Comunidad Valencia
En Baleares también ha realizado escandalosos recortes, mientras el nuevo gobierno del PP se ha subido el salario un 10%.
En Murcia, con el pepero Valcalcer, se ha recortado el gasto social en 800 millones de euros, se ha bajado un 30% las ayudas a las asociaciones de atención a dependientes y se retrasan el pago de las prestaciones por dependencia.
En Galicia, cuyo presidente es el dirigente del PP Núñez Feijoo, han aumentado en un 150% de los dependientes en espera de ayuda, hasta alcanzar los 40.000 personas y ha recortado en 126 millones de euros de la política social de vivienda.
CON EL PSOE, CON RUBALCABA, LAS POLÍTICAS SOCIALES DE PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS, LOS Y LAS DEPENDIENTES Y LAS MUJERES ES UNA PRIORIDAD DE ESTADO.
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