Comisión Globalización, Unión Europea y reformas políticas de la Conferencia.
En este tercer post con algunas de las conclusiones de la
Conferencia Política del PSOE, transcribimos un fragmento de las
resoluciones de la Ponencia 1, Globalización. Unión Europea y reformas
políticas, en la que el PSOE defiede una globalización donde los derechos de la
ciudadanía sea el epicentro del sistema.
La izquierda debe ser autocrítica con esa deriva ideológica que no hemos combatido suficientemente, con esa
aceptación “natural” de valores y culturas contrarias a nuestros ideales: La
obsesión por la riqueza, el culto a la privatización y a lo privado, la
admiración acrítica por los mercados, la ilusión del crecimiento infinito, el desprecio por lo
público, etc., han acabado produciendo un crecimiento de la desigualdad
incompatible con nuestro ideario hasta el punto de que puede hablarse de la
ruptura del reparto equitativo en el aumento de la riqueza entre los grupos de
poder económico real y el resto de la sociedad (los empresarios son de muchos
tipos y condición, no generalicemos así), que fue la base de la armonía social
de los cuarenta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Hay varias razones que explican el aumento
de la desigualdad.
La primera es la pérdida de progresividad
en la recaudación fiscal. La segunda es la reducción de las políticas redistribuidoras del gasto público y
la tercera, es el aumento exponencial
del abanico salarial entre los trabajadores de los puestos directivos y
ejecutivos de las empresas y el resto de personal laboral de las mismas. Las
diferencias en el origen, es decir, en los ingresos y en las rentas, han
crecido en los últimos veinte años.
Es
verdad, sin embargo, que el crecimiento de la desigualdad en el interior de los
países desarrollados ha ido acompañado, en estos últimos veinte años, de una
progresiva reducción de la desigualdad entre los países del mundo. El gran
efecto redistribuidor de la globalización es, sin duda, la emergencia económica
de cientos de millones de personas que han pasado de la supervivencia autárquica
y medieval, a la economía productiva global del Siglo XXI. Pero la izquierda socialdemócrata debe
replantearse los instrumentos de las políticas que reduzcan las enormes
proporciones de un abanico económico en el que aumentan las fortunas de los más
ricos, crecen el número de estos, se empobrece la clase media y aumenta la
diferencia entre los extremos sociales. Este es el núcleo de nuestro
proyecto y tenemos la urgente necesidad de encontrar nuevas respuestas para una
nueva redistribución.
Hoy
más que nunca los valores de la
socialdemocracia siguen vigentes como alternativa a una situación económica
provocada por “el todo vale” neoliberal, que pretende imponerse como
pensamiento y discurso único hasta identificarse con el propio sistema democrático.
Por
eso la responsabilidad del PSOE es
mostrar a la sociedad que esas tendencias pueden y deber ser invertidas, y
que el Estado prima los intereses de los ciudadanos por encima de intereses económicos
particulares.
La crisis económica que estamos sufriendo no
ha terminado.
La izquierda también se juega su futuro en su capacidad para ofrecer soluciones
propias de sus idearios, a la profunda desestabilización que se ha provocado en
el sistema financiero mundial. No se
trata solo de salir de la crisis, sino de hacerlo en términos que aseguren un
orden económico y financiero a la globalización, el predominio de los intereses
colectivos frente a los intereses privados de quienes detentan el poder
económico, y, sobre todo, una salida en
términos de cohesión social y creación de empleo, una sociedad guiada por
los principios de la libertad y la igualdad de oportunidades. Es necesario replantear
las relaciones entre economía y política para construir una nueva arquitectura
institucional en la gobernanza económica y financiera sometida al bien común.
Reivindicar Estados fuertes y gobiernos decididamente implicados en regular los
mercados financieros, corregir las deficiencias en la supervisión, evitar los riesgos
bancarios excesivos, mejorar los gobiernos corporativos de las instituciones
financieras, etc. Es una agenda política imprescindible para una izquierda moderna,
global y adecuada al presente.
La sociedad exige que la política, entendida como el poder soberano del
pueblo, vuelva a ser quien marque las
reglas a la economía, y no al revés, y sea capaz de responder a los grandes
desafíos de la humanidad: desempleo, cambio climático, hambre, pobreza, migraciones.
Pero para lograrlo, el factor fundamental que debe cambiar es el descrédito
ideológico de lo Público. Pese a que se extiende el consenso pragmático de que
la época de los excesos provocados por el “culto” a la mano invisible de los
mercados, debe dejar paso a una época en la que la “mano visible” del Estado (como
la llama Joseph Stiglitz) cobre un mayor protagonismo, los extremistas del
neoliberalismo siguen viendo al Estado como el problema, y promoviendo la
privatización de servicios públicos.
Eso
sí, las mismas entidades financieras que
aplauden las privatizaciones vuelven sus ojos a los poderes públicos pidiendo apoyos
para sortear la crisis que han provocado, apoyo que, en el caso de la banca
española, nos ha costado solo en ayudas públicas directas, 61.300 millones de
euros.
Democratizar
la globalización implica muchas más cosas que la izquierda debe colocar en la
agenda política del mundo y en la conciencia cívica de los ciudadanos. No se puede mundializar la economía y las
finanzas sin mundializar las reglas que permiten su control. Dos de ellas
son destacables: la fiscalidad internacional y la responsabilidad social de las
empresas en el cumplimiento de los Derechos Humanos en todo el mundo. Una política
fiscal internacional debe abordar con urgencia el combate a los paraísos fiscales,
la coordinación fiscal internacional y la creación de figuras tributarias
trasnacionales para abordar los desafíos globales, desde la pobreza a las
pandemias o al cambio climático. A su vez, es
necesario impulsar la aplicación en todo el mundo de los principios Ruggie:
Proteger, Respetar y Remediar, como un código universal exigible a todas las
empresas trasnacionales en todos los países del mundo, en relación con los
DDHH y los principios laborales de OIT.
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