EL GOBIERNO ANDALUZ APRUEBA UNA LEY PARA REFORZAR LOS DERECHOS SOCIALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El gobierno andaluz impulsa una Ley a
atención a las personas con discapacidad que pretende pasar del plano
asistencia al plano de atención integral para un grupo que suman más 700.000
personas en nuestra Comunidad Autónoma.
El objetivo de esta Ley es fomentar la
autodeterminación, la capacitación y el empoderamiento de las personas con
discapacidad, facilitando la accesibilidad universal en sanidad, educación,
vivienda, ocio, formación o servicios sociales.
Las personas con
alguna discapacidad en Andalucía suman 700.000, el 61% de ellas mujeres. Pero
es un error pensar que la discapacidad es algo ajeno a la mayoría de la
población. Y no sólo porque en el 22% de los hogares andaluces existe al menos
una persona con discapacidad, sino porque además cualquier persona es
susceptible de terminar teniendo alguna, bien por alguna enfermedad, bien por
algún accidente.
Por ello es
fundamental que una sociedad que aspira a la justicia social disponga de
instrumentos que permita a las personas con discapacidad el acceso en igualdad
de condiciones a todos los servicios públicos y privados.
El anteproyecto,
aprobado la semana pasada por el Consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, sigue la
línea de la
Convención Internacional de la ONU para atender estar realidad social de hogares
donde los ingresos medios son un 25% más bajos y la tasa de paro es del 43%.
Para ello, la Junta de Andalucía reservará
el 5% de sus contratos relacionados con servicios como logística, jardinería o
lavandería a los centros especiales de empleo, empresas que cuentan en su
plantilla con un mínimo del 70% de trabajadores y trabajadoras con discapacidad.
Asimismo, la Junta elaborará un plan
específico de empleo para este colectivo y se reservará un 3% de las plazas en
los cursos de formación y de al menos un 5% de las de Escuelas Taller, Casas de
Oficio y Talleres de Empleo. El anteproyecto también añade obligaciones
específicas de organización y adaptación (puestos, dependencias y equipamiento
físico) a la actual reserva del 7% de plazas en las ofertas de empleo público
(2% para personas con discapacidad intelectual).
Y es que la Ley pretende Afianzar la
igualdad de oportunidades y para garantizar este derecho se obligará a las
administraciones públicas a adoptar medidas contra la discriminación, de acción
positiva, de igualdad de oportunidades y de fomento y defensa, articulándose un
régimen sancionador con multas que oscilan entre los 301€
(faltas leves) a
los 300.000€ (muy graves) que impliquen la prohibición de acceso o la carencia
de espacios reservados para personas con discapacidad.
También se
impulsarán medidas excepcionales en situaciones de especial vulnerabilidad, con
especial atención a mujeres y niñas con discapacidad para evitar su doble
discriminación. En este sentido se incluirán medidas específicas en los programas
de prevención y atención a la violencia de género.
Se incluye
mecanismos de atención infantil temprana, mediante la aprobación de un Decreto,
para garantizar la atención infantil temprana para menores de 6 años, y
garantizar la respuesta integral a las necesidades de esta población con
trastornos de desarrollo o con riesgo de padecerlos, que actualmente suman más
de
16.000 niños y
niñas atendidas por la Junta
de Andalucía.
Para garantizar
la accesibilidad universal en sanidad, educación, vivienda, ocio, formación o
servicios, los centros docentes públicos o privados no podrán denegar el acceso
a sus servicios o actividades -por motivo de discapacidad- al alumnado o demás
miembros de la comunidad educativa. Asimismo las universidades tendrán que
elaborar un censo específico de alumnado con discapacidad y aprobar un plan
especial de accesibilidad a las instalaciones y a la información y la
comunicación.
En materia de
salud, se aprobarán medidas adicionales a fin de garantizar el derecho de este
colectivo a recibir una atención igualitaria, y se articularán cursos de formación
y protocolos de actuación específicos para los profesionales sanitarios.
En relación a
Servicios Sociales, la Junta
podrá otorgar prestaciones económicas complementarias a las estatales a
personas en situación de necesidad y conceder subvenciones que favorezcan la
inclusión social.
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