EL GOBIERNO DEBE PONER EN MARCHA MECANISMOS CONTRA LA PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA DE LAS GRANDES EMPRESAS

Para los y las socialistas españolas, es vergonzoso que grandes empresas multinacionales declaren pequeños beneficios o incluso pérdidas en España mientras facturan miles de millones de euros, gracias a la llamada “planificación fiscal agresiva” que aprovecha todos los resortes legales para generar beneficios allí donde menos impuestos se pagan.

Desde el Partido Socialista se confía en la puesta en marcha de mecanismos multilaterales de la OCDE y la UE para atajar esta injusta sangría fiscal, pero aboga para que mientras tanto el gobierno de Rajoy ponga en marcha mecanismos como ha hecho el gobierno del Reino Unido con el llamado “Diverted Profit Tax”

Es un hecho. Las grandes empresas multinacionales, especialmente las tecnológicas, prácticamente no pagan impuestos sobre los gigantescos beneficios generados en Europa, en general, y en España, en particular.

Así, resulta sorprendente que empresas como Google declaren en España el ejercicio 2013 como resultado antes de impuestos 5.838.575 €. O cómo la filial española de Amazon durante el año 2013 declare pérdidas. Ello, si lo comparamos con la actividad económica real generada en España y con el nivel de negocio a nivel mundial solo puede explicarse por la utilización de mecanismos sofisticados de elusión fiscal. Dicha situación no es aislada, sino que se reproduce en similares términos en los países del alrededor.

Ello, al margen de las obvias consecuencias sobre las finanzas públicas en forma de menores ingresos que redunda en unos peores servicios públicos, genera consecuencias negativas respecto la competitividad de nuestras empresas, especialmente las tecnológicas, que se ven abocadas a competir en un mundo global en desigualdad de condiciones, al incurrir en mayores costes fiscales simplemente por cumplir la ley.

Por ello, desde el PSOE se defiende que se debe combatir la planificación fiscal agresiva de las multinacionales a través de medidas armonizadas que deben ser adoptadas en el seno de las organizaciones internacionales como la OCDE y la Unión Europea. En este sentido, las y los socialistas abogan por la implantación de las medidas contra el fraude fiscal que se han aprobado y que se vienen discutiendo en el seno de la acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) en la OCDE y en el proceso de armonización fiscal del impuesto sobre sociedades en la UE.

Esto no es obstáculo para que desde las filas socialistas se defienda que Gobierno español no puede perder la iniciativa en este ámbito capital para la economía de nuestro país y, si en los foros internacionales no se adoptan medidas contra el gran fraude de las multinacionales con la celeridad requerida, España puede y debe acometer la implantación de dichas medidas de forma unilateral, en el mismo sentido que el apuntado por otros países como el Reino Unido con su reciente anunciado “Diverted Profit Tax” (o impuesto sobre los beneficios desviados).

Las y los socialistas estudiarán el establecimiento de una tasa sobre los beneficios desviados a través de ingeniería fiscal por las grandes multinacionales que estará anclada en una nueva redacción de la norma general antiabuso, es decir, el artículo 15 de la Ley General Tributaria que regula el Conflicto en la Aplicación de la norma.

Desde fuentes del PSOE se señala que el objetivo es establecer un tributo diferente al impuesto sobre sociedades o al IRPF, de carácter específico, con un tipo de gravamen del 35% que grave todos aquellos beneficios, no gravados por el impuesto sobre sociedades, derivados de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza realizadas en abuso de derecho que se realicen por motivos de evasión tributaria.

Al ser un tributo específico, estaría al margen de las redes de Convenios internacionales para evitar la doble imposición, de forma que se soslayaría la utilización abusiva de dichas redes que es, precisamente, el gran catalizador del gran fraude internacional.

Se trata, según el PSOE, de una medida extraordinaria y provisional mientras no se toman medidas en el seno de la OCDE y la UE para armonizar el Impuesto de Sociedades.

Para el partido de Pedro Sánchez, “un gobierno responsable no puede permanecer parado ante las fórmulas sofisticadas de elusión fiscal, puesto que estas prácticas fiscales desleales minan nuestros ingresos públicos, la competitividad de nuestras empresas y, lo que es más grave, la confianza de nuestra ciudadanía, que asiste impávida a fenómenos sorprendentes de cómo el contribuyente medio, el trabajador, el pequeño empresario, incluso el grande, pagan más impuestos que grandes grupos multinacionales, que operan en sectores de la economía digital o comercio electrónico”.