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EN ANDALUCÍA, LA REFORMA LOCAL DEL PP REDUCIRÁ EMPLEO DE SERVICIOS DE GUARDERÍAS, CENTROS DE LA MUJER, ETC EN AYUNTAMIENTOS ANDALUCES EN UN 94%

La piel de cordero que cubre al lobo de la reforma local del PP, son la bajada de algunos puestos de libre elección. Pero el lobo que oculta es la práctica desaparición de 225 oficinas de consumo, 169 centros de la mujer, programas de formación y empleo, etc.

Además, convierte servicios municipales en negocio privado, que llevará a que los beneficios empresariales se realicen a costa de la calidad de los servicios privatizados.

Uno de los objetivos principales de la reforma local no es otro que el desmontar las políticas sociales. La Reforma que ya ha entrado en vigor, pero que se irá activando a lo largo de los próximos meses, pone en riesgo las políticas sociales justo cuando más se necesitan.

Se trata de un cambio en el modelo de Estado que hemos construido entre todos desde 1978, que pretende vaciar de competencias a los ayuntamientos, sobrecarga sin financiación a las CCAA abriendo, además, la puerta a la privatización de servicios. Mercadea con los servicios públicos esenciales y les resta calidad.

La prueba más clara, es el cálculo de la pérdida de empleo en los servicios afectados, que en Andalucía pasarían de 32.000 a 1.800, esto es, se perdería el 94% del empleo existente.

Porque la Reforma impacta de lleno en los servicios sociales que atienden las necesidades de los más vulnerables (mayores, niños, familias) ya que suprime los servicios municipales de guarderías, ayuda a domicilio, residencias de mayores, etc.

Con esta Reforma, Andalucía se enfrenta a una posible despoblación del mundo rural como ha ocurrido en otras Comunidades Autónomas como Castilla León o Aragón, que llenaría los barrios como los de San Jerónimo de población rural buscando mejor calidad de vida, compitiendo por los escasos recursos sociales y empleo que se disponen en las ciudades, saturando los servicios sanitarios, sociales, guarderías, etc.

Con la Reforma del PP se verán afectadas 225 Oficinas Municipales de Información al Consumidor en Andalucía, que dan servicio a 7,2 millones de usuarios y usuarias; 169 Centros Municipales de Información a la Mujer dejarían de funcionar y de atender a las 101.000 mujeres que utilizan sus servicios anualmente perdiéndose 448 empleos; las mancomunidades tendrán renunciar a las políticas de desarrollo económico y social, empleo y actividades formativas al ser consideradas competencias impropias.

Con esta eliminación de las competencias municipales en el fomento del empleo, educación, sanidad, servicios sociales y reinserción social, promoción de la mujer, vivienda, cultura o protección del medio ambiente el PP ha orquestado un gran ERE municipal: 40.000 empleos están en riesgo en Andalucía y unos 200.000 a nivel nacional. El nuevo marco competencial se traduce además en un gasto inicial de 600M€ para el Gobierno  andaluz.

Además, la derecha política del PP vuelve a discriminar a Andalucía, ya que esta Reforma da el privilegio a Comunidades como el País Vasco y Navarra a no aplicarla total o parcialmente.

Para los y las socialistas, la necesaria ordenación de competencias no puede pasar por degradar la calidad de vida de los ciudadanos de las zonas rurales y provocar un éxodo masivo hacia los barrios de las ciudades. Por ello, es necesario un consenso, lejos de la imposición del rodillo de la mayoría absoluta, y garantizar a la ciudadanía los servicios de calidad, independientemente de quien los tenga que facilitar, sin discriminaciones entre distintos territorios, y sin seguir inflando las cuentas de resultados de las empresas privadas.

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