Durante su tramitación, los socialistas
habían avisado del efecto desastroso de la contrarreforma local impulsada por
el PP, que bajo un discurso populista oculta el desmantelamiento de los
servicios que atienden a los y las vecinas y limitan la autonomía local
consagrada en la
Constitución.
En Sevilla, una vez que ha entrado en
vigor en 2014, ya se están viendo los primeros efectos de la reforma que ha
impedido al ayuntamiento a la puesta marcha de escuelas taller, el programa
Orienta para ayudar a los y las paradas a buscar empleo, e incluso al programa
estrella de Zoido, la nueva Zona Franca de Sevilla.
El
desmantelamiento de la España
que se creó entre todos a partir de la aprobación de la Constitución de 1978
continúa bajo el firme mando del PP. Al degradación y la privatización de la
sanidad con la escusa de la crisis económica, a la negación a la tutela
judicial efectiva con las tasas judiciales, a la dualización del sistema
educativo entre torpes pobres y listos ricos, se le ha unido la voladura
controlada de los ayuntamientos que prestan servicios fundamentales a los y las
ciudadanas.
El modelo del PP
es claro: unos municipios que como durante la Dictadura franquista sólo
se encargaran del alumbrado público, la policía municipal y la recogida de
basuras, impidiéndole el desarrollo de tareas en el campo de los servicios
sociales y comunitarios, el empleo, la cultura, el medio ambiente, entre otros
muchos temas.
VENDEN COMO UN “RECORTE” DE POLÍTICOS
CUANDO ES UN RECORTE DE “DERECHOS” DE LOS Y LAS CIUDADANAS
El PP intenta
“vender” la contrarreforma laboral como una fórmula para reducir políticos y
enchufados, pero lo que realmente pretende es desmantelar los servicios municipales
que atienden directamente a los ciudadanos en servicios sociales, empleo,
educación, etc.
En la práctica
supone que estos servicios que dejan de prestarse de forma inmediata a los y
las ciudadanas, deberán ser atendidos por otras administraciones, como la Junta de Andalucía o las
Diputaciones Provinciales, que no tiene capacidad ni estructura para llegar a
los 772 municipios de nuestra Comunidad Autónoma. Es decir, que los y las
vecinas pierden servicios ahora, que tardarán meses incluso años en recuperar o
que tal vez nunca recuperen mientras esté en vigor esa Ley.
LOS Y LAS SEVILLANAS YA ESTÁN EMPEZANDO A
PADECER SUS EFECTOS
Los efectos
perversos de la contrarreforma local del PP no es algo del futuro sino del
presente. Miles de aspirantes en desempleo a algunas de las plazas de las
escuelas taller, que forman y dan trabajo al mismo tiempo, no se pondrán en
marcha en Sevilla, ya que al aplazarla Zoido a enero de 2014, les afectan
directamente dicha norma de Rajoy.
Los Orienta,
servicios financiados por la
Junta de Andalucía que canalizaban a través de los
ayuntamientos, y que a miles de sevillanas y sevillanos les han ayudado a
mejorar en la búsqueda del siempre escaso empleo, tampoco se pondrán en marcha
por parte del ayuntamiento de Sevilla.
Los servicios
sociales municipales pueden verse cerrados en pocos meses ya que al no tratarse
de una competencia municipal en la
Ley de Régimen de Bases Locales, por lo que la Unidad de Trabajo Social
(UTS) de San Jerónimo podría ser cerrada.
EL PSOE Y EL RESTO DE PARTIDOS, UNIDOS
PARA PRESENTAR UN RECURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL
El PSOE y la
mayoría de los partidos de la oposición con representación parlamentaria, han
acordado sumar sus fuerzas en los ayuntamiento para hacer algo que nunca se ha
conseguido antes en España: que los ayuntamientos acudan al Tribunal
Constitucional para pedirle que paralice y anule la Ley de reforma de la Administración
Local.
En este acuerdo,
los distintos partidos políticos sumarán fuerza en los ayuntamientos para pedir
al Constitucional que paralice la reforma mediante un conflicto en defensa de
la autonomía local.
No es la primera
vez que se recurre una Ley al Tribunal Constitucional, pero sí será esta la
primera vez que lo hagan conjuntamente más de 3.500 ayuntamientos de toda
España, que representan a más de 15 millones de ciudadanos. Lo cual supera las
exigencias de la Ley
para que los Ayuntamientos puedan plantear este tipo de conflicto fijado en que
lo decidan expresamente y por mayoría absoluta un séptimo del total de los
Ayuntamientos que hay en España y que, además, supongan un sexto de la
población.
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