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SOCIALISTAS SEVILLANOS CONCENTRADOS CONTRA LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO DEL PP

Ayer socialistas sevillanas y sevillanos se concentraron, encabezados por su secretaria general, Verónica Pérez, delante de la Subdelegación del gobierno de la Nación en Sevilla, para pedir la retirada del proyecto de ley que devuelve a las mujeres a la época de la dictadura.

Para los socialistas, la reforma legal se articula en mentiras difundidas por las organizaciones más radicales de la derecha, la jerarquía católica y el Tea Party español.

Las menores pueden abortar sin informar a sus padres. Esta afirmación, no por muy repetida es cierta. De acuerdo con la Ley de salud sexual y reproductiva (mal llamada Ley del aborto) impulsada por el gobierno socialista y aprobada por las Cortes Generales establece, con carácter general, que las interrupciones realizadas a las jóvenes entre 16 y 18 años deberán ser comunicadas, al menos, a uno de los padres o tutores legales, como de hecho así ocurre en la inmensa mayoría de los casos.

Otra cosa es que para las víctimas de violencia intrafamiliar o temor fundado de sufrir algún tipo de presión ante la comunicación de embarazo, la Ley prevea una excepción, que sólo ha afectado a unas 500 menores. Si una hija teme decir la verdad a unos padres, el problema no es la ley sino las relaciones familiares insanas.

Otras de las mentiras difundidas por la derecha política, social y mediática, es que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas haya pedido a España que suprima de la legislación vigente el supuesto de malformación fetal. Lo que el Comité de la ONU recomienda es suprimir la distinción de plazos entre el general de 14 semanas, para interrumpir el embarazo, y el plazo de hasta las 22 semanas de gestación, cuando exista un “riesgo de graves anomalías en el feto”, lo que podría lograrse, por ejemplo, igualando ambos plazos.

Pero es que además, en ningún caso la Ley actual regula ningún supuesto que guarde relación con la discapacidad, ya que lo que establece es que se podrá abortar sin límite temporal cuando se trata de una “enfermedad extremadamente grave e incurable o una anomalía incompatible con la vida”. En estos dos últimos supuestos, se garantiza que sean mediante dictámenes médicos y, en el último supuesto, con la autorización de un comité clínico pluridisciplinar que estudie el caso concreto.

También se miente cuando se afirma que la Ley de 2010 no se ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional en lo referente a la protección del concebido y no nacido. La sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional estableció un criterio, respaldado por la jurisprudencia posterior, que es la necesidad de ponderar el valor no absoluto de la vida humana dependiente con otros valores, tampoco absolutos, pero vinculados con derechos constitucionales de la mujer a los que se reconoce primacía, como son los derechos a la vida y a la salud, a la integridad física y moral, a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.

Más sangrante todavía, es la mentira que la reforma del PP proteja la maternidad, ya que no se puede obligar a una mujer a ser madre cuando no quiere serlo, recortando al mismo tiempo derechos y recursos a la educación, la sanidad y la política social.

Pero el argumento estrella tanto de los radicales de derechas como los moderados, es que la Ley de 2010 rompió un supuesto consenso entorno a la Ley de 1985. Y nada más lejos de la verdad. 

La primera Ley que reguló el aborto legal en España (del año 1985) fue aprobada por un Gobierno socialista y votada en contra por el PP (entonces llamada Alianza Popular). Por tanto, sin consenso del PP. Y la Ley de plazos de 2010, aprobada también por un Gobierno socialista, tuvo el apoyo de 7 grupos parlamentarios : PSOE, PNV, ERC, BNG, IU, ICV y Nabai y algunos diputados de CiU (tuvieron libertad de voto).

Por todo ello, los y las socialistas sevillanas pidieron ayer tarde en la Torre Norte de la Plaza de España, durante la concentración ante la Subdelegación del gobierno de la Nación en Sevilla, la retirada del proyecto de Ley que no tiene ninguna demanda social y desarrolla plenamente los principios constitucionales de igualdad, libertad y justicia social.

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