Ayer
socialistas sevillanas y sevillanos se concentraron, encabezados por su
secretaria general, Verónica Pérez, delante de la Subdelegación del gobierno de
la Nación en Sevilla, para pedir la retirada del proyecto de ley que devuelve a
las mujeres a la época de la dictadura.
Para los
socialistas, la reforma legal se articula en mentiras difundidas por las
organizaciones más radicales de la derecha, la jerarquía católica y el Tea Party
español.
Las
menores pueden abortar sin informar a sus padres. Esta afirmación, no por muy
repetida es cierta. De acuerdo con la Ley de salud sexual y reproductiva (mal
llamada Ley del aborto) impulsada por el gobierno socialista y aprobada por las
Cortes Generales establece, con carácter general, que las interrupciones
realizadas a las jóvenes entre 16 y 18 años deberán ser comunicadas, al menos,
a uno de los padres o tutores legales, como de hecho así ocurre en la inmensa
mayoría de los casos.
Otra cosa es
que para las víctimas de violencia intrafamiliar o temor fundado de sufrir
algún tipo de presión ante la comunicación de embarazo, la Ley prevea una
excepción, que sólo ha afectado a unas 500 menores. Si una hija teme decir la
verdad a unos padres, el problema no es la ley sino las relaciones familiares
insanas.
Otras
de las mentiras difundidas por la derecha política, social y mediática, es que
el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas haya
pedido a España que suprima de la legislación vigente el supuesto de
malformación fetal. Lo que el Comité de la ONU recomienda es suprimir la
distinción de plazos entre el general de 14 semanas, para interrumpir el
embarazo, y el plazo de hasta las 22 semanas de gestación, cuando exista un “riesgo
de graves anomalías en el feto”, lo que podría lograrse, por ejemplo,
igualando ambos plazos.
Pero
es que además, en ningún caso la Ley actual regula ningún supuesto que guarde
relación con la discapacidad, ya que lo que establece es que se podrá abortar
sin límite temporal cuando se trata de una “enfermedad extremadamente grave
e incurable o una anomalía incompatible con la vida”. En estos dos últimos
supuestos, se garantiza que sean mediante dictámenes médicos y, en el último
supuesto, con la autorización de un comité clínico pluridisciplinar que estudie
el caso concreto.
También
se miente cuando se afirma que la Ley de 2010 no se ajusta a la doctrina del
Tribunal Constitucional en lo referente a la protección del concebido y no
nacido. La sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional estableció un criterio,
respaldado por la jurisprudencia posterior, que es la necesidad de ponderar el
valor no absoluto de la vida humana dependiente con otros valores, tampoco
absolutos, pero vinculados con derechos constitucionales de la mujer a los que
se reconoce primacía, como son los derechos a la vida y a la salud, a la
integridad física y moral, a la intimidad y al libre desarrollo de la
personalidad, entre otros.
Más
sangrante todavía, es la mentira que la reforma del PP proteja la maternidad,
ya que no se puede obligar a una mujer a ser madre cuando no quiere serlo,
recortando al mismo tiempo derechos y recursos a la educación, la sanidad y la
política social.
Pero
el argumento estrella tanto de los radicales de derechas como los moderados, es
que la Ley de 2010 rompió un supuesto consenso entorno a la Ley de 1985. Y nada
más lejos de la verdad.
La
primera Ley que reguló el aborto legal en España (del año 1985) fue aprobada
por un Gobierno socialista y votada en contra por el PP (entonces llamada
Alianza Popular). Por tanto, sin consenso del PP. Y la Ley de plazos de 2010,
aprobada también por un Gobierno socialista, tuvo el apoyo de 7 grupos
parlamentarios : PSOE, PNV, ERC, BNG, IU, ICV y Nabai y algunos diputados de
CiU (tuvieron libertad de voto).
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