LOS SOCIALISTAS SE COMPROMETEN A RECUPERAR Y AMPLIAR EL SENTIDO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

En un acto celebrado ayer tarde, el secretario general y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo una reunión con representantes de la comunidad educativa para presentar el documento que desgrana la propuesta para alcanzar un acuerdo educativo. En este documento (que puedes leer completo clikeando aquí), el PSOE se compromete a trabajar por un amplio acuerdo social y político por la educación. “Trabajaremos porque la próxima legislatura sea la legislatura del acuerdo de la reforma educativa”, ha señalado Sánchez.

El líder socialista presidió ayer tarde la reunión a la que asistieron representantes de organizaciones educativas, tanto de padres, docentes, directivos de centros y estudiantes. Por parte del PSOE asistió el secretario de Educación de la CEF, José Miguel Pérez; el portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid e integrante del grupo de expertos, Ángel Gabilondo; la secretaria de Educación del PSOE-M, Soraya Valcárcel, y el portavoz de educación en la Asamblea de Madrid, , Juanjo Moreno.

El secretario general de los socialistas señaló que “debemos trabajar para alcanzar un acuerdo que evite el uso partidista de la educación y otorgue la estabilidad suficiente para lograr los objetivos educativos más ambiciosos”. Entre esos objetivos, Pedro Sánchez destacó la universalización de la educación no obligatoria, la reducción de la tasa de abandono escolar y la mejora en las condiciones laborales de los docentes y en la atención a la diversidad.

Pedro Sánchez insistió en su compromiso de dejar atrás “una mala ley como la LOMCE, una ley aprobada en solitario y contra todos, una ley de partido y no una ley de Estado”.

Estos compromisos vienen recogidos en la declaración institucional que el líder del PSOE ha leído tras la reunión y que reproducimos a continuación:

“Gracias por acudir a la convocatoria de una reunión que, para mí y el conjunto de socialistas, tiene una importancia crucial. Lo dije en el último Comité Federal celebrado el pasado sábado: la educación es la gran apuesta como gobierno y como sociedad que aspiramos a liderar los socialistas a partir de las próximas elecciones generales.

El curso escolar que está a punto de comenzar coincide con el final de una legislatura política en la que muchos jóvenes se han visto obligados a abandonar sus estudios por los recortes en becas y las subidas de las tasas universitarias, decisiones todas políticas que tienen un responsable, el gobierno de Mariano Rajoy.

Esta coincidencia del inicio del curso y el final de la legislatura bien podría significar algo más: el próximo curso escolar puede ser el comienzo de un futuro diferente para la educación en España.

Seremos un gobierno que piense en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Por todo ello, nuestro compromiso será en la próxima legislatura ampliar la escolarización hasta universalizar la educación de 0 a 18 años, garantizando una oferta pública suficiente en todas las enseñanzas. Nuestro objetivo será también reducir el abandono escolar y también definir un suelo común de inversión en todo el Estado próximo al 5% del PIB.  

Este es el compromiso histórico que los socialistas ofrecemos a la sociedad española. Esta nueva tarea supone una visión ampliada y reforzada del derecho a la educación y, como tal, debe convertirse en el núcleo de un gran acuerdo social y político.

Seamos claros y, sobre todo, sinceros, la importancia del desafío lo requiere y el más elemental sentido de responsabilidad política lo exige. Las reformas legislativas aprobadas en los últimos años han dejado en la opinión pública la impresión cierta de que los partidos políticos hacemos un uso partidario de la educación. 

Solo se puede mejorar el sistema educativo a partir de la estabilidad. La estabilidad del marco legal, y la estabilidad presupuestaria. Ambas premisas no se han cumplido durante la presente legislatura, donde se han recortado los presupuestos hasta situar la inversión pública a la cola de las grandes economías europeas y la imposición de una ley, la LOMCE, contraria a la voluntad de la comunidad educativa y de la mayoría de fuerzas parlamentarias que representamos a buena parte de la ciudadanía española.

Esta situación debe acabar, a nadie le gusta esta forma de hacer política, y mucho menos a nosotros que, como hemos demostrado muchas veces, nos tomamos muy en serio la calidad de la educación. Por eso anuncio que desde este mismo momento, y si los españoles nos otorgan su confianza, el PSOE se compromete a trabajar por un amplio acuerdo social y político por la estabilidad, equidad y excelencia de nuestro sistema educativo. 

Y buscar el acuerdo no supone dejar de persistir en nuestros principios y valores, se trata de entender que hay entre esos valores intereses legítimos de una sociedad, de unos jóvenes, de un futuro que somos capaces de anteponer a todo lo demás.

Debemos trabajar para alcanzar un acuerdo que evite el uso partidista de la educación y otorgue al sistema educativo la estabilidad suficiente para lograr los objetivos más ambiciosos: universalizar la educación no obligatoria, aumentar las tasas de titulación en todas las enseñanzas, en especial la formación profesional, la asignatura pendiente en nuestro país, reducir la tasa de abandono escolar temprano, mejorar las condiciones de laborales y las herramientas pedagógicas de los maestros, mejorar la atención a la diversidad y ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas sin ningún tipo de discriminación ni de segregación.

Hemos de atender los valores educativos por encima de cualquier debate de carácter meramente instrumental, político o electoral.

Esa es la razón por la que los socialistas tenemos un firme compromiso con otros partidos políticos y con las organizaciones sociales y educativas más representativas para aprobar una nueva ley educativa, basada en el acuerdo con la comunidad educativa, que otorgue estabilidad, y deje atrás una mala ley como la LOMCE, una ley aprobada en solitario y contra todos, una ley de partido y no una ley de Estado.

Trabajaremos porque la próxima legislatura sea la legislatura del acuerdo de la reforma educativa.

Y sin embargo el acuerdo es posible, como lo demuestran algunas experiencias significativas: mientras nos enfrentábamos por la aprobación de la desdichada LOMCE, en Canarias la comunidad educativa alcanzaba un amplísimo acuerdo social respaldado en el Parlamento por una mayoría de fuerzas políticas. En Extremadura las  dos grandes fuerzas políticas aprobaron con su voto una ley de educación, asumiendo que era posible lograr algo que a nivel nacional parecía imposible. Recientemente tanto en Andalucía y Cataluña como en Euskadi se han debatido y, en algunos casos, aprobado leyes educativas respaldadas por una amplísima mayoría de la sociedad y de las fuerzas políticas. 

Estas experiencias demuestran que podemos y sabemos lograr acuerdos educativos sólidos. Sin ir más lejos, en nuestro país contamos con leyes educativas autonómicas que, pese a los cambios de gobierno, no han sido modificadas. 

Pero quiero añadir una razón más que me parece esencial: ninguno de los grandes retos que nos plantea la educación en el siglo XXI puede ser resuelto solamente por las administraciones públicas, aunque tengamos la obligación de colaborar y liderar su resolución. 

La Educación es un derecho de toda la sociedad; por tanto, es una tarea, un compromiso, una obligación de todos los que componemos la sociedad. No se educa sólo en horario escolar y ninguna ley del mundo cambiará el sistema educativo sin la participación de la comunidad educativa en su conjunto. Cambiará la ley, pero no la realidad.

Por eso es tan importante alcanzar objetivos consensuados. Y, entender esto, que la Educación es un derecho, es entender que toda la sociedad –los centros educativos, el alumnado, las familias, los profesores- tienen el derecho de velar, de intervenir, de participar, de organizarse y de asociarse para hacer valer ese bien público.

La experiencia vivida en esta legislatura debería ser suficiente para que tengamos muy en cuenta que no se puede hacer una reforma legislativa en contra de sus protagonistas.

De modo que la pregunta que todos debemos hacernos es la siguiente: ¿qué sentido tiene seguir disputando por lograr el sistema educativo que más nos gusta a cada uno de nosotros, cuando todos sabemos que el mejor sistema educativo es el que construimos entre todos?

Cada generación tiene asignada una tarea histórica. La nuestra, por lo que se refiere a la educación, es muy clara, necesitamos emprender cuatro tareas que son los cuatro grandes ejes del acuerdo que proponemos:

Alcanzar un nuevo consenso social que complete el reconocimiento del derecho a la educación que hace el artículo 27 de la Constitución.

Fijar los objetivos prioritarios de educación y formación para las dos próximas décadas.

Definir  los principios constitutivos y las características que debería tener la estructura básica del sistema educativo. 

Definir un proceso de participación social que complemente las aportaciones institucionales con otras de distintas entidades públicas o privadas, así como de personas individuales.

Sin el cumplimiento de estas condiciones, cualquier revisión legislativa destinada a ordenar el sistema educativo estará condenada al fracaso o, en su defecto, a ser modificada cada vez que cambie la mayoría de gobierno. Ni lo uno ni lo otro parece deseable porque nos alejaría de la superación de los retos que deben centrar nuestra atención.

Estamos viviendo momentos muy difíciles, el sufrimiento provocado por la crisis económica, ha venido a recordarnos lo esencial de la política, algo que nunca deberíamos olvidar: que cuando las personas se ven privadas de sus derechos corren el riesgo de perder su dignidad. Los derechos son barreras frente a la adversidad que los responsables públicos tenemos la obligación de preservar. Así lo reconoce nuestra Constitución otorgando a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho a la educación.

Nada ni nadie ha hecho más por la igualdad social que la educación. Y nada excluye más que ser excluido del conocimiento. Es necesario ordenar el sistema educativo para permitir que cualquier persona pueda disponer de una educación asequible, accesible, adaptada y aceptable.

Es necesario dotar de recursos suficientes al sistema educativo.

La tarea que tenemos por delante es de esas que marcan a una generación política, hacemos frente a grandes retos mientras ponemos las bases de nuestro mañana. Y es verdad que solo la educación no resolverá todos nuestros problemas, pero no hay solución a esos problemas que no pase por el fortalecimiento de la educación.

              

Esa es mi convicción y ese es el sentido del acuerdo social y político que proponemos”.