Desde 2008
la CSI ha venido organizando el 7 de octubre la Jornada Mundial por el Trabajo Decente (JMTD). Es una jornada de movilizaciones en el mundo entero: un día en
que todos los sindicatos del mundo se unen para promover el trabajo decente. El
trabajo decente ha de figurar en el centro de las acciones de los Gobiernos
para recuperar el crecimiento económico y construir una nueva economía global
que sitúe a las personas en primer término.
Dado que la
crisis económica mundial sigue afectando mucho a los trabajadores y
trabajadoras de todas partes del planeta, los sindicatos van a organizar de
nuevo este 7 de octubre toda una serie de movilizaciones, eventos y actividades
a escala mundial para reclamar empleos decentes y el pleno respeto de los
derechos de los trabajadores y trabajadoras.
La
Agrupación Local “José Galán Merino” del PSOE de San Jerónimo se une a esta
Jornada, y publica el Manifiesto elaborado por CCOO y UGT.
MANIFIESTO
Este año la
Jornada Mundial del Trabajo Decente, que celebramos el 7 de octubre, se
desarrolla bajo el lema: “Stop a la avaricia empresarial. Precariedad y bajos
salarios es igual a más desigualdad y más pobreza”. El movimiento sindical
internacional denuncia, en esta convocatoria, la permisividad de los gobiernos
ante los abusos empresariales que buscan conseguir beneficios rápidos, a costa
de los derechos laborales y sociales. De esta forma se están configurando
mercados de trabajo cada vez más desregulados, donde campan la precariedad y
los bajos salarios, y, como consecuencia, se están disparando los niveles de
desigualdad y pobreza.
En nuestro
país, ejemplo de una malentendida austeridad impulsada en la eurozona como
receta para salir de la crisis, ha sido el propio Gobierno, a través de una
reforma del mercado de trabajo impuesta, el que ha desequilibrado las
relaciones laborales a favor de los empresarios y el que ha degradado las
condiciones de trabajo. El desempleo atenaza a más de 4 millones de personas,
más de un 25% de los asalariados son temporales, cada vez son más los
trabajadores que tienen un contrato a tiempo parcial (1,8 millones de ocupados)
los salarios han bajado más de 7 puntos desde 2011 y continúa el alarmante
incremento de los parados de larga duración (3,2 millones de personas buscan
trabajo desde hace más de un año y 2,3 millones desde hace más de dos años), la
mitad de los cuales no cobra ya ninguna prestación.
Estos datos
son un reflejo de lo que revelan distintos informes: que España es uno de los
países de la UE donde más han crecido las desigualdades en estos años de
crisis. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado diseñados por el
Gobierno para 2016 insisten en las mismas políticas, pese a que la generación
de empleo de calidad y la reducción de las situaciones de pobreza deberían ser
las prioridades indiscutibles de la misma. Crecer a cualquier precio no es la
receta para consolidar un crecimiento sostenible. Es necesario un cambio de
rumbo hacia una recuperación sostenible que fomente una redistribución justa de
la riqueza.
Sólo así
será posible consolidar una salida duradera de la crisis, que repercuta en una
paulatina mejora de bienestar de todas las personas, y en especial de aquellas
que peor lo están pasando.
UGT y CCOO, con motivo de esta Jornada Mundial
por el Trabajo Decente, exigimos:
Situar a las
personas en el centro de las políticas. Esto implica apostar por empleos de
calidad, con derechos y salarios dignos.
Revertir las
últimas reformas laborales, en especial la de 2012 y sus sucesivos desarrollos,
que han institucionalizado la precariedad en las relaciones laborales.
Fortalecer
el sistema de prestaciones por desempleo, incorporando simultáneamente una prestación
de ingresos mínimos tal y como hemos planteado UGT y CCOO a través de una
Iniciativa Legislativa Popular.
Reformar el
sistema de políticas activas de empleo, como un Servicio Público de Empleo
reforzado financiera, humana y tecnológicamente como institución central y
garante del sistema.
Mejorar las
redes de protección social garantizando un Estado de bienestar en el que se
recupere la universalidad de la sanidad y la educación y se garantice el poder
adquisitivo a los pensionistas.
Recuperar
derechos ciudadanos en todos los ámbitos en los que se han recortado.
Retirar la
reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal y del artículo
315.3 del mismo.
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