PEDRO SÁNCHEZ IMPULSARÁ DE NUEVO UNA VERDADERA POLÍTICA CIENTÍFICA PARA ESPAÑA

Durante treinta años nuestro país logró desarrollar un sistema de Ciencia y Tecnología que ha alcanzado un notable nivel de calidad y reconocimiento internacional, especialmente durante los gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero tras la victoria del PP en 2011 la inversión en I+D ha retrocedido brutalmente y se han limitado radicalmente las oportunidades de trabajo y la creación de riqueza para España.

En España, los avances en política científica producidos desde la llegada de la democracia, y que alcanzó su cénit en el segundo gobierno de Rodríguez Zapatero cuando en 2011 se impulsó la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se aprobó con un amplio consenso político y social.

Pero la llegada de Mariano Rajoy al gobierno tras la victoria absoluta del PP en 2011, se revertió este proceso. Durante esta legislatura que ahora acaba, la inversión en España en I+D ha retrocedido y se han limitado radicalmente las oportunidades de trabajo para nuestro personal de investigación.

Para el PSOE la defensa de la ciencia y la investigación es fundamental, porque necesitamos retomar la senda de la modernización hacia la nueva economía, bajo criterios de competitividad y sostenibilidad.

Porque la ciencia, la tecnología y la innovación deben situarse de nuevo como factores esenciales que contribuyan a la riqueza y el bienestar de la sociedad.

La batería de compromisos que en materia de ciencia e investigación el PSOE somete a los y las españolas el próximo 20 de diciembre son los siguientes:

Promoveremos un amplio acuerdo social y político en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación.

Vamos a trabajar por un amplio acuerdo social y político que permita alcanzar el máximo consenso en torno a las políticas de ciencia, tecnología e innovación partiendo del Acuerdo Parlamentario por la Ciencia que firmamos en 2013.

Duplicaremos la inversión pública no financiera en I+D+i civil.

Duplicaremos la inversión pública no financiera en I+D+i civil (aquella que no corresponde a préstamos) en la legislatura, ajustando la inversión dedicada a operaciones financieras a las necesidades y capacidad real de absorción por empresas e instituciones.

Al final de la legislatura los recursos destinados a operaciones no financieras alcanzarán como mínimo el 50% de la inversión pública total, y ésta representará al menos el 2,5% del gasto público en los Presupuestos Generales del Estado.

Alcanzar una inversión total del 3% del PIB en I+D+i.

Restableceremos como objetivo estratégico el horizonte europeo de alcanzar una inversión total, pública y privada, del 3% del PIB en I+D+i.

Que la inversión en I+D+i no compute como déficit público.

Defenderemos en las instituciones europeas la aplicación de la "regla de oro" que permite que las inversiones en ciencia, tecnología e innovación no computen como gastos en el cálculo del déficit público.

Garantizaremos la suficiencia y regularidad de las convocatorias.

Nos comprometemos a garantizar la suficiencia y regularidad de las convocatorias de proyectos de investigación y de recursos humanos, ampliando la dotación del Fondo Nacional y haciendo que para la concesión de los proyectos se valore el rendimiento y el grado de consecución de los objetivos a priori y a posteriori.

Revisaremos y simplificaremos los procedimientos administrativos.

Revisar y simplificar los procedimientos administrativos que se siguen en materia de investigación, desarrollo e innovación, aligerando los trámites burocráticos que ha de realizar el personal investigador.

Plan de recuperación y consolidación del talento científico.

Vamos a promover un Plan Especial para la recuperación, incorporación y consolidación del talento científico que permita recuperar a 10.000 jóvenes investigadores en cuatro años, en colaboración con las comunidades autónomas, las universidades y los organismos públicos de investigación.

Fomentaremos la interacción y la movilidad de personal.

Fomentar la interacción y la movilidad de personal entre todos los agentes del sistema (universidades, organismos públicos de investigación, empresas e instituciones), eliminando barreras normativas y procedimentales.

Crearemos la Agencia Estatal de Investigación en el plazo máximo de seis meses.

Nos comprometemos a crear la Agencia Estatal de Investigación en un plazo máximo de seis meses y contando con la comunidad científica. Un organismo que se regirá por criterios estrictamente científicos.