EL AYUNTAMIENTO INCLUIRÁ CLÁUSULAS SOCIALES EN SUS LICITACIONES PARA QUE UN PORCENTAJE SEAN TRABAJADORES DE LA ZONA
La
Delegación de Empleo organiza unas jornadas de economía social donde se aborda
la cuestión de los pliegos con cláusulas sociales
Los expertos
creen que existe legislación suficiente para cambiar los pliegos y el Gobierno
local tiene voluntad de hacerlo
Expertos
y representantes del Ayuntamiento de Sevilla y de varias administraciones
públicas han debatido esta semana sobre las
posibilidades de incluir cláusulas sociales en los pliegos de contratos
públicos y han asegurado que existe legislación suficiente para hacerlo
posible y exigir que las empresas adjudicatarias cuenten con mano de obra
disponible del entorno más inmediato y sean sensibles, por tanto, a sus
dificultades de inserción laboral.
En
unas jornadas sobre economía social celebradas en el CREA (Centro de Recursos
Empresariales Avanzados de Sevilla), la Delegación de Empleo y Bienestar Social
ha congregado tanto a personal propio como a representantes empresariales
(CES), de la economía social (CEPES) y de los distintos distritos y centros
cívicos de la ciudad para abordar esta cuestión, unas jornadas en las que han
participado su titular, Juan Manuel Flores, y el delegado de Hacienda y
Administración Pública, Joaquín Castillo, y a las que han asistido el alcalde,
Juan Espadas, y Carmen Castreño, su delegada de Economía y Relaciones
Institucionales.
De
esta forma, se ha querido evidenciar que en
el gobierno local existe la firme voluntad de cambiar los pliegos de
contratación pública del Ayuntamiento para que incluyan cláusulas sociales
que tengan en cuenta la coyuntura económica y laboral de los barrios y del
conjunto de la ciudad. Según ha comentado Espadas, con ayuda de expertos y
juristas se pretende que los pliegos
incorporen criterios obligatorios para que “un
determinado porcentaje” de los trabajadores contratados sean de la zona,
sin, por supuesto, restar profesionalidad a la adjudicación y las obras.
Durante
estas jornadas técnicas ha salido a relucir que las ofertas temerarias (muy a
la baja) en los concursos públicos no deben ser el único criterio de
adjudicación pues generan problemas posteriores, como reformados de obras que
alargan los plazos o las empresas que encuentran dificultades para iniciar los
trabajos porque quedan encorsetadas por precios de ejecución ajenos a la
realidad del mercado. Como así ha pasado
en algunos proyectos anteriores en la ciudad de Sevilla, donde en su día,
cuando se licitaron, se comentó a los vecinos que tendrían prioridad en la
asignación de los empleos, pero al final no fue posible porque los pliegos
no lo contemplaban y la decisión dependía, pues, de la buena voluntad de una
empresa, que ahora además tiene problemas para iniciar la intervención.
En
las jornadas, asimismo, los
representantes del Ayuntamiento de Sevilla, quienes han manifestado la
intención de “innovar” en esos pliegos de contratación para que los
contratos con presupuesto público municipal contribuyan a generar empleo y a la
inserción laboral de personas con especiales dificultades (sea por
discapacidades o por desempleo de larga duración), han constatado la existencia de una abundante legislación que
permitiría las cláusulas sociales.
Y
esta legislación emana tanto de la Unión Europea (Directiva 2014/24 de
Cláusulas Sociales) como del Gobierno español (Ley 30/2007 de 30 de octubre de
Contratos del Sector Público y Ley 40/2015 de 1 de octubre del Régimen Jurídico
del Sector Público) y de la Junta de Andalucía (como la Ley 14/2011 de 23 de
diciembre sobre Sociedades Cooperativas), además de dictámenes del Consejo
Económicos y Social de Andalucía y del Consejo Consultivo de Andalucía que
refuerzan la conveniencia de utilizar los contratos públicos para facilitar la
inserción social y laboral.
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