El Pleno celebrado
esta semana dio luz verde a la adhesión de Sevilla al ‘Llamamiento a las
ciudades a favor de la Economía Circular’ y acordóo la prórroga de la
suspensión, por un nuevo año, del
cómputo del plazo para el cumplimiento del deber de edificar en determinadas
parcelas y solares de suelo urbano consolidado.
El órgano
municipal también aprobó la Ordenanza de Transparencia y Acceso a la Información
del Ayuntamiento de Sevilla, que pretende avanzar en la apertura del
Consistorio y todos sus organismos a todos los ciudadanos a través del libre
acceso a la información pública.
El
pleno municipal de esta semana aprobó la adhesión de Sevilla al ‘Llamamiento a las ciudades a favor de la
Economía Circular’. Ciudades como Ámsterdam, Bruselas, Lisboa, Londres,
Milán o Roma ya han firmado la petición.
Esta
iniciativa, impulsada por la Fundación para la Economía Circular, implica que
los ayuntamiento europeos se comprometan a continuar con sus esfuerzos de
reducir los impactos ambientales, climáticos y sobre la salud de sus modelos de
desarrollo; desarrollar políticas concretas y ambiciosas a favor de la economía
circular mediante objetivos enfocados a conseguir el vertido cero, el reciclaje
(especialmente de biorresiduos), la reducción de los desechos (especialmente de
alimentos), ecodiseño, preparación para la reutilización y el reciclaje…; fomentar
la concienciación y sensibilización de la ciudadanía; incentivar la cooperación
y compartir experiencias de éxito con otras ciudades, en el marco de
estrategias a largo plazo basadas en la cooperación académica; y subrayar las
consecuencias que un cambio de modelo hacia una economía circular supondría en
términos de emisiones de gases de efecto invernadero.
Por
otro lado, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó también el proyecto de ‘Ordenanza de Transparencia y Acceso a la
Información del Ayuntamiento de Sevilla’, que pretende incrementar la
apertura del Consistorio y todos sus organismos y entidades a los ciudadanos a
través del libre acceso a la información pública. El alcalde de Sevilla, Juan
Espadas, destacó la importancia de esta medida, con la que el consistorio
hispalense “cumple con la obligación legal”
y avanza en el “compromiso” del
Gobierno local con la transparencia.
La
delegada de Relaciones Institucionales,
Economía y Comercio, Carmen Castreño, fue la encargada de explicar en qué
consistirá esta nueva ordenanza municipal. “No
cabe duda que la relación con los ciudadanos mejora en genera el clima social
cuando las administraciones públicas nos hacemos más transparentes. No es que
no lo estemos ahora, pero la vamos a organizar e incrementarla, no solo para el
propio Ayuntamiento como tal, sino para todas las empresas que tiene la
administración local, inclusive empresas, ciudadanos y asociaciones que reciben
subvenciones por importe superior a 100.000 euros”, señaló Castreño.
Esta
ordenanza entra ahora en fase de alegaciones con carácter previo a su
aprobación definitiva que volverá a pasar por el pleno.
Castreño
indicó algunos de los datos que se podrán obtener en los medios electrónicos
del Consistorio y sus organismos y empresas municipales y fundaciones, así como
de las entidades privadas que reciban subvenciones públicas del Ayuntamiento de
Sevilla en una cuantía superior a los 100.000 euros o cuando sus ingresos
procedan en más de un 40 por ciento de recursos del Ayuntamiento.
En
concreto, la información pública atañe a la composición de los órganos
municipales y empresariales; la identificación de los cargos, con sus
retribuciones, declaraciones de bienes e indemnizaciones por ceses; la
legislación municipal en vigor y el estado de las normas que se encuentren en
tramitación; la grabación de las sesiones plenarias y su difusión en internet y
en directo; los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, su orden del día y los
informes que justifiquen las decisiones; las licitaciones, las contrataciones y
los adjudicatarios y la relación de proveedores; la legislación urbanística al
completo, con sus planes especiales y convenios urbanísticos; las subvenciones
y ayudas públicas concedidas, con indicación de su importe y beneficiarios
concretos, con los límites descritos; los detalles de los presupuestos,
ejecución presupuestaria, información financiera y de inversión; la masa
salarial de la plantilla; los planes estratégicos, o los datos sobre el medio
ambiente.
Toda
esta información partirá del Ayuntamiento y de sus organismos y entidades, pero
éstos también podrán reclamar detalles a quienes sean adjudicatarios de sus
contratos o realicen servicios públicos por delegación municipal, y con la
única restricción de la privacidad de las personas, según establece la
legislación sobre protección de datos personales.
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