EL ÚNICO GRAN PROYECTO DE ZOIDO, EL CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA, ESTÁ PARALIZADO EN MADRID POR LA REFORMA LOCAL
El
portavoz socialista, Juan Espadas, advierte que con la nueva ley que ha
aprobado el PP se tienen que suprimir de forma inmediata los servicios de
Empleo y de Consumo, y progresivamente los Servicios sociales. Además, quedan
en el aire el futuro de Emvisesa, de Aussa y proyectos como el anunciado
Consorcio de la Zona
Franca.
“Sevilla
ha perdido más de 3.000 habitantes y tiene 12.000 desempleados más por la
parálisis, el retroceso y un modelo de gobierno que se dedica a contemplar en
vez de a intervenir en la realidad. Y la situación va a empeorar con la nueva
reforma legal que va a desmantelar el Ayuntamiento y que Zoido quiere ocultar”,
explicó Juan Espadas quien reclamó una comparecencia urgente del alcalde ante
el Pleno.
El
portavoz socialista, Juan Espadas, ha analizado hoy el inicio de un año que
empieza marcado por “la caída de las cifras de población, los más de 88.000
desempleados, la paralización de las políticas de VPO y viviendas sociales una
vez concluidos los proyectos del anterior mandato, y las consecuencias de la
entrada en vigor de la nueva ley de Rajoy de reforma de la administración
local”. Así, el portavoz socialista ha reclamado a Zoido “medidas urgentes”
para incrementar el censo, ante la inminente caída por debajo de los 700.000
habitantes y para reactivar la economía, así como una respuesta ante el Pleno
ante los numerosos interrogantes que genera la nueva ley de reforma local que
implica que “el Ayuntamiento será desmantelado progresivamente”.
El
año 2014 arranca con la entrada en vigor de la ley de reforma de la
administración local del Gobierno de Mariano Rajoy que afecta a “servicios
públicos esenciales” y a más de mil trabajadores en el Ayuntamiento. Como
consecuencias inmediatas desaparece la posibilidad de ejercer competencias en
materia de Consumo, de Igualdad de Género y, sobre todo, de Empleo. Además,
todos los programas cofinanciados con otras administraciones tienen como fecha
de caducidad el 31 de diciembre de 2014, lo que afecta a iniciativas como el
Redes, las escuelas taller o el programas Zonas de Transformación Social. “Es
incomprensible que Zoido no dé explicaciones y que siga sin hacer público cómo
va a afrontar esta reforma legal ante la que ni siquiera ha querido
posicionarse públicamente. Pretende ocultarlo e ir aplicando progresivamente
sus medidas. Pero no lo vamos a permitir. Queremos que comparezca ante el
Pleno, sea a través de una moción o a través de una convocatoria extraordinaria
para aclarar qué va a ocurrir con esos servicios y con esos puestos de
trabajo”, apuntó Espadas.
Le
nueva reforma legal, además, establece un periodo de cinco años para que los
servicios de Salud que ahora mismo se prestan en el Ayuntamiento pasen a la Junta de Andalucía y de dos
años, hasta diciembre de 2015, para que ocurra lo mismo con los Servicios
Sociales. “Hasta ahora la Junta
aportaba la mayor parte de esos programas y el Ayuntamiento establecía un fondo
complementario. Con esta ley, que Zoido ha avalado como presidente del PP-A,
los ayuntamientos dejan de aportar su parte, y evidentemente esto va a suponer
una merma de los servicios”.
Espadas,
quien subrayó que el PSOE ya ha anunciado un recurso contra esta reforma legal,
incidió en que las limitaciones existentes para las empresas y organismos
autónomos sitúa en una difícil posición a corto plazo a Emvisesa y a Aussa,
mientras que para Tussam y Lipasam la reestructuración se aplaza hasta
diciembre de 2016. Asimismo, según la nueva ley, el Ayuntamiento, con un plan
de ajuste en vigor, no puede constituir el nuevo Consorcio de la Zona Franca. “El PP
ha aprobado una ley que prohíbe a un ayuntamiento con un plan de ajuste crear
un nuevo consorcio y al mismo tiempo está intentando crearlo. Con la ley en la
mano ahora no es posible y por eso el proyecto lleva meses parado en la mesa
del Ministerio de Hacienda”, apuntó Espadas.
Por último, el portavoz socialista, reclamó a Zoido que
aclare “de forma inmediata” cuál es la situación económica real del
Ayuntamiento en cuanto a la estabilidad, al cumplimiento del techo de gasto y
al periodo máximo de pago a proveedores. “Si no se cumplen estos objetivos, y
en el último Pleno de presentación de presupuestos se incorporaron al
expediente informes del interventor que apuntaban en sentido contrario, nos
encontraremos ante un grave problema en el Ayuntamiento. Se tendrá que aprobar
un plan económico-financiero que conlleve medidas como suprimir cualquier
posibilidad de acceder a competencias delegadas o suprimir empresas y
organismos autónomos”, concluyó el portavoz socialista.
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