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SUSANA DÍAZ: DEBEMOS DARLES CONFIANZA A LA CIUDADANÍA, EN VEZ DE PEDIRLES CONFIANZA.

Hoy ofrecemos en este post la intervención de Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, ofrecida ayer en el Parlamento de Andalucía, donde daba cuenta de las gestiones realizadas en cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el debate de investidura, entre ellos el de compadecer semestralmente para un debate con los grupos del Parlamento sobre Andalucía.

Así destacó los cumplimientos en transparencia y lucha contra la corrupción, a la vez que ofreció al PP, en nombre del gobierno PSOE-IU, pactos en seis materias.

El pasado 4 de septiembre, en la primera jornada de mi sesión de investidura como Presidenta de la Junta de Andalucía, me comprometí a celebrar, con carácter semestral, un debate con los grupos de la Cámara sobre la situación de Andalucía. Se trataba de añadir a la comparecencia general que anualmente ya tiene lugar, la del Estado de la Comunidad, un nuevo debate.

El objetivo de aquel compromiso no era otro que acercar la política a los ciudadanos, muchos de los cuales se sienten alejados, profundamente alejados, de quienes democráticamente les representamos.

Como tuve oportunidad de decir en aquella sesión, y reitero hoy, el desprestigio de la política mina la credibilidad de las instituciones y peor aún, socava los fundamentos de la democracia. Es tarea de todos combatir esa desafección y hacerlo con hechos, no sólo con palabras.

Comparezco hoy, pues, en cumplimiento de la palabra dada. Cumplir los compromisos no es algo que un responsable público pueda dejar al albur de su conveniencia política.

En mi opinión, tres son los factores que explican la desafección política: de un lado, la falta de respuestas que la política da a los cada vez más graves problemas de los ciudadanos. De otro, el incumplimiento sistemático de las promesas y, por último pero no menos importante, los casos de corrupción y falta de ejemplaridad.

Señorías, los ciudadanos no se han acostumbrado, ni lo harán jamás, a que donde se ha dicho blanco se haga negro. A que se suba lo que se prometió bajar. A que se desmantele lo que se juró proteger. A que en vez de avanzar se retroceda y a que utilicemos la realidad como una excusa para olvidar lo que una vez se prometió tal vez con el único fin u objetivo de arañar un puñado de votos.

Lo diré claramente: por ese camino nos cargaremos la democracia, por ese camino desandaremos lo avanzado en todos estos años de libertad y haremos un flaco favor a Andalucía y a España.

Señorías, podré errar en mi gestión y asumiré, si llega el caso, las responsabilidades que correspondan. Pero nunca eludiré la rendición de cuentas. Eso es lo que quieren los ciudadanos y de ninguna manera debemos defraudarlos.

Por eso estoy aquí, para rendir cuentas y, lo que es más importante, para cumplir lo que prometí. Promesas que incluí en mi investidura gracias a que logré la confianza de esta Cámara y que responden a un programa de Gobierno sustentado por dos fuerzas políticas, PSOE e Izquierda Unida, que responden a la amplia mayoría progresista y de izquierdas que existe en Andalucía.

Señorías, a ese objetivo de que los ciudadanos vean y sientan que les representamos con limpieza y honestidad he dedicado buena parte de los esfuerzos míos y de mi gobierno a lo largo de estos solo 137 días que llevamos al frente de la Junta de Andalucía.

En efecto, Señorías, me comprometí a hacer pública la declaración de las rentas y bienes de todos los miembros del Consejo de Gobierno, y de sus parejas. Y lo he cumplido.

Me comprometí a publicar con anterioridad a su celebración el orden del día de los Consejos de Gobierno y que a él pudiera acceder cualquier ciudadano simplemente con hacer clic en su ordenador. Y lo he cumplido.

Me comprometí a recabar de la Intervención General de la Junta de Andalucía los criterios para el mejor control de las transferencias de financiación. Y lo he cumplido, elevando, además, dichos criterios a rango de ley, lo que en la práctica impedirá que se pueda reproducir un bochornoso caso de corrupción como el de los ERE.

Me comprometí a que mi Gobierno redactaría un proyecto de Ley de Transparencia. Lo he cumplido: dicho proyecto de Ley está pasando ya su último trámite preceptivo y se remitirá a esta Cámara a comienzos del próximo mes de febrero.

Una Ley, señorías, que parte de un principio claro: los ciudadanos tienen derecho a recibir toda la información de todo aquello que se pague con dinero público. Y deben tenerla a su disposición de modo sencillo y ágil, sin necesidad de engorrosos trámites ni largas esperas.

Una Ley que, por cierto, va varios pasos por delante de la ley nacional, va a obligar a rendir cuentas no sólo a las administraciones y empresas públicas, sino a todas aquellas organizaciones que se financian con dinero público. Así lo establece, taxativamente, el artículo 5 de dicha Ley.

Me refiero a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, pero no sólo. También, con carácter general, a todas las entidades privadas que reciben fondos de la Administración, sin importar su cuantía, incluidas las que participen en la gestión de servicios públicos a través de conciertos.

Nuestro compromiso se extiende a que los órganos de gobierno de los ayuntamientos y diputaciones tengan la obligación, como ya hace este Gobierno, de hacer públicos sus órdenes del día, acuerdos y expedientes.

Señorías, los ciudadanos nos exigen, con toda la razón, que ser transparentes no sea una opción, sino una obligación que tenemos quienes gestionamos unos recursos públicos.

El compromiso de mi Gobierno con la ejemplaridad y la limpieza en la vida pública es firme y sin ambages.

Por ello me comprometí a ser implacable en la lucha contra la corrupción, combatiéndola en todos los frentes. Creo cabalmente que así lo estoy haciendo, sin paños calientes, sin titubeos y con la determinación que la sociedad exige ante estos casos.

Dije que trabajaría intensamente para que hasta el último euro de dinero público que se haya podido utilizar indebidamente fuera recuperado, y así lo estamos haciendo.

Lo hacemos respetando, como es lógico, los procedimientos legales, empleando aquello que el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía entiende que son instrumentos adecuados.

Igualmente me comprometí a una modificación legal para ampliar y reforzar las competencias de la Cámara de Cuentas. Dicho y hecho: antes de un mes a contar desde el día de hoy el Gobierno andaluz dará luz verde al inicio de tramitación de dicha reforma legal.

También, señoras y señores diputados, propuse a esta Cámara impulsar un pacto amplio, profundo, ambicioso y sincero para la regeneración política en nuestro país.

Y con sinceridad tengo que reconocerles mi estupor ante el hecho de que el presidente del Gobierno, a quien tuve la oportunidad de realizar este ofrecimiento en el encuentro que celebramos en el Palacio de la Moncloa, se haya limitado a dar la callada por respuesta.

Señorías, prometí gobernar con las ventanas abiertas y también con la mano tendida. Hoy ofreceré al principal grupo de la oposición, al que quisiera recordarle que fue el partido más votado en las pasadas elecciones, una serie de acuerdos o pactos para Andalucía.

Este, sin duda, es el primero de ellos. Me pregunto si los políticos honrados, que somos la inmensa mayoría, no podríamos dar, y de una vez por todas, un buen ejemplo a la ciudadanía. Darles confianza en vez de pedirles confianza.

He relatado todas las medidas que en este terreno hemos puesto y pensamos poner en marcha en la Junta de Andalucía. Estoy dispuesta a más, a todo lo que acordemos con la oposición. Sin condiciones, aunque con una lógica premisa: que las medidas de control y transparencia que aprobemos sean de obligado cumplimiento en todas las instituciones gobernadas por las fuerzas que suscriban el acuerdo.

Si alcanzáramos este compromiso y lo cumpliéramos, bien podríamos decir que estaríamos acabando con lo que los ciudadanos llaman la ley del embudo en materia de corrupción, que tanto daño está haciendo a nuestras instituciones.

Señoras y señores diputados, la política de mano tendida a la que acabo de hacer referencia me ha llevado a ir dando cumplimiento a otro compromiso de mi investidura: reunirme con los alcaldes de las principales ciudades de Andalucía.

En estos meses pasados me he esforzado por impulsar el diálogo con los ayuntamientos andaluces y en llegar a acuerdos en asuntos de interés para la ciudadanía.

Buena muestra de ello es el acuerdo para la viabilidad económica y social del Metro de Málaga, que asegura su finalización, así como el desbloqueo de la financiación del Metro de Granada.

Además de con los de estas dos ciudades, me he reunido con los alcaldes de Almería, Huelva y Córdoba, en una demostración palpable de que mi voluntad y apuesta por la lealtad institucional es también decidida e irreversible.

La lealtad, obviamente, ha de ser recíproca y extenderse a todos los niveles.

Para robustecer la posición de Andalucía, para que los intereses de Andalucía sean tenidos en cuenta, necesitamos de esa lealtad institucional. Para eso, propongo al Partido Popular que alcancemos, con luz y taquígrafos, una serie de acuerdos sobre aspectos esenciales para el futuro inmediato de nuestra comunidad, que paso a detallar a continuación.

Señorías, como saben Andalucía recibirá en el marco 2014-2020 un total de 9.357 M€, lo que supone un 22 por ciento menos de lo recibido en 2007-2013.

Propongo a la oposición un acuerdo con tres objetivos:

- Lograr recursos adicionales provenientes de los programas de Cooperación Territorial.
- Garantizar que, gobierne quien gobierne, en el año 2016 se asignará a Andalucía, en aplicación de la Cláusula de Revisión, una cantidad entre 1.200 y 1.500 millones de euros.
- Lograr que el Estado cumpla el principio de adicionalidad de la política de cohesión, de manera que los fondos estructurales se sumen y no sustituyan a la inversión que corresponda a Andalucía.

Señoras y señores diputados, también debemos reforzar la posición de Andalucía ante los desastrosos resultados de la negociación de la PAC. Pensaba que hoy no tendría que hacer esta manifestación. Unos resultados, lo digo con total claridad, absolutamente inaceptables pues al campo andaluz le van a quitar 418 millones de euros en los próximos siete años, entre ayudas directas y fondos FEADER. Algo que perjudica a más de 280.000 agricultores andaluces.

Inaceptable, señorías, y pido que todas las fuerzas de esta Cámara se sumen al rechazo de todo el sector, con cuyos representantes voy a reunirme el próximo viernes.

Señorías, en apenas una semana viajaré a Bruselas para reunirme con el presidente de la Comisión Europea, el señor Durao Barroso. La voz de Andalucía debe oírse en la capital comunitaria fuerte y clara. Son muchos los intereses de nuestra tierra a tratar allí.

Algunos los acabo de citar, con la paradoja de que aunque aumentan los fondos que recibe nuestro país, descienden en nuestra tierra los que llegan, y otros como la conexión del Corredor Mediterráneo con Algeciras son fundamentales para que nuestros productos sean competitivos también desde el punto de vista logístico. Me gustaría, lo pido expresamente también, que la presidenta de la Junta de Andalucía tuviera el respaldo de toda la Cámara en esta reivindicación.
Menos urgente pero no menos importante es la próxima reforma del sistema de financiación autonómica. Andalucía y todos y cada uno de sus ciudadanos se juegan mucho en este envite, tanto como sus derechos, la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, la igualdad y hasta la autonomía efectiva de nuestra comunidad.

Todo eso, digámoslo claro, está en peligro y todo eso debiera merecer un esfuerzo de consenso entre todos los grupos de esta Cámara; el Gobierno de Andalucía y la oposición. No sólo para defender la posición de nuestra tierra sino para defender una idea cabal de España, donde no quepan privilegios ni desigualdades.

Una simple referencia a la aplicación del modelo actual nos da idea de la magnitud del problema. En los tres primeros años del sistema de financiación vigente (2009, 2010 y 2011), de los que ya existen datos cerrados, Andalucía ha recibido ingresos notablemente por debajo de la media española.

De haber recibido lo que en simple justicia nos correspondía, hubiéramos ingresado un total 2.821 millones de euros más en tan solo tres años. Mucho dinero con el que se podrían haber hecho muchas cosas.

Corremos el riesgo de que se consolide en el propio sistema de financiación una brecha que cada vez genere más y más desigualdades entre los distintos territorios. Eso es algo malo para Andalucía, pero es malo también para la idea de España unida y solidaria que todos compartimos.

Al mismo tiempo, señoras y señores diputados, está en peligro, cada vez más en peligro, la suficiencia financiera de los servicios públicos esenciales.

Es decir, si Andalucía no sale bien librada en la financiación autonómica, lo que va a suceder es que se va a deteriorar, y hacerlo de manera grave, la calidad de vida de los andaluces y andaluzas: la calidad de su educación, de su sanidad y de todos los servicios.

Por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo para garantizar la equidad. Si tanto defendemos la unidad de España, defendamos también que la prestación de los servicios públicos sea en términos de igualdad efectiva para todos los españoles vivan donde vivan.

Debe garantizarse la cobertura plena de estos servicios y Andalucía va a proponer que se avance en el coste promedio o estándar como opción preferible ya que favorecería a las comunidades más eficientes, como Andalucía, en la prestación de servicios y por tanto contribuiría a la sostenibilidad global a largo plazo. En este sentido, las comunidades más eficientes no estaríamos perjudicadas frente a las que no lo son.

También en este aspecto, yo le pido al PP que pongamos juntos las bases de un acuerdo que conjure estos peligros y que debe servirnos para reforzar la posición de Andalucía en la negociación del nuevo modelo.

Señorías, soy plenamente consciente de que junto a una financiación justa y un trato adecuado por parte del Gobierno de la nación en aspectos como los que les acabo de citar, desde Andalucía, con nuestras propias fuerzas debemos trabajar en favor de la recuperación económica, un reto por el que este Gobierno va a trabajar sin descanso y en el que el Ejecutivo de la nación nos va a tener como aliado, no como competidor.

Para ello, el Gobierno cuenta con una hoja de ruta cuya meta es reorientar nuestro modelo productivo para hacerlo más competitivo en un mundo cada vez más globalizado y complejo. Ponerla en marcha representa una imperiosa necesidad si queremos que Andalucía se sitúe en la primera línea de salida en esta recuperación que parece vislumbrarse.

Creo que estamos dando ya pasos firmes y coherentes en esa dirección, con medidas que pasan, de manera más inmediata, por abordar dos de los asuntos más sensibles para el funcionamiento de nuestro tejido empresarial: los problemas de financiación y la existencia de trabas burocráticas para la inversión o la implantación en Andalucía.
En materia de financiación, tenemos muy avanzada la creación del Instituto de Crédito Público de Andalucía, que se aprobará a lo largo de este año 2014. Igualmente, la Junta de Andalucía va a seguir impulsando acuerdos con entidades privadas para facilitar líneas de crédito a pymes y autónomos.

Igualmente, hemos aprobado recientemente el Decreto Ley de apoyo a las pymes industriales, dotado con 150 millones de euros para los próximos tres años.

Durante este primer trimestre del año presentaremos también el proyecto de Ley de Mejora de la Regulación Económica, que tiende a eliminar las trabas burocráticas innecesarias, que cuentan desde enero con un informe.

En materia de fiscalidad, tenemos claros dos principios: el primero, que en estos momentos de crisis económica no es en absoluto aconsejable un incremento de la presión fiscal sobre las familias o la actividad empresarial. Y que tenemos que aumentar nuestra capacidad de ingresos.

Por eso ya hemos iniciado la tramitación de Anteproyecto de Ley sobre el acceso a los beneficios públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal.

Junto a todo este conjunto de medidas de aplicación inmediata a las que acabo de hacer referencia, estamos haciendo un ejercicio de análisis y de rediseño de nuestro modelo económico. Queremos ganar competitividad en aquello que sabemos hacer mejor, corrigiendo además los errores que tenemos detectados.

En definitiva, sentar unas bases sólidas para una nueva etapa de crecimiento y prosperidad para Andalucía, bajo los parámetros del siglo XXI.

Contamos con algunos sectores de arrastre muy potentes para nuestra economía: el sector agroalimentario, el turismo, la aeronáutica, las energías renovables, la biotecnología y otros. Existen nuevos sectores como la economía digital o la llamada economía azul donde Andalucía tiene que posicionarse y encontrar nuevos espacios de oportunidad que este Gobierno va a explorar.

Permítanme que me detenga en el ámbito agroalimentario para trasladarles la importancia estratégica de impulsar iniciativas de concentración de la oferta, especialmente en las entidades de economía social. Esto va a permitir que el mayor valor añadido repercuta en nuestros agricultores y ganaderos, mejorar la posición negociadora de los productores y dotarles de más capacidad de inversión en tecnología, innovación e internacionalización de sus productos.

Paralelamente, adoptaremos iniciativas dirigidas a favorecer las microempresas agroalimentarias, fundamentalmente de carácter familiar.

Potenciaremos la venta directa de los productos agrarios y agroalimentarios ligados a las explotaciones agrarias, que va a permitir disminuir los costes de la intermediación. Con ello pretendemos contribuir a dar continuidad a las pequeñas explotaciones, promocionando el empleo, manteniendo sistemas más ligados a los recursos locales y permitiendo la máxima permanencia de personas ligadas a la explotación.

Junto a estos sectores pujantes, existen otros que es necesario revitalizar, y me refiero en concreto al sector de la minería y al de la construcción.
Desde el Gobierno estamos convencidos de que hay un claro espacio de oportunidad y de empleo en estos dos sectores, y que su desarrollo puede hacerse de forma compatible con el respeto a dos principios que son irrenunciables: un compromiso firme con el desarrollo sostenible y la protección del patrimonio natural de Andalucía, y una posición de tolerancia cero con la especulación.

En este sentido, señorías, quiero hacerles un anuncio: la Junta de Andalucía va a impulsar un plan de empleo vinculado a la demolición del hotel Algarrobico y a la recuperación medioambiental de este espacio. Un plan de empleo que beneficie directamente a la ciudadanía de Carboneras y a la comarca del Levante almeriense.

Igualmente, señorías, la Junta de Andalucía va a ampliar la protección medioambiental de la finca La Almoraima hasta extenderla por toda su superficie. Estamos firmemente comprometidos con el desarrollo sostenible y vamos a incentivar cualquier actividad que redunde en el empleo y la generación de riqueza, blindando nuestro rico patrimonio natural.

Pero operaciones de corte especulativo, que están en la base de buena parte de los problemas de hoy en Andalucía, nunca más.

Señoras y señores diputados, de la misma manera que defiendo la protección del patrimonio natural, pienso en las muchas empresas y trabajadores de toda condición afectados por la crisis de la construcción. Lo diré claro: hay que acabar con la especulación, no con el sector de la construcción. Y ese sector este Gobierno lo va a impulsar bajo nuevos criterios de sostenibilidad y competitividad real.

No olvido, no lo haré nunca, que prácticamente la mitad de los parados afectados por esta crisis han tenido su origen en este sector.

Y, con ese espíritu, vamos a constituir la que llamaremos mesa de trabajo de la construcción sostenible, donde tengan cabida todas las voces e intereses que participan en esta actividad, desde entidades e instituciones públicas, empresas constructoras y del sector energético, entidades financieras, organizaciones empresariales, sindicales y de consumidores, así como un importante panel de expertos e investigadores.

El objetivo inicial de esta mesa es la elaboración de una Propuesta Programa para la activación de la construcción sostenible en Andalucía, buscando nuevas actividades, nuevos mercados dentro y fuera de Andalucía, en definitiva, nuevas oportunidades para este sector.

He dado instrucciones para que dicha mesa quede constituida antes de que finalice el primer trimestre de este año, es decir, en tan solo unas semanas.

En mi investidura también me comprometí a esforzarme para que el talento de los andaluces se convirtiera en empresas y redundara en creación de empleo.

En estos últimos años, desde Andalucía, se ha impulsado el desarrollo del sector audiovisual, en especial en lo relativo a la creación y la producción de contenidos. Un sector que, a pesar de la crisis y de medidas como la subida desproporcionada del IVA cultural (el más alto de toda Europa), está siendo capaz de crear suficiente masa crítica para ocupar un puesto importante en la producción española.

De hecho, actualmente, tanto en número de empresas (más del 80% pymes) como a nivel de producción y facturación, Andalucía se encuentra en tercer lugar sólo detrás de Cataluña y Madrid.

En estos momentos, y de la mano con el sector cinematográfico andaluz, la Junta de Andalucía puede comprometerse en presentar un anteproyecto de la Ley del Cine de Andalucía en base al desarrollo normativo de nuestros artículos 68 y 212 del Estatuto.

Con esta ley daremos seguridad jurídica y fortaleceremos a nuestros creadores y a nuestras empresas audiovisuales, culminando nuestro compromiso con la creación y el cine y la puesta en valor de lo que tiene que ser la marca Cine Andaluz.

También, antes de que termine el segundo trimestre de este año enviaremos al Parlamento la Ley del Mecenazgo.

Señorías, estoy convencida de que todas estas condiciones van a contribuir a que Andalucía sea un espacio atractivo para la inversión.

Ese mensaje de confianza, de estabilidad, de buenas perspectivas de futuro, está siendo ya recogido por las grandes empresas y la respuesta está siendo muy positiva.

Como sus señorías conocen, hemos suscrito ya varios convenios de relevancia con varias corporaciones tecnológicas y financieras, y nuestra previsión es alcanzar nuevos acuerdos de este mismo calado en fechas próximas. Confío en que todos ellos se plasmen en instrumentos que mejoren la empleabilidad de los jóvenes.

Pero adaptar nuestro modelo productivo a los nuevos tiempos implica también que Andalucía cuente con una fuerza de trabajo capacitada y competitiva que dé respuesta a las nuevas necesidades de una economía mundial que se transforma a gran velocidad.

Para ello, les anuncio que vamos a elaborar una nueva Ley de Formación Profesional para promover la excelencia y el espíritu emprendedor, y que se desarrolle codo con codo con las empresas de nuestra comunidad.

Este esfuerzo ingente en materia económica estamos convencidos de que va a dar sus frutos a lo largo del año que ahora comienza. Los datos con los que finalizamos el año 2013, en el que Andalucía fue una de las dos únicas comunidades de España en las que creció la afiliación a la Seguridad Social. Eso es un estímulo pero hay que tomarlo con prudencia.

Aunque no haya que descartar algún retroceso puntual, estoy convencida de que el año 2014 podrá ser razonablemente positivo en términos de empleo.

He ofrecido a la oposición una serie de pactos en esta intervención. Voy a hacer otro: vayamos juntos, Gobierno y oposición, para solicitar al Gobierno de España ese plan de empleo que necesita Andalucía y que tienen otras comunidades autónomas como Canarias y Extremadura. No se trata de suplicar ni de exigir, sino de defender a la gente sin trabajo de nuestra tierra.

Todos podemos imaginar que los datos de empleo con los que cerramos el año hubieran sido mucho mejores de haber contado Andalucía con ese plan de lucha contra el paro que le reclamé al presidente del Gobierno. Y espero que tenga el apoyo del partido de la oposición.

Señorías, le pido al Gobierno de España que deposite en Andalucía la misma confianza que están mostrando las principales empresas y entidades financieras de nuestro país. Lamentablemente, cuando se trata de invertir o de repartir fondos entre las Comunidades, Andalucía sale malparada, siempre es la última para el Gobierno de la nación.

Señorías, debemos impulsar la anunciada reactivación económica y necesitamos un diálogo social que garantice a empresas y trabajadores un marco de relación normalizado y estable. En el primer trimestre de este año, el consejero de Economía, Innovación y Empleo, en diálogo con los grupos políticos y agentes sociales, diseñará el nuevo modelo de diálogo más acorde con las nuevas necesidades de la economía andaluza.

Un diálogo social con los nuevos actores y protagonistas, construido sobre nuevas bases, las que necesita nuestra economía, que ha cambiado y lo ha hecho vertiginosamente en estos últimos años. Un diálogo social en el que se incorporen nuevos actores y que genere las condiciones idóneas para que se cree empleo a buen ritmo y que sea estable y de calidad.

Como les decía, señorías, este esfuerzo en materia económica debe dar sus frutos. Nuestro objetivo no es otro que articular un proyecto que signifique una salida más veloz y a la vez más justa y solidaria de la crisis. Y no podríamos hablar de justicia si nos hubiéramos dedicado, como otros, a desmantelar el Estado del Bienestar, y a recortar en derechos y libertades.

En efecto, nuestra situación en materia de políticas sociales es bien diferente a la de ninguna otra comunidad. Estamos demostrando que se puede ajustar el gasto sin perjudicar a los más débiles. Que se puede ser austero sin ser insensible con quienes más lo necesitan.

En Andalucía tenemos claro que no es justo que se eleve el listón de las exigencias a los alumnos universitarios con menos recursos, poniendo en peligro su permanencia misma en la Universidad.

Por eso destinamos 10 millones de euros a las Becas Adriano, dirigidas a apoyar a todos aquellos a los que el Gobierno prive de su beca por este motivo. Y como pensamos en las dificultades de los hogares con uno o más universitarios, flexibilizamos al máximo el fraccionamiento del pago de las matrículas.

En Andalucía va a seguir garantizada igualmente la gratuidad de los libros de texto, que beneficia a casi un millón de alumnos. Y somos la única comunidad con transporte escolar gratuito para los alumnos de enseñanzas no obligatorias.

En Andalucía no privatizamos hospitales para venderlos al mejor postor ni despedimos masivamente a empleados públicos, ni reducimos el número de profesores.

Permítanme en este punto hacer una referencia expresa a la sanidad pública y a sus profesionales. Soy plenamente consciente de que los sacrificios exigidos han afectado tanto a su esfuerzo profesional, que ha aumentado notablemente, como a sus bolsillos. Sé que la calidad y el buen servicio de la sanidad pública es fruto, sobre todo, de su esfuerzo y que, además de los profesionales, muchos usuarios están preocupados por la situación.

Compartimos esa preocupación, especialmente en lo que tiene que ver con los servicios de urgencia. Por ello, y para atender los incrementos de demanda asistencial, entre otras medidas, se reforzarán los dispositivos de apoyo contratando los profesionales de refuerzo necesario para evitar el colapso en dichos servicios.

Quiero que tengan claro que mi gobierno no está ciego ante esa realidad y que va a poner todo su empeño en resolverla, mejorando las condiciones de los trabajadores públicos y, desde luego, devolviéndoles el dinero que se le ha dejado de abonar en estos años. Esa es la recuperación que me interesa: la recuperación de todo lo perdido en estos años de crisis.

En Andalucía protegemos a los pensionistas, a las personas que están hospitalizadas y a las que en otras Comunidades se les pretende imponer el copago de sus medicamentos. Y todo ello mientras continuamos siendo referentes nacionales en el ahorro farmacéutico.

En Andalucía tampoco vamos a permitir que el Gobierno deje morir la Ley de Dependencia y pese a la merma de 300 millones desde 2012 seguimos haciéndonos cargo del 72% de la financiación y apoyando los servicios que prestan nuestros ayuntamientos y diputaciones.

Todas estas medidas y muchas otras en las que no me extiendo se resumen en un compromiso claro y firme: Andalucía no va a dar ni un paso atrás en la defensa del Estado del Bienestar, ni en los derechos ganados con tanto esfuerzo por todos los españoles en estos 30 años de democracia.

Por eso cuando el Gobierno aprueba una ley tan retrógrada como la Ley Wert, que además vulnera nuestro Estatuto de Autonomía, la Junta de Andalucía está en la obligación de poner pie en pared y recurrir, como vamos a hacer, ante el Tribunal Constitucional.

Ni vamos a tolerar ese atentado frontal contra los derechos de la mujer que representa la Ley del Aborto. La vamos a combatir desde Andalucía con todos los medios propios a nuestro alcance, y, llegado el momento con un recurso de inconstitucionalidad.

Una ley tercermundista que ataca lo más íntimo de las mujeres. Pone en riesgo su salud y a los profesionales que las atienden, y nos devuelve a épocas oscuras que estábamos seguros de haber superado.

Señorías, en estos meses he dedicado, es verdad, parte de mis esfuerzos como responsable público a posicionarme en relación con el debate territorial en España y muy concretamente en relación a la deriva soberanista del Gobierno catalán.

Andalucía, por su peso político y demográfico, por sus especiales relaciones con Cataluña, donde dos millones de ciudadanos catalanes tienen origen andaluz puede y debe jugar un papel importante a la hora de buscar soluciones a un problema que amenaza con convertirse en un conflicto de consecuencias muy negativas para todos.

Yo ya he dicho lo que pensaba en otros momentos: Hay un problema real de encaje de Cataluña que tiene raíces diversas, unas más antiguas y otras por la coyuntura de la crisis.

Ese problema nos corresponde a todos porque afecta a nuestra propia esencia como nación; el camino a la independencia que pretenden algunos no conduce a nada, al menos a nada bueno para nadie.

El camino a la solución ha de pasar por el diálogo y por las reformas porque se equivocan los que puedan pensar que de esta situación vamos a salir sin hacer nada.

Es más necesario que nunca que los que tienen las mayores responsabilidades de Gobierno empiecen a tomar esa senda de diálogo que, insisto, es imprescindible. Porque, ¿qué otro camino hay que el de un diálogo civilizado, democrático y razonable?

Andalucía siempre ha sabido jugar un papel de equilibrio, de moderación en estos asuntos. Siempre hemos defendido que se puedan reconocer identidades, singularidades, hechos diferenciales para que todo el mundo pudiera sentirse más a gusto dentro de España.

Y, siempre, al mismo tiempo, hemos señalado que lo que es innegociable es el principio de igualdad, de manera que cualquier ciudadano, haya nacido donde haya nacido, resida donde resida, pueda recibir los mismos y con la misma calidad los servicios públicos fundamentales. Se presten donde se presten.

El empleo, la transparencia, la reforma del modelo económico y el mantenimiento de las prestaciones sociales, han centrado la actividad del Gobierno andaluz durante estos primeros meses de mi mandato. Y creo que se han puesto las bases para que Andalucía siga avanzando en calidad democrática, en progreso económico y en igualdad.

A todos los que aquí estamos hoy nos guía el afán de mejorar la calidad de vida presente y futura de los andaluces y andaluzas. Por eso he tendido la mano al partido de la oposición. Para trabajar de manera conjunta es seis asuntos fundamentales:

- Para que Andalucía cuente con un Plan Especial de Empleo acorde con nuestro alto nivel de paro, frente al cual no me voy a quedar nunca con los brazos cruzados.
- Para que Andalucía tenga una financiación justa, que garantice servicios públicos de calidad para todos.
- Les he pedido también su apoyo para que Andalucía reciba los fondos de la Unión Europea que le corresponden y para que nuestros agricultores sigan recibiendo las ayudas que necesitan.
- Y les he solicitado además su consenso para que el puerto de Algeciras cuente por fin con la conexión ferroviaria que merece, por la riqueza que genera y que generará en Andalucía y en España.
- Por último, le he pedido que recoja el testigo del Pacto por la regeneración política que ofrecí al presidente Rajoy, porque la Política no puede ser el problema, sino la solución a los problemas de los ciudadanos. Esa no es una opción, es nuestra obligación.

Tengo plena confianza en Andalucía, en los andaluces y andaluzas, en su valía y en su capacidad de superación. Y por ello espero, confío y deseo que estemos a la altura de lo que los ciudadanos demandan de nosotros y que seamos capaces de alcanzar estos acuerdos que entiendo fundamentales para el futuro inmediato de nuestra tierra.


Confío en que este debate resulte útil para Andalucía. He comparecido, tal como prometí en esta Cámara. Estoy en la mejor disposición de escuchar a los distintos grupos que la conforman y de concretar las ofertas de acuerdos que sean de interés para Andalucía.

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