La semana pasada se celebró en el
Parlamento de Andalucía un acto de “Parlamento Abierto”, organizado por el
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
Ley de Transparencia Pública en Andalucía, para dar a conocer
el texto que ha aprobado el gobierno bipartito andaluz.
Según los socialistas, avanzar en
transparencia es avanzar en democracia, y por eso la Ley andaluza otorga más
control y poder a la ciudadanía, en el momento en que ésta reclama y exige
instituciones más abiertas y cercanas.
El pasado
miércoles 26 de marzo, se celebró en el Parlamento de Andalucía un acto dentro
del ciclo “Parlamento Abierto”, organizado por el Grupo Parlamentario
Socialista, para dar a conocer el contenido del proyecto de Ley de
Transparencia de Andalucía que ha empezado a tramitarse en la cámara andaluza.
Este acto, en el
que participaban miembros de la Agrupación
Local
Posteriormente,
se celebró una mesa redonda, moderado por la secretaria general de los
socialistas sevillanos, Verónica Pérez, y que contó con la participación de Javier
Martín Cavanna, Director de la Fundación Compromiso y Transparencia y Emilio
Guichot, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla,
los cuales destacaron el valor que posee dicha Ley, señalando que la misma va
mucho más allá de la presentada por el Gobierno central y que podría ser
de las primeras en el ranking de las leyes de Transparencia del mundo mientras,
que la presentada por el Gobierno de Rajoy se encontraría en la zona baja
del mismo.
UNA LEY COMPROMETIDA CON LA TRANSPARENCIA Y
Para los y las
socialistas, la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace con sus impuestos,
qué decisiones se toman y por qué. Y por ello, todas las administraciones y las
entidades que reciban fondos públicos estarán obligadas a rendir cuentas ante
la sociedad
Porque para el
PSOE la información pública no es patrimonio de la Administración , y
por eso su acceso debe ser universal y gratuito. Y para asegurarlo, a
diferencia de la normativa nacional, la andaluza ha incorporado un régimen
sancionador con multas de hasta 400.000€
Las diferencias
con la Ley
aprobada por el gobierno de la
Nación , son importantes, ya que va más allá que la norma
estatal, y obliga a aplicar el principio de transparencia activa a todo el arco
administrativo y a las empresas y entidades beneficiarias de fondos públicos
(partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales…).
Entre otras
diferencias, la futura Ley andaluza obligará a publicar las agendas
institucionales; responder a las peticiones de información en 20 días (el Gobierno
del PP se da un mes de plazo); publicar los planes y programas plurianuales en
20 días y durante todo el tiempo en que estén vigentes.; hacer públicos los
textos normativos los antes posible, como por ejemplo, los anteproyectos de Ley
se harán públicos una vez conocidos por el Consejo de Gobierno; hacer accesible
información básica sobre la financiación de la Comunidad , la deuda
pública o el gasto en las campañas de publicidad institucional; o retransmitir
en directo y por Internet los plenos de los ayuntamientos y, una vez
celebrados, permitir el acceso a los archivos grabados (establece el apoyo de
las diputaciones para los ayuntamientos con menos recursos).
Otra de las
diferencias fundamentales de la
Ley andaluza respecto a la estatal, es la inclusión de
sanciones en materia de transparencia. Así, el proyecto de Ley aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía contempla que las autoridades podrán ser sancionadas incluso con
el cese en el cargo y, por infracciones muy graves, con la imposibilidad de
volver a ser nombrado en un período de hasta tres años.
Y dependiendo de
la gravedad, las amonestaciones y multas para entidades pueden ir desde 200€
hasta 400.000€. Además se puede reclamar el reintegro de la subvención o la
resolución del contrato, imponer multas coercitivas a quienes presten servicios
públicos o reciban subvenciones e incumplan la obligación de suministrar la
información requerida, que irán desde 100€ a 1.000€ (cada 15 días y hasta su
cumplimiento), no pudiendo superar el total el 5% del contrato o subvención y
tendrá un tope de 3.000€ euros en caso de que no figurara cuantía concreta.
Por último, el
proyecto de Ley prevé una autoridad independiente de control como será el
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, dirigido por una
persona elegida por el Parlamento por mayoría absoluta, lo que también lo aleja
de la Ley
estatal, que deja la decisión en manos del Consejo de Ministros.
Comentarios
Publicar un comentario