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LA FUTURA LEY ANDALUZA DE TRANSPARENCIA OTORGA MÁS CONTROL Y PODER A LA CIUDADANÍA

La semana pasada se celebró en el Parlamento de Andalucía un acto de “Parlamento Abierto”, organizado por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la Ley de Transparencia Pública en Andalucía, para dar a conocer el texto que ha aprobado el gobierno bipartito andaluz.

Según los socialistas, avanzar en transparencia es avanzar en democracia, y por eso la Ley andaluza otorga más control y poder a la ciudadanía, en el momento en que ésta reclama y exige instituciones más abiertas y cercanas.

El pasado miércoles 26 de marzo, se celebró en el Parlamento de Andalucía un acto dentro del ciclo “Parlamento Abierto”, organizado por el Grupo Parlamentario Socialista, para dar a conocer el contenido del proyecto de Ley de Transparencia de Andalucía que ha empezado a tramitarse en la cámara andaluza.

Este acto, en el que participaban miembros de la Agrupación Local “José Galán Merino”, contó con la participación de Mario Jiménez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el cual presentó el proyecto de Ley, considerándolo un trabajo arduo, el cual ha estado abierto a la participación de especialistas y agentes sociales.

Posteriormente, se celebró una mesa redonda, moderado por la secretaria general de los socialistas sevillanos, Verónica Pérez, y que contó con la participación de Javier Martín Cavanna, Director de la Fundación Compromiso y Transparencia y Emilio Guichot, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, los cuales destacaron el valor que posee dicha Ley, señalando que la misma va mucho más allá de la presentada por el Gobierno central y que podría  ser de las primeras en el ranking de las leyes de Transparencia del mundo mientras,  que la presentada por el Gobierno de Rajoy se encontraría  en la zona baja del mismo.

UNA LEY COMPROMETIDA CON LA TRANSPARENCIA Y UNA DEMOCRACIA MÁS ABIERTA

Para los y las socialistas, la ciudadanía tiene derecho a saber qué se hace con sus impuestos, qué decisiones se toman y por qué. Y por ello, todas las administraciones y las entidades que reciban fondos públicos estarán obligadas a rendir cuentas ante la sociedad

Porque para el PSOE la información pública no es patrimonio de la Administración, y por eso su acceso debe ser universal y gratuito. Y para asegurarlo, a diferencia de la normativa nacional, la andaluza ha incorporado un régimen sancionador con multas de hasta 400.000€

Las diferencias con la Ley aprobada por el gobierno de la Nación, son importantes, ya que va más allá que la norma estatal, y obliga a aplicar el principio de transparencia activa a todo el arco administrativo y a las empresas y entidades beneficiarias de fondos públicos (partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales…).

Entre otras diferencias, la futura Ley andaluza obligará a publicar las agendas institucionales; responder a las peticiones de información en 20 días (el Gobierno del PP se da un mes de plazo); publicar los planes y programas plurianuales en 20 días y durante todo el tiempo en que estén vigentes.; hacer públicos los textos normativos los antes posible, como por ejemplo, los anteproyectos de Ley se harán públicos una vez conocidos por el Consejo de Gobierno; hacer accesible información básica sobre la financiación de la Comunidad, la deuda pública o el gasto en las campañas de publicidad institucional; o retransmitir en directo y por Internet los plenos de los ayuntamientos y, una vez celebrados, permitir el acceso a los archivos grabados (establece el apoyo de las diputaciones para los ayuntamientos con menos recursos).

Otra de las diferencias fundamentales de la Ley andaluza respecto a la estatal, es la inclusión de sanciones en materia de transparencia.  Así, el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contempla que las autoridades podrán ser sancionadas incluso con el cese en el cargo y, por infracciones muy graves, con la imposibilidad de volver a ser nombrado en un período de hasta tres años.

Y dependiendo de la gravedad, las amonestaciones y multas para entidades pueden ir desde 200€ hasta 400.000€. Además se puede reclamar el reintegro de la subvención o la resolución del contrato, imponer multas coercitivas a quienes presten servicios públicos o reciban subvenciones e incumplan la obligación de suministrar la información requerida, que irán desde 100€ a 1.000€ (cada 15 días y hasta su cumplimiento), no pudiendo superar el total el 5% del contrato o subvención y tendrá un tope de 3.000€ euros en caso de que no figurara cuantía concreta.

Por último, el proyecto de Ley prevé una autoridad independiente de control como será el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, dirigido por una persona elegida por el Parlamento por mayoría absoluta, lo que también lo aleja de la Ley estatal, que deja la decisión en manos del Consejo de Ministros.

Además, la Junta de Andalucía se dotará de una Comisión Consultiva de la Transparencia, integrada por 14 personas elegidas por las organizaciones representadas en el Consejo, la Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas., una Unidad de Transparencia y la Comisión de Transparencia, para asegurar el cumplimiento total de la norma, por el actual gobierno o el que venga después.

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