LA DEJADEZ MUNICIPAL EN LA ANTIGUA COMISARÍA DE LA POLICÍA LOCAL COSTARÁ A LOS SEVILLANOS 20,9 MILLONES DE EUROS
El PSOE elevó una pregunta al Pleno tras
el escrito de conclusiones de la
Fiscalía del que se desprende “la absoluta falta de control
por parte del Ayuntamiento” en la custodia de edificios y patrimonio, pese a lo
que “nadie del gobierno de Zoido asume ningún tipo de responsabilidad política
ni voluntad de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido personándose
siquiera en la causa penal”
El Grupo
Municipal Socialista lamenta “la total
falta de voluntad del gobierno de Zoido en contribuir a esclarecer lo ocurrido
en los diferentes expolios” por los que atravesó la antigua sede de Policía
Local en Cartuja vendida por el Ayuntamiento de Sevilla a Detea y que supuso “dejar un edificio completamente esquilmado,
vandalizado y sin posibilidad de uso”, como explica el concejal Juan Carlos
Cabrera. “No ha habido explicaciones ni
asunción de ningún tipo de responsabilidades cuando debería haber habido, al
menos, la dimisión de quien tenía a su cargo la custodia de Edificios
Municipales por vergüenza sobre lo ocurrido. En su lugar, el gobierno de Zoido
actúa como si la cosa no fuera con él y prefiere seguir sin ni siquiera
personarse en el Juzgado”, apunta el socialista.
El
PSOE elevó una pregunta oficial al Pleno del viernes para exigir “en sede municipal” las respuestas que el
gobierno de Zoido “no ha querido dar en
tres años de investigaciones judiciales y procedimiento penal abierto”.
Los
hechos se remontan al verano de 2012, la fecha acordada por el Ayuntamiento y
la empresa Detea para la entrega de los edificios vendidos en Cartuja que
quedarían libres tras el traslado previsto de la sede de la Policía Local al
nuevo complejo de la Ranilla.
“Debía haber ser sin un traspaso de
llaves y de propiedad al uso desde la seriedad que debe ofrecer el Ayuntamiento
con cada una de las empresas con las que cierra acuerdos. Sin embargo, la falta
de control municipal hizo que se convirtiera en un bochornoso episodio en
perjuicio de la empresa y de la propia imagen y credibilidad del Ayuntamiento
de Sevilla”, resume Cabrera.
Según
las investigaciones, una vez firmada la entrega del edificio a su nueva
propietaria se produjeron hasta dos “expolios
institucionalizados”, uno de personal propio de la Policía Local y el siguiente
del personal de Edificios Municipales, tras los que el complejo quedó sin grifos,
lavabos, enchufes, sanitarios, aparatos de aire acondicionado, mamparas,
fluorescentes, techos de escayola, hilo de línea, cuadros eléctricos “y todo cuanto se ordenó acaparar para una
supuesta reutilización en otras dependencias municipales que sigue a día de hoy
sin explicación”. Esta actuación fue públicamente reconocida en enero de
2013 por el entonces delegado de Seguridad y Movilidad del PP, en lo que se explicó
como “práctica habitual de entrega de
edificios enajenados”, la misma explicación que en el Pleno del viernes
reconoció la máxima responsable municipal de Zoido en Edificios Municipales,
Asunción Fley.
Ese
primer “atraco” generó “efecto llamada” para chatarreros y
oportunistas, al parecer con colaboración de personal municipal, a los que
ayudó la orden de eliminación de la vigilancia policial que hasta entonces se
mantenía.
Ante
lo ocurrido y la falta de explicaciones por parte del Ayuntamiento de Sevilla,
la empresa afectada planteó denuncia penal y también causa civil por la que
exige una indemnización de 20,9 millones de euros.
Tras
conocer que la Fiscalía
de Sevilla ha remitido al juzgado de instrucción número 10 las conclusiones en
las que se ponen de manifiesto que empleados municipales
desmantelaron los edificios Charly y vendieron los materiales obtenidos, cuando
los edificios ya eran propiedad de la empresa Detea, el PSOE quiso conocer las
actuaciones municipales destinadas a contribuir el esclarecimiento de este
asunto, así como así como si se ha derivado algún tipo de imputación y, en su
caso, de quién y con qué cargos.
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