José Luis López Aranguren, uno de los filósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XX español, no era socialista, aunque durante un breve periodo durante la Transición apostó por el PSOE. No obstante, su obra "Ética y Política" es todo un referente que merece ser conocido. El siguiente fragmento corresponde al capítulo XXI de dicha obra, titulado "El Estado de Justicia Social".
LA DEMOCRATIZACIÓN REAL: ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA
Si la moral tiene que ser, a la vez, personal y social, esto significa que el viejo Estado de Derecho, sin dejar de seguir siéndolo, tendrá que constituirse en Estado de Justifica, que justamente para hacer posible el acceso de todos los ciudadanos al bien común material, a la democracia real y a la libertad, tendrá que organizar la producción y tendrá que organizar también la democracia y la libertad.
La tendencia actual al socialismo en el plano económico, y cualquiera que sean el grado cuantitativo y el carácter estatificado o no de este socialismo, parece estar inscrita en la realidad misma. En cualquier caso, el motor no puede ser –no debe ser- el interés capitalista determinado a dar primacía a los bienes suntuarios de consumo para conseguir así, como un subproducto ético, el bienestar material de todos, sino la organización, inspirada en una auténtica voluntad de justifica, de dar a cada uno lo suyo, de la democratización económico-social. Asimismo la atención preferente a los servicios públicos sobre el egoísmo del arbitrario consumo privado y el intervencionismo ético del Estado son indispensables. El Estado debe limitar –no por la prohibición, sino mediante fuertes gravámenes- los gastos antisociales, la publicidad chocarrera y desencadenada, la dilapidación individual y favorecer, en cambio, las actividades y servicios sociales, la salud pública, la instrucción, la educación para el tiempo libre. En suma, lo que los escolásticos llamaban, con expresión hoy desgastada, el “bien común”, debe prevalecer por encima de las ganancias o beneficios de las “grandes sociedades” y por encima también de un Estado concebido como poder y dominación. Del mismo modo los sistemas sociales de previsión son ya absolutamente irrenunciables, aunque traigan consigo la inutilidad de ciertas virtudes burguesas y, como veníamos antes, una impersonal institucionalización de otras virtudes. Por lo demás, la superfluidad de la caridad y la filantropía como “obras” de ninguna manera debe acarrear su desaparición como “espíritu”: justamente su conversión en función profesional demandará una mayor moral profesional y una mayor moral religiosa de la vocación secular.
También la democracia política –una democracia compatible con un poder ejecutivo eficaz- tiene que ser promovida; es decir, organizada socialmente. Y esto mediante el fomento, a la vez teórico y práctico, de una auténtica educación política y mediante la socialización, sin estatificación centralizadora, de la enseñanza y de los medios de comunicación de masas. La Universidad, la radio, la televisión, etc. tienen que ser convertidas, no política, sino administrativamente, en servicio público (la función del derecho administrativo en la regulación social del próximo futuro ha de ser enormemente importante), justamente para que a ellas tengan acceso todos los ciudadanos y todos los grupos, en vez de seguir siendo monopolizados capitalística y privilegiadamente por algunos de ellos.
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