Con ocasión
del próximo Primero de Mayo, los Sindicatos UGT y CCOO han convocado
manifestaciones en toda Andalucía, para defender que sin empleo de calidad no
hay recuperación posible.
Sus
propuestas para la creación de empleo de calidad que mitigue la dramática
situación de decenas de miles de sevillanos, se recoge en el Manifiesto que
ofrecemos en este post.
Este
1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, se celebra en un marco caracterizado
por los efectos de las políticas de austeridad que ha impuesto de forma
autoritaria la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo
Monetario Internacional), lo que configura un modelo de salida de la crisis que
provoca paro, desigualdad, pobreza y recorte de derechos sociales y laborales,
junto con el deterioro del sistema de protección social. Políticas de
austeridad y recortes, que en el caso de España están siendo aplicadas de forma
implacable por el Gobierno de Rajoy.
La
situación económica y social de la Unión Europea es alarmante, especialmente en
los países del sur, que son los que presentan mayores dificultades. Junto al
aumento del paro, de la pobreza, de las desigualdades, de las divergencias
políticas y económicas entre los Estados, se está produciendo la privatización
y deterioro de los servicios públicos y el recorte de salarios, pensiones y
prestaciones sociales. Todo ello acompañado del debilitamiento de la
negociación colectiva, el diálogo social y el Derecho del Trabajo.
Además
de estos graves efectos sociales, las políticas de austeridad de los últimos
años han provocado un deterioro de la cohesión social, así como el
desprestigio de las instituciones políticas nacionales y de la UE y, en
definitiva, un importante déficit democrático.
La
creciente injusticia en la distribución de la riqueza y la progresiva pérdida
de derechos a escala global confirma, como declara la Confederación Sindical
Internacional (CSI) que: “El modelo de capitalismo del siglo XX ha fracasado y
el consenso de Washington debe ser enterrado para siempre,..”, de donde se
deduce la necesidad de “reconstruir nuestras economías en base a nuevos modelos
económicos que estén al servicio de las personas y sus comunidades”. En este
sentido, para la CSI se impone la necesidad de definir un “Contrato Social
Global” con nuevas instituciones y un mayor protagonismo de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Europa
necesita superar la crisis y sus efectos, para construir un nuevo paradigma
cuya base sea la propuesta de “Un nuevo Contrato Social”, destinado a asentar
en firme los cimientos del modelo social europeo, como alternativa al avance
sostenido del capitalismo en su versión neoliberal salvaje, que se está
mostrando incompatible con la democracia.
CCOO
y UGT, junto con la Confederación Europea de Sindicatos (CES), rechazamos estas
políticas de austeridad que recortan el gasto público y dejan que el desempleo
crezca de forma dramática. Rechazo que se ha traducido en un proceso de
movilizaciones de ámbito europeo desarrollado durante las pasadas semanas
contra las referidas políticas y recortes impuestas por las instituciones
comunitarias.
UGT
y CCOO reivindicamos otra política europea, un nuevo rumbo para los
trabajadores y trabajadoras europeos; una política que garantice una salida de
la recesión y el estancamiento. La promoción de un crecimiento basado en un
nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible, que permita la creación de
empleo de calidad, garantizando en primer lugar la financiación de la economía real.
El
Plan de Inversiones de ámbito europeo que propone la CES, de la que formamos
parte CCOO y UGT, contempla proyectos en sectores clave como la energía,
redes; infraestructuras de transporte y telecomunicaciones; expansión de la
banda ancha; educación y formación; investigación, desarrollo e innovación;
servicios públicos y privados (renovación urbana, salud, bienestar, medio
ambiente.); gestión sostenible del agua y vivienda social y para mayores.
Este
Plan, permitiría la creación de 11 millones de puestos de trabajo en la UE, así
como poner fin a los recortes de gasto público, aumentar los salarios y
reforzar las prestaciones y redes de protección social, con atención especial a
los colectivos que más están sufriendo la crisis.
En
Mayo de 2014 tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo en las que se
plantean unos claros retos para el movimiento sindical: poner fin a la
austeridad y al dumping social, a nuevos ataques a los derechos de las
trabajadoras y trabajadores o a la protección social.
Para
cambiar de rumbo, debemos elegir parlamentarios y parlamentarias dispuestos a
defender los intereses de las ciudadanas y ciudadanos europeos, parlamentarios
y parlamentarias que impongan un cambio de política y que construyan otro
proyecto europeo basado en el progreso social. Que pongan fin a las políticas
de austeridad que provocan el desempleo, la pobreza, la desigualdad, el dumping
salarial y fiscal, para redescubrir una Europa más cercana a sus ciudadanos.
En
España, las políticas de austeridad están siendo aplicadas por el Gobierno del
PP en el marco de la nueva gobernanza europea y bajo un estricto control de las
instituciones europeas, que no obstante, permiten un cierto margen de
maniobra, al que ha renunciado este Gobierno, para limitar los daños sociales
producidos por dichas políticas. Actuación caracterizada por el recurso
sistemático a la vía del Decreto Ley, el ataque a los derechos de los
trabajadores y el desprecio de la negociación y el acuerdo, como se ha puesto
de manifiesto en la última reforma de las pensiones, impuesta por su mayoría
absoluta al margen del Pacto de Toledo y que ha merecido nuestro rechazo.
Mientras que para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las reformas
laborales de 2012 suponen la vulneración de los derechos de libertad sindical y
negociación colectiva garantizados por los Convenios ratificados por España.
Empleo,
recesión y crisis
Los
actuales datos macroeconómicos indican que la economía española está saliendo
de la recesión, pero aún queda mucho recorrido para salir de la crisis. Así,
se sigue destruyendo empleo, con mayor intensidad en el sector público, crece
el paro de larga duración mientras avanza el empleo a tiempo parcial no
voluntario; se incrementa el volumen de contratos temporales, aumentando las
personas ocupadas subempleadas, configurando todo ello un grave deterioro de la
calidad del empleo. Sin que por otro lado se pueda descartar el riesgo de
deflación, tanto en nuestro país como en la zona euro, algo que parece cada vez
más real con las actuales políticas basadas en la devaluación salarial.
En
este sentido, todos los datos disponibles confirman una devastación del mercado
laboral, sin precedentes en el periodo democrático, producida como
consecuencia y al amparo de la crisis y cuya recuperación no es posible en un
escenario de débil crecimiento. Por el contrario, todo apunta a que si se
mantienen las actuales políticas, la salida de la crisis será más lenta y no
irá acompañada de una mejora sustancial de ese mercado laboral.
Los
siguientes datos confirman nuestro diagnóstico:
Una
tasa de paro del 26,03%.
La
tasa de temporalidad del 23,92%.
532.000
empleos menos en 2013, con una pérdida de 305.700 activos.
Solo
aumentan los contratos temporales a tiempo parcial, mientras que disminuyen los
contratos indefinidos de jornada completa.
Pérdida
de 468.000 empleos en la Administración Pública (sólo en sanidad, educación y
servicios sociales)
Continúa
la reducción de la protección al desempleo, que desde 2010 ha caído en más de
20 puntos dejando a millones de personas sin cobertura, así como la pérdida de
calidad de la misma, al bajar el porcentaje de prestaciones mientras aumenta el
de subsidios.
La
inversión por parado en políticas activas ha disminuido el 52% desde 2011.
687.000
hogares donde ninguno de sus miembros percibe ingresos (ni salario, ni
prestación, ni una pensión).
Debiendo
resaltar que el trabajo a tiempo parcial, mayoritariamente involuntario, está
siendo utilizado para esconder la intensa destrucción de empleo, a través de
una forma espuria de reparto del trabajo y de ariete para deteriorar la
condiciones de trabajo, con especial impacto en las mujeres, que representan el
73,3% de esta modalidad, que se ha convertido en la práctica en un contrato de
llamada o plena disponibilidad. En resumen, un escenario de más precariedad,
más paro de larga duración y menos derechos.
El
Sector Exterior no nos puede sacar de la crisis, al no tener la dimensión
suficiente en nuestro país y generar actividad intensiva en capital que genera
poco empleo y escaso impacto sobre el consumo interno. Mientras que el sector
industrial en su conjunto está moderando la reducción de su producción a la vez
que está acelerando la destrucción de empleo. La demanda interna tiene que
tomar el relevo, lo que no se logrará si los salarios no crecen, se mantiene el
nivel de desempleo, se reduce la capacidad adquisitiva de pensionistas y
jubilados, si retrocede la protección social y el conjunto de las políticas
públicas o no se impulsa la inversión productiva, y se continúan debilitando
los servicios públicos.
Para
UGT y CCOO la prioridad absoluta tiene que ser la lucha contra el desempleo y
sus efectos sociales, en el marco de un cambio de las políticas públicas y del
modelo productivo. Así, las propuestas para una salida real de la crisis pasan
por una retirada de las políticas de austeridad que permita la reactivación
económica, la creación de empleo, los derechos laborales y el reforzamiento de
la negociación colectiva, la protección y cohesión social, y la lucha contra la
pobreza y la desigualdad social. Todo lo cual permitiría avanzar hacia ese
nuevo modelo productivo.
Salarios,
protección social y servicios públicos
Es
imprescindible un cambio de patrón de crecimiento para contribuir a generar
empleo cualificado, estable y con derechos. Un crecimiento sin empleo no es
recuperación, ni mejora las condiciones de vida de la mayoría de la población
ni genera ingresos públicos suficientes.
En
consecuencia, proponemos:
Recuperación
del
poder adquisitivo del SMI y del conjunto de los salarios. Los salarios tienen
que ganar poder de compra, a través del incremento del empleo y el crecimiento
moderado, pero real, de los mismos.
Recuperación
del
Pacto de Toledo para las reformas de la Seguridad Social y las pensiones, con
la vuelta al anterior sistema de revisión de las cuantías de las mismas.
Relanzamiento de la
inversión pública productiva.
Impulso de la
industria.
Reforma del Sistema
Eléctrico y avanzar hacia la Transición Energética.
Incremento de los
niveles y de la calidad de la protección del desempleo e impulso de la contratación
estable.
Una Renta Mínima y programas efectivos
contra la pobreza y la exclusión social.
La puesta en marcha de
una Reforma Fiscal basada en la equidad y la suficiencia que aporte los fondos
necesarios para la puesta en marcha de este conjunto de iniciativas públicas.
Reforzamiento de la
Negociación Colectiva y recuperación de la ultraactividad de los convenios suprimida
por la reforma laboral. Es necesario el desbloqueo de los convenios y
garantizar que a un convenio le sustituye un nuevo convenio.
Reequilibrio de las
relaciones laborales hacia un sistema más justo de reconocimiento y garantía de
los derechos de los trabajadores, basado en la igualdad, la autonomía y el
fortalecimiento de las instituciones laborales.
Promoción y
defensa de la actividad sindical.
Puesta
en marcha por parte de las Administraciones Públicas de políticas salariales y
de empleo que permitan la recuperación de los Servicios Públicos e impulsen la
actividad económica.
Acometer,
de forma consensuada con los interlocutores sociales, planes de formación y
cualificación profesional que puedan garantizar el acceso o mantenimiento del
empleo.
CCOO
y UGT consideran que estas medidas deberían ser complementadas con acuerdos
políticos y sociales:
Por
un lado, un gran acuerdo que integre a las fuerzas políticas y a los
interlocutores sociales, para el empleo y la reactivación de la actividad
económica basada en la igualdad y la cohesión social, promoviendo el señalado
cambio de modelo productivo y el mantenimiento y profundización en los
servicios y prestaciones del Estado de bienestar.
Democracia,
libertades y derechos fundamentales
Junto
a lo anterior y cuando se cuestiona el derecho de huelga y aparecen iniciativas
para limitar su uso, cuando están en marcha proyectos de ley como el de reforma
del Código Penal y el de Seguridad Ciudadana (claramente inconstitucional).
Merece nuestro radical rechazo, igualmente, el proyecto de regulación de la
interrupción del embarazo porque supone un retroceso histórico en este campo,
junto a otros proyectos que pretenden restringir el acceso a la Justicia. Por
ello consideramos de la mayor urgencia un acuerdo en defensa de la democracia,
con el objeto de profundizar en la misma y hacer frente a la involución
autoritaria de la acción de Gobierno y de otros poderes públicos; una propuesta
que consideramos esencial para frenar la creciente desafección de la ciudadanía
con respecto del conjunto de las instituciones del Estado.
Este
1 de Mayo, Día Internacional del Trabajo, UGT y CCOO exigen mayor transparencia
en la actuación de los poderes públicos y ratifican su apoyo a la Cumbre
Social y a las reivindicaciones ciudadanas.
CCOO
y UGT rechazan las limitaciones que el Gobierno del PP intenta aplicar a las
libertades básicas de reunión, manifestación, expresión y huelga, a través de
la acción policial y sancionadora o mediante la modificación de la normativa
penal y de seguridad ciudadana, con el objeto de reducir sustancialmente las
acciones de protesta contra las políticas que aplica este Gobierno.
UGT
y CCOO exigen la retirada inmediata de la acusación contra los sindicalistas de
Airbus, compañeros que tienen la amenaza de años de cárcel y multas por su
actuación en defensa del derecho de huelga y contra las políticas de austeridad
y recortes, manifestando nuestro apoyo al conjunto de sindicalistas incursos en
procesos penales o administrativos derivados de su actuación en defensa de los
trabajadores y la promoción de los valores constitucionales.
CCOO
y UGT consideran de la mayor urgencia la puesta en marcha de una auténtica
política de migraciones de ámbito europeo, que haga frente al reto de la
emigración de las personas que huyen de la miseria y de las guerras, así como
de los propios movimientos de población dentro de las fronteras de la UE, en
base a los valores comunitarios. Una iniciativa que permitiría poner freno al
creciente populismo y xenofobia que se alimenta de la actual indefinición en
este ámbito.
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