La incorporación de las
cláusulas sociales, que ahora se somete a las aportaciones de grupos políticos
y asociaciones empresariales y sindicales, busca poner la contratación pública
municipal al servicio de la generación de empleo
Este proyecto, que se prevé
aprobar a mitad de marzo por Decreto de Alcaldía, viene precedido de una amplia
base legal y participativa y coloca al Ayuntamiento de Sevilla “a la
vanguardia” en España en la aplicación de cláusulas sociales
El precio no será el
principal criterio al valorar las adjudicaciones de los contratos del
Consistorio y sus empresas públicas y organismos autónomos, evitando así las
denominadas “bajas temerarias” en los concursos públicos
El
alcalde de Sevilla, Juan Espadas, presentó
ayer el anteproyecto del decreto municipal que regulará la inclusión de
cláusulas sociales en la contratación de obras y servicios que realice
tanto el propio Ayuntamiento como sus empresas públicas y organismos autónomos.
Estas cláusulas sociales, que se trasladarán al contenido de los pliegos de
licitación, condicionarán las adjudicaciones y tendrán un seguimiento durante
la ejecución, implican que, a partir de ahora, los contratos perseguirán tres prioridades. La primera hace
referencia al mercado de trabajo: creación
de empleo, integración social, estabilidad laboral e impulso a la economía
social y las pymes. La segunda se centra en la protección del medio ambiente y
el desarrollo sostenible de la ciudad. Y la tercera y última se adentra en la
igualdad de oportunidades.
En
la presentación del documento ante la prensa, y una vez conocido por los grupos
políticos en Junta de Portavoces, Juan Espadas sostuvo que, con esta
iniciativa, el de Sevilla se coloca “a la vanguardia” entre todos los
ayuntamientos de España al transformar la contratación pública municipal y
ponerla al servicio de la generación de empleo y favorecer el tejido
productivo más social y local y la integración de los colectivos con unas
especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, y todo dentro de los
límites del ordenamiento jurídico español.
“Es el modelo de cláusulas sociales más
avanzado de España”, reiteró Espadas, quien ha defendido la amplia base
legal europea y estatal que sustenta la iniciativa, que además cumple un
mandato del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla del mes de septiembre pasado. A
partir de ahora, ha agregado, el anteproyecto se somete a las aportaciones de
los grupos políticos y también de las organizaciones empresariales y
sindicales, un proceso que se prolongará hasta el próximo 23 de febrero, siendo
el objetivo que el Decreto de Alcaldía sea firmado a mitad de marzo para su
inmediata entrada en vigor.
Con
carácter general, el precio no será el
único criterio de valoración de las ofertas en los pliegos de contratación pública,
para de esta forma evitar las llamadas “bajas
temerarias” que pongan en riesgo obras y servicios adjudicados, se
incrementará la publicidad de los procesos y se mejorará la planificación, al
publicarse en cada primer trimestre de año la previsión de las licitaciones
(tipo de contrato, estimación económica y fecha) para el conjunto del ejercicio.
La prioridad del empleo
Entre
las medidas del anteproyecto sobre cláusulas sociales, se contempla arbitrar mecanismos de puntuación para fomentar el empleo
local, valorando la creación de puestos de trabajo, la estabilidad de la
plantilla, el incremento de ésta y la contratación de desempleados de larga
duración y en riesgo de exclusión social o con especiales dificultades de
acceso al mercado laboral.
Durante
la duración del contrato, las empresas
no podrán recortar las condiciones de trabajo establecidas en el convenio
colectivo, salvo un acuerdo expreso con los sindicatos, y las
adjudicatarias deben garantizar que el personal adscrito al contrato reciba
formación. Los presupuestos municipales anuales, asimismo, reservarán un
porcentaje mínimo para contratos destinados a Centros Especiales de Empleo y
Empresas de Inserción en áreas como limpieza, servicios sociales o mantenimiento
de parques, jardines e inmuebles.
Se favorecerá a pymes y
autónomos para iniciar sus contratos con la administración pública, impulsando así el tejido
productivo local de menor dimensión que, ante las elevadas exigencias
financieras, tiene ahora complicado concurrir a las licitaciones. Siempre que
las características del contrato lo permitan, se reducirán las exigencias técnicas, económicas y profesionales para
contratos de obras inferiores a los 80.000 euros, y de servicios y
suministros de menos de 35.000 euros.
La prioridad medioambiental
El medio ambiente incluido en la contratación
del Ayuntamiento de Sevilla y de sus empresas públicas y organismos autónomos
se reflejará en la aplicación de normas
de gestión ambiental, el uso de tecnologías y equipamientos que favorezcan el
ahorro energético, la exigencia de etiquetas sociales o ambientales en la
fabricación de los productos o en los servicios, la prohibición de uso de
materiales nocivos y el consumo
responsable.
Entrando
en detalle, se podrán fijar condiciones medioambientales al menos en los
contratos de limpieza de los edificios, mantenimiento de zonas verdes,
transporte, limpieza viaria, proyectos de obras y proyectos de instalaciones e
infraestructuras. Se establecerán criterios medioambientales en las
puntuaciones de los contratos, valorándose aspectos como la reducción de gases
por encima de los límites fijados en el pliego, el uso de etiquetas ecológicas
o la recogida de envases, al tiempo que habrá obligatoriedad de aportar
certificaciones medioambientales de los productos o servicios que se contraten.
La prioridad de la igualdad
de oportunidades
La
tercera y última de las prioridades de las cláusulas sociales en la
contratación se adentra en la igualdad
de oportunidades, que trata de promover la conciliación de la vida laboral,
personal y familiar, impulsar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres
y garantizar el cumplimiento de la cuota de reserva para la integración de
personas con discapacidad.
En
este terreno, se valorará en la puntuación la incorporación de personas con
discapacidad, víctimas de violencia de género y exreclusas (colectivos de
inserción y reinserción social), así como la contratación efectiva de mujeres
en sectores de actividad con subrepresentación femenina. Además, las compañías con
plantillas inferiores a 100 personas deberán diseñar medidas que mejoren los
derechos en relación a la igualdad de trato y de oportunidades, la prevención
del acoso y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
Las empresas
adjudicatarias, además, deberán acreditar mediante una declaración responsable
el cumplimiento de la reserva mínima del 2 por ciento de trabajadores con
discapacidad para compañías de más de 50 empleados.
Y el seguimiento y control
Juan
Espadas, quien en la presentación estuvo acompañado por el delegado de
Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento, Juan Manuel Flores, explicó que este pliego de cláusulas
sociales en los contratos públicos se ha elaborado a partir de un grupo de
trabajo “técnico y multidisciplinar”
y tras unas jornadas abiertas de participación con expertos, asociaciones y
entidades.
El
pliego de cláusulas sociales, asimismo, fijará medidas de control y seguimiento
de las mismas en los contratos que se adjudiquen, así como la posibilidad de
penalizar y agilizar los trámites administrativos para la resolución de
contratos para evitar así “situaciones pasadas” que aún se arrastran en la
ciudad de Sevilla, en referencia a obras conseguidas en concurso con bajas
temerarias que finalmente las empresas no han podido afrontar.
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