LOS CIUDADANOS ESTÁN EXIGIENDO, A TODOS LOS PARTIDOS, POLÍTICAS DIFERENTES Y ACTITUDES DISTINTAS

Ayer el PSOE remitió a los distintos partidos con los que está negociando la creación de una mayoría parlamentaria que permita la elección de un gobierno que pase página a los cuatro años de gobierno del PSOE, un documento para comenzar los debates, y que puedes leer completo aquí.

Se trata no del programa electoral de los socialistas, sino un documento donde se buscan los puntos más próximos entre los programas de todos los partidos que se sentarán a negociar, de forma que todos los partidos puedan alcanzar una posición conjunta, en el que todos cederán algo pero en el que todos puedan verse reflejados.

A continuación ofrecemos la transcripción de su introducción.

Vivimos el inicio de un tiempo nuevo para España.

El resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre plantea un escenario político nuevo, muy diferente al que hemos conocido durante los treinta y siete años de democracia constitucional.

Se han multiplicado, a izquierda y derecha, los actores políticos. Se ha incrementado el pluralismo de las Cámaras y se ha puesto fin a un largo período de mayorías claras de un solo partido. Y la capacidad de formar un Gobierno estable ya no está predeterminada, sino que tendrá que responder a acuerdos entre fuerzas políticas diferentes.

Es un resultado que, sin duda, abre incertidumbres pero es un resultado que también ofrece seguridades.

La más importante de ellas es la voluntad de cambio expresada por los ciudadanos. Con su voto, los españoles y españolas han hecho realidad su decisión de iniciar un camino distinto: distinto en cuanto a quién prefieren que dirija su Gobierno; distinto en cuanto a lo que exigen a su Gobierno; distinto en cuanto a la forma en que quieren que su Gobierno actúe y también lo hagan el resto de las instituciones.

La mayoría abrumadora de los ciudadanos ha dejado claro que, para la época que ahora se inicia, ha pasado el tiempo del Partido Popular.

Desde posiciones diferentes, han coincidido en su deseo de no encomendar al PP la dirección de la vida colectiva en esta nueva legislatura. Lo han hecho con tanta contundencia que el propio Partido Popular ha reconocido que no puede afrontar una investidura con su candidato porque cuenta con una mayoría absoluta contraria a ello.

Es, sin duda, el resultado de cuatro años de gobierno de espaldas a las necesidades de los ciudadanos, de promesas negadas, de compromisos incumplidos, de supresión de derechos, de extensión de la pobreza, de pérdida de la esperanza para millones de españoles, con efectos particularmente devastadores para los jóvenes que afrontan el comienzo de su vida adulta.

Han sido cuatro años en los que se ha confiado demasiado la recuperación económica, por un lado, al deterioro de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y los autónomos y, por otro, a un recorte en el gasto público destinado a luchar contra la desigualdad, asegurar la igualdad de oportunidades y ofrecer seguridad contra las situaciones de necesidad vinculadas con la edad, la enfermedad, la dependencia, la pobreza, la condición de mujer o el desempleo. Han sido cuatro años en los que el sector público nos deja una deuda del 100 por 100 del PIB, un déficit cercano al 5%, un desfase presupuestario en la Seguridad Social de más de 10.000 millones de euros y unos Presupuestos para 2016 que, para cumplirse, necesitarían, según la Comisión Europea, de un recorte del gasto de no menos de 9.000 millones de euros. Cuatro años en los que en el mercado laboral se ha reflejado, mejor que en cualquier otro sitio, las secuelas de la crisis y de las políticas económicas aplicadas por la derecha: una insoportable tasa de paro y un deterioro profundo de la realidad de nuestros trabajadores tanto de los parados, con un descenso de la tasa de cobertura de desempleo y de la protección por el mismo, como de los ocupados, en los que se ha producido una reducción salarial superior al 7%, una importante pérdida de derechos laborales y una duplicación del número de trabajadores sin la protección de un convenio colectivo.

Han sido cuatro años en los que el malestar ciudadano se ha traducido en una desconfianza creciente hacia representantes públicos que han juzgado muchas veces alejados de los problemas de su vida cotidiana. Han sido cuatro años en que se han hecho patentes las insuficiencias del sistema político para hacerse permeable a las reclamaciones de los españoles. Han sido cuatro años en que ha crecido la exigencia de modernizar nuestro sistema político, económico, social, cultural, para hacerlo más participativo, más sólido, más democrático, y más resistente ante una crisis de cualquier naturaleza que pueda afectarnos en el futuro.

Han sido cuatro años, también, en los que la dignidad de nuestra vida en común se ha visto mancillada por la extensión de una corrupción que mina la confianza, destruye el compromiso con los intereses generales, deteriora nuestros recursos públicos y pone en evidencia el funcionamiento de servicios esenciales del Estado, especialmente cuando afecta al entorno mismo del gobierno o de las Administraciones.

Y han sido, en fin, cuatro años en los que hasta la entidad misma de España se ha visto cuestionada por ciudadanos y fuerzas políticas que han hecho de la ruptura de España su única seña de identidad, su único programa político.

Al reclamar el cambio político, al negar su apoyo mayoritario al Partido Popular para que forme un nuevo Gobierno, los ciudadanos están exigiendo, a todos los partidos, políticas diferentes y actitudes distintas.

Pero “no basta despertar cuando amanece: hay que mirar el horizonte” y, por ello, no nos reclaman simplemente que desmontemos decisiones implantadas en estos últimos años. Hay que mirar más atrás para coger impulso y hay que mirar más lejos y más hondo para diseñar un nuevo futuro.

Nos reclaman, así, nuevas políticas en las que la apelación al interés general no sea coartada para hacer recaer su peso sobre las clases medias y trabajadoras que, con su vida y su trabajo diario, hacen posible el bienestar colectivo.

Nuevas políticas para hacer real y definitivo el compromiso con el bienestar de todos y, especialmente, de los desposeídos, de los castigados por la crisis, de los jóvenes sin perspectiva.

Nuevas políticas para asegurar el empleo, para hacer del salario garantía de una vida digna, para comprender que en la educación, la ciencia y la cultura está no sólo la posibilidad del bienestar y el progreso sino el fundamento mismo de la condición de ciudadano y el ejercicio responsable de la libertad.

Nuevas políticas para modernizar nuestro sistema productivo, corregir sus desequilibrios, atender a su sostenibilidad, promover la creatividad y el ingenio, garantizar recursos públicos suficientes para mantener efectivo y desarrollar con coherencia el Estado social.

Nuevas políticas que actualicen nuestro sistema político para asegurar la participación ciudadana; para erradicar la corrupción; para simplificar la estructura y el funcionamiento de los poderes públicos y hacer de la transparencia norma cotidiana de conducta; para posibilitar en términos reales la presencia de la mujer en todos los espacios de la vida pública y privada en condiciones de igualdad efectiva; para impulsar el papel de España en la Unión Europea y, en fin, para resolver los problemas que las Comunidades Autónomas, y especialmente Cataluña, puedan sentir en cuanto a su participación en el proyecto común y en el reconocimiento efectivo de las singularidades que las caracterizan.

No es nada extraordinario. Es, solo, la nueva expresión de las aspiraciones y esperanzas de un pueblo que quiere vivir en paz y libertad, que desea bienestar y oportunidades de progreso para todos.

Por eso, el resultado electoral del 20 de diciembre, como cualquier otro, ni constituye ni puede constituir una situación de emergencia ni exigir una respuesta de esa naturaleza. Es, sólo, un mandato ciudadano para que la política encuentre la fórmula de gobierno que mejor responda a lo que los ciudadanos han exigido con su voto.

Los españoles han expresado esta voluntad pero no han querido atribuir a un solo partido la responsabilidad de hacerla efectiva. Sí han querido, sin embargo, encomendar la satisfacción de sus aspiraciones a quienes, a lo largo de los últimos cuatro años, han encarnado la propuesta de cambio político y a quienes, en la campaña electoral, han formulado su compromiso con ese cambio con propuestas que implican a la vez, un proyecto reformista y un proyecto basado en valores que toman como destinatarios de sus decisiones a la mayoría de los ciudadanos.

Nos han encomendado, así, una tarea para la que la democracia constitucional no nos había preparado de antemano ni nos había ofrecido precedentes. Tenemos la necesidad de darles respuesta creando nuevos instrumentos y nuevas normas de conducta: esa será nuestra primera prueba de compromiso efectivo con los ciudadanos.

El Partido Socialista, como fuerza mayoritaria entre las comprometidas con el cambio, ha asumido la responsabilidad de aceptar el encargo formulado por el Rey para intentar articular una mayoría suficiente que permita la investidura de un nuevo Presidente del Gobierno conforme al sistema previsto en la Constitución.

Es una disposición que sólo se entiende desde la convicción de que, en el nuevo escenario político, existen condiciones suficientes de confluencia entre el propio Partido Socialista y los partidos políticos comprometidos con la estabilidad del sistema constitucional, la integridad del Estado, la reforma de las instituciones políticas, económicas y sociales y el compromiso con los intereses de la mayoría a través de políticas que aseguren el crecimiento económico justo, la protección frente a la necesidad y la lucha por la igualdad.

Es una disposición, también, que exige contrastar esas coincidencias para incorporarlas a un programa de gobierno que convierta el compromiso en decisiones concretas y compartidas para dar respuestas inmediatas a la crisis económica, social, institucional, política y territorial que España atraviesa desde hace ya ocho años; para atender en forma integrada a promover un crecimiento estable y sostenido, reducir la desigualdad y reforzar la democracia; y para, avanzar, día a día, en la construcción de un país moderno dotado de estructuras económicas, sociales y políticas estables y acordes con nuestras capacidades y nuestras necesidades para el siglo XXI.

La atención efectiva a lo que los ciudadanos reclaman solo se verá satisfecha si somos capaces de asumir un acuerdo concreto sobre el contenido de ese programa de gobierno; si somos capaces de mantener una voluntad compartida de llevarlo a cabo en todos los ámbitos a los que se extiende: económico, social, político, institucional; y, especialmente, si ese acuerdo somos capaces de extenderlo a la reforma de la Constitución y al pacto territorial que debe incorporarse a ella.

Vivimos tiempos difíciles y excepcionales que, para afrontarlos con éxito, requieren de todos los partidos políticos, no tanto frentes y confrontación, sino negociación, diálogo, generosidad y acuerdo sobre las iniciativas, las propuestas, los proyectos, los compromisos. Esta es, hoy, la condición, y la garantía, para ofrecer a los ciudadanos un nuevo Gobierno progresista y reformista al servicio de sus necesidades, aspiraciones e intereses.

       

Pero la generosidad y la voluntad de diálogo y acuerdo debemos ofrecerla, y exigirla, de todos los partidos. La naturaleza y el alcance de las reformas que debemos emprender requerirán del concurso de todos y la atención a todos. Sólo así será posible que la nueva etapa que ahora se inicia prolongue sus efectos durante decenios en beneficio de todos los ciudadanos de hoy y también de quienes nos suceda.