Las
leyes estatales que articulan los recortes de la derecha obligan a todas las
administraciones públicas que de no cumplirse serán intervenidas por el PP.
A
pesar de ello, el PSOE evita por todos los medios, dentro de la ley, el impacto
más negativo sobre los y las andaluzas de las medidas de Rajoy.
El gobierno de la Nación, haciendo uso de
mecanismos excepcionales de los que abusó el PP durante el gobierno de Aznar y
que el Tribunal Constitucional cuestionó años después, ha decidido de forma
unilateral el mayor recorte presupuestario y de derechos desde los impuestos
por Franco después de la Guerra Civil.
Al ser normas de carácter estatal avaladas por la
amplísima mayoría absoluta que los y las españolas dieron al PP en las
elecciones generales del 20 de noviembre, y dado que aún ningún tribunal las ha
suspendido, son de aplicación en todo el territorio nacional, incluida
Andalucía.
La Junta de Andalucía, haciendo el máximo uso de su
autogobierno, y no pudiendo incumplir las leyes estatales ya que de otra forma
sería intervenida, ha decidido evitar al máximo los perjuicios de las medidas
del PP sobre el conjunto de la población, especialmente estudiantes,
pensionistas y trabajadores públicos.
Así, Andalucía ha decidido mantener la ratio en Educación
Primaria y Secundaria frente a las imposiciones de Wert, porque
significa defender la calidad de la educación pública y defender a la plantilla
de profesores evitando la pérdida de 3.500 docentes.
Andalucía será la única comunidad que aplicará un precio
único en primeras y segundas matrículas, y sin
distinción por carreras, durante el curso académico 2012‐2013. Además articulará un plan de compensaciones para mitigar el esfuerzo
económico que tendrán que asumir las familias de los universitarios andaluces, ningún alumno o alumna tendrá que
adelantar dinero de su bolsillo.
El Gobierno andaluz ya ha presentado un recurso al TC contra el Real Decreto
que instaura el copago y rompe con el sistema público y universal de salud. Los
socialistas vamos a seguir defendiendo una sanidad
pública y universal basada en la calidad y la igualdad.
Los pensionistas andaluces no tendrán que
adelantar más dinero en medicinas del tope establecido por el
Gobierno del PP. Ninguna persona pagará ni un euro más allá del límite de los 8
ó 18 euros que le corresponda en su factura farmacéutica. La medida de la Junta
de Andalucía evita además un coste burocrático
innecesario.
Andalucía va a utilizar todos los instrumentos a su alcance para seguir protegiendo
a las personas dependientes y a sus familias, ya sea por la vía política o
legal. Los socialistas no vamos a permitir que los más débiles sean los que
paguen la crisis.
El Gobierno central obliga a todas las CCAA a subir la jornada laboral de los empleados
públicos. Si Andalucía aplicara directamente estas medidas supondría la pérdida
de 24.000 puestos de trabajo. Ante esta imposición, Andalucía va a hacer el
ajuste con los siguientes criterios:
- Manteniendo el máximo empleo público
- Sin cerrar servicios públicos
- Sin privatizar
Y vamos a repartir el trabajo y reducir salarios con criterios de progresividad,
protegiendo a las rentas más bajas y con carácter reversible.
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