Para este gobierno no hay límite en los recortes. Los aprobados en el Consejo de Ministros del 13 de julio no serán los últimos. Quieren acabar con todo. Y lo quieren hacer a costa de los de siempre: personas en paro, empleadas y empleados públicos, pensionistas, jóvenes, mujeres e inmigrantes. En su agenda de recortes no figuran las grandes corporaciones empresariales o las rentas más altas. No conviene molestar a los amigos.
En el Congreso de los Diputados, primero, y en Consejo de Ministros, después, el Gobierno ha aprobado el mayor paquete de recortes que se recuerda en democracia. Una agresión sin precedentes, no ya a los derechos de trabajadores y ciudadanos, sino a los fundamentos de la Constitución, y a la propia democracia. Una agresión de consecuencias laborales, sociales, económicas y políticas que ha de tener la respuesta social y sindical adecuada.
El presidente del Gobierno presumió hace tan solo unas semanas de no dejarse presionar por los mercados financieros y las autoridades comunitarias. “En todo caso, he sido yo el que los ha presionado a ellos”, respondió ufano a las preguntas de los informadores. Su cinismo es insuperable. En poco más de quince días, ha acudido raudo a cumplir con las exigencias de Bruselas y ha precipitado la aprobación de cuantos recortes le han indicado, sin que se resquebrajen sus convicciones morales. Al contrario, si nos atenemos a la puesta en escena de las medidas anunciadas -sonrisa, aplausos de la bancada de la derecha y vulgares desprecios de la diputada Fabra incluidos- cabe deducir que, además de sentido de la justicia, a este Gobierno le hace falta una buena dosis de humildad y sensibilidad hacia los sectores más débiles de la sociedad.
De su paquete de recortes, únicamente se salvan los poderosos. Justamente aquellos que más deberían contribuir a superar la crisis y hacer frente a la situación que estamos viviendo. Personas en paro, asalariados, empleadas y empleados públicos, pensionistas, y personas dependientes han sido siempre el blanco preferido del Ejecutivo. Y en esta ocasión no iba a ser menos. El Gobierno vuelve a cargar contra la función pública, a cuyos trabajadores criminaliza, no sin antes eliminar su paga de navidad y reducir sus días de libre disposición; hace más
difícil la vida a las personas en paro, recortando sus prestaciones cuando más lo necesitan y empujando a muchas de ellas a la exclusión social y la pobreza; anuncia inminentes recortes en el sistema público de pensiones; y en su particular agenda de políticas antisociales, asesta un casi definitivo golpe a las personas dependientes y a quienes les atienden.
Por si ello resultara insuficiente, el Gobierno confirma el desmantelamiento de las empresas públicas, aplica una nueva revisión de las tarifas energéticas y baja dos puntos las cotizaciones sociales a los empresarios, lo que afectará a la viabilidad del sistema público de pensiones, algo que quizás pretendan equilibrar -que cruel sarcasmo- con los recortes anunciados a los futuros pensionistas.
En este contexto, la decisión de incrementar el IVA, un impuesto muy injusto porque grava igual a rentas bajas que altas, contraerá aun más el consumo y prolongará la recesión económica. Y la pregunta es inevitable: ¿Para qué elegimos un Gobierno que se saca de la manga un programa oculto y estafa así a la ciudadanía? ¿Qué nos va a quedar del estado social?
Llueve sobre mojado. Desde el primer día, este Gobierno no ha parado de decretar recortes, de despreciar las alternativas del movimiento sindical. Ha gobernado a golpe de decreto lo que deriva en un creciente deterioro de las instituciones democráticas. Invaden la autonomía municipal y las competencias de CCAA, sin importarles el descrédito de la política y la democracia, objetivo que tanto gusta a un sector de la derecha más extrema. Estas medidas vienen a sumarse a la reforma laboral que vulnera la negociación colectiva, recorta derechos y facilita aun más el despido, incrementando las cifras de paro. Dice hacerlo para incentivar la actividad económica, la única capaz de generar empleo; pero la economía sigue estancada y la recesión más fuerte que nunca. Con estas medidas, la situación económica empeorará y el paro superará los 6 millones de personas a finales de 2012.
Recurriremos a todos los instrumentos legales a nuestro alcance para responder a estas medidas. Antes de que acabe el mes de julio celebraremos una Cumbre Social y Sindical para decidir el calendario de movilizaciones. Convocaremos acciones concretas y sectoriales; implicaremos a todos los colectivos que sufren los recortes; haremos confluir la movilización laboral y ciudadana; prepararemos una gran marcha sobre Madrid en septiembre; emplazaremos al Gobierno para que celebre un referéndum a fin de que trabajadores y ciudadanos se pronuncien sobre los recortes; si rechaza la iniciativa será el movimiento social y sindical el que organice una consulta popular, y de acuerdo con el resultado, active la respuesta de movilización más adecuada.
ANTE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE DESMANTELAR
EL ESTADO DE BIENESTAR
· NO VAMOS A PERMITIRLO
· NO VAN A CESAR LAS MOVILIZACIONES
· HAY OTRA POLÍTICA
· HAN DE PAGAR MÁS LOS QUE MÁS TIENEN
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