ENTRA EN VIGOR EL REPAGO QUE SUPONE UNA BAJADA DE PENSIONES Y SALARIOS

La manipulación del PP no puede ocultar que el llamado “copago” es en realidad “repago” que afecta a las familias con menores ingresos: trabajadores y pensionistas.

La Junta de Andalucía evita que la norma del PP se convierta además en una vía de financiación gratis para la Administración. Una vez más se demuestra que no somos iguales a la derecha.

Por primera  vez en la historia de España, y de la mano del PP, EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD ABANDONA SU ETAPA DE REFERENCIA MUNDIAL como garante de una sanidad universal, gratuita, pública y de calidad. El RDL 26/2012, que impone el copago a partir de hoy, 1 de julio, ARREBATA A LOS ESPAÑOLES SU CONDICIÓN DE CIUDADANOS para sustituirla por el concepto economicista de asegurado.

Así, los tratamientos farmacológicos y servicios médicos ya se financian a través de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos en función de nuestra renta. Esta política, que el PP etiqueta de ‘esfuerzo progresivo’, ROMPE EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD PORQUE PENALIZA AL ENFERMO con un repago: el ciudadano contribuye muchos años con aportaciones económicas al sostenimiento del sistema sanitario, aunque no lo use. Cuando lo necesitaba, lo podía utilizar sin ningún coste adicional. Ahora no. Si no lo usa, paga; y cuando lo necesita, paga de nuevo o no tiene acceso a él.

Además, el copago funciona como un impuesto a las rentas del trabajo, un impuesto sobre la enfermedad. Una vez más, en un momento de dificultad económica, la derecha neoliberal PREFIERE DEJAR AL MARGEN A LAS RENTAS DEL CAPITAL PARA CARGAR SOBRE LA MAYORÍA. Para penalizar a las clases medias y trabajadoras creando una ciudadanía de segunda.

UNA BAJADA GENERALIZADA DE LAS PENSIONES.

En la práctica, esta medida equivale a una bajada generalizada de las pensiones, ya que ESTE NUEVO GASTO SUPERA EL 1% DE SUBIDA que el Gobierno de RAJOY decretó a principios de año. Así, 1.679.801 pensionistas andaluces serán obligados a  contribuir con entre el 10% y el 60% del coste del tratamiento hasta un máximo mensual que oscila entre los 8 y los 60 euros. Esta medida CRIMINALIZA A LOS PACIENTES CRÓNICOS, PLURIPATOLÓGICOS Y CON ENFERMEDADES RARAS Y PENALIZA A LA CLASE MEDIA TRABAJADORA, PARADOS Y JUBILADOS. No olvidemos además que estos últimos, y dada la actual coyuntura de crisis, están soportando cargas familiares extra con hijos en desempleo y el cuidado  o manutención de nietos.

El 85% (1.414.873 pensionistas) estará en el tramo que según la norma deberán pagar 8 euros al mes. 260.895 abonarán hasta 18 euros al mes y 4.033 pensionistas (el 0,2%) hasta 60 euros mensuales.

Además, 1.169.228 andaluces en activo tendrán que pagar más al retirar sus medicinas de las farmacias: 1.148.402 aportarán el 50% del coste (aquella  población que antes asumía el 40% y tiene una renta anual de 18.000 a 100.000 euros) y 20.826 usuarios abonarán el 60% (con una renta por encima de los 100.000 euros y también con una contribución anterior al RDL del 40%).

Y todo ello sin servir para el fin que intenta justificar dicha medida. El ahorro argumentado por el PP como excusa para dar luz verde al RDL 16/2012 no es real. Si se ampliaran al conjunto del Estado medidas de eficiencia como las impulsadas en Andalucía (la SUBASTA DE MEDICAMENTOS, recurrida por el PP y que supondría un mayor ahorro que el copago), el Estado dispondría de 10.000 millones de euros. Nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más baratos de nuestro entorno.

ANDALUCÍA ES LA ALTERNATIVA.

Según la norma, las comunidades autónomas dispondrán de un plazo de hasta seis meses para reembolsar a los usuarios las cantidades pagadas por encima de los límites establecidos para su renta, con lo que habrá pensionistas que se vean obligados a hacer grandes desembolsos mensualmente.

Para evitar esto y paliar el impacto que el repago tendrá en la economía familiar de miles de andaluces, la Receta XXI (RECETA ELECTRÓNICA) ha permitido que la Junta de Andalucía implante desde hoy, 1 de julio, una fórmula para que NINGUNA PERSONA PAGUE NI UN EURO MÁS ALLÁ DEL LÍMITE de los 8 ó 18 euros que le corresponda.

Gracias a la estrategia digital Diraya, se cruzarán los datos clínicos de los pacientes andaluces con la información económica y laboral del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Así, Salud podrá actualizar mensualmente en qué situación laboral se encuentra el ciudadano y hasta cuánto le corresponde pagar. Una medida que además MINIMIZA EL COSTE BUROCRÁTICO de la ejecución de los abonos.

El PSOE está dando ALTERNATIVAS QUE EVITARÍAN ESTOS RECORTES Y EL COPAGO: Mejor gestión del gasto farmacéutico, subida de los impuestos al tabaco y alcohol o la creación del impuesto a las grandes fortunas.