EL PP PREPARA LA PRIVATIZACIÓN COMPLETA DE LOS AYUNTAMIENTOS REDUCIENDO A LA MÍNIMA EXPRESIÓN LA REPRESENTACIÓN CIUDADANA
La iniciativa del PP de reducir a la mínima expresión la gestión municipal, reduciendo concejales, es la antesala de un macroproceso privatizador que el PP pretende llevar a cabo en los próximos años.
Rubalcaba se ha manifestado en estos términos en un acto celebrado en Toledo a propósito de la inminente modificación de la administración local, que el Gobierno podría llevar al próximo Consejo de Ministros. El líder socialista ha protagonizado una encendida defensa del municipalismo, que está “en nuestro ADN”, porque “somos un partido de alcaldes y concejales”.
Debilitar el poder popular, representado por concejales y diputados, con menos número y a tiempo particial, a la vez que aumentan la contratación de cargos a dedo con salarios superiores a los representantes del pueblo, es la estrategia para impedir el control democrático del poder.
El PP prepara el próximo “golpe” a la Constitución Española de 1978, para impedir el control del poder. El “ensayo” general lo ha puesto en marcha la presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, al eliminar los salarios de los y las parlamentarias de esa Comunidad, sustituyéndolos por dieta.
Ello ha obligado a que los parlamentarios de la oposición que estaban a tiempo completo controlando al gobierno, ahora deban dedicarse a ello a tiempo parcial, ya que han tenido que regresar a sus puestos de trabajo, lo que les impide en muchos casos dedicar más que unas pocas horas a su responsabilidad. Ello favorece que sean los políticos que pueden vivir de las rentas, fundamentalmente del PP, los que puedan dedicarse a la cosa pública.
Esta estrategia se pretende trasladar a los ayuntamientos, reduciendo al máximo el número de concejales. Esto provocará en el caso de la ciudad de Sevilla, la imposibilidad real de la oposición de controlar al poder, mecanismo fundamental de la democracia.
LA REFORMA LOCAL DE RAJOY PRETENDE “QUITAR DEMOCRACIA”
Así, el Secretario General, Alfredo Pérez Rubalcaba expresó ayer la oposición del PSOE a la reforma de la ley de régimen local que prepara el Gobierno de Rajoy, que no busca ahorrar “sino cargarse concejales” y “quitar democracia”, algo que en el PSOE “no vamos a tolerar”.
Rubalcaba se ha manifestado en estos términos en un acto celebrado en Toledo a propósito de la inminente modificación de la administración local, que el Gobierno podría llevar al próximo Consejo de Ministros. El líder socialista ha protagonizado una encendida defensa del municipalismo, que está “en nuestro ADN”, porque “somos un partido de alcaldes y concejales”.
El número uno del PSOE señaló que su partido se había avenido al diálogo con el PP, pero el acuerdo ha resultado imposible “porque el PP ha tratado de imponer su modelo” y ahora trata de justificar la reforma local ante la opinión pública con “liebres falsas”, como la eliminación de concejales. “Están criminalizando a concejales que no cobran nada, porque el 80% de los ediles no perciben prácticamente nada, y no vamos a permitir que se les criminalice”, recordó Rubalcaba, quien trajo a colación el enorme costo que representan los asesores nombrados a dedo en ayuntamientos como el de Madrid.
Rubalcaba considera que la reforma planteada por el PP no sale al paso “de ningún problema” de los ayuntamientos y busca utilizar la crisis “como coartada” para aplicar sus políticas y encubrir una “privatización preparada” de servicios públicos. Por ello, y a pesar de que el PSOE ha intentado “sinceramente” un acuerdo sobre cuestiones que juzga necesarias –como la revisión de estructuras locales, la eliminación de duplicidades o la revisión de la financiación local-, el pacto no ha sido posible. “¿Por qué lo llaman racionalización si están hablando de privatización?, ¿por qué hablan de intereses generales si están hablando de negocio privado?”, se preguntó el Secretario General, para quien la respuesta está clara: si hablaran con claridad en esta materia “perderían el apoyo de los ciudadanos, que no quieren que con sus servicios públicos y sociales se hagan negocios privados. Y por eso nos oponemos rotundamente”.
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