Nauseabundo. En este
momento, la basura escondida bajo las alfombras del poder político y económico
de España durante los años de bonanza, están saliendo a borbotones para
sorpresa y escándalo de todas y todos.
Por ello, la dirección del
Partido socialista se desmarca de cualquier propuesta que suponga volver a
esconder la mierda debajo de la alfombra y propone al conjunto de partidos
políticos 33 medidas para sajar el furúnculo de la corrupción en España,
limpiar en profundidad y permitir que esta odiosa etapa se cierre sobre unas
bases firmes de rearme moral y ético.
Ayer
se hizo pública las 33 medidas que sustentará la Proposición de Ley del
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y Diputadas,
como base de acuerdo con el conjunto del arco parlamentario, para intentar por
todos los medios que la situación producida en las últimas décadas y que
estamos conociendo ahora, no se vuelvan a repetir.
Una
estrategia que pretende que la investigaciones sobre corrupción sean rápidas y
eficaces, se recupere al máximo el dinero defraudado y se asegure una dureza
suficiente ante unos delitos realmente repugnantes.
Estas
33 medidas son las siguientes:
En
materia de lucha contra la corrupción, se propone actuar en ocho campos como
son la modificación del Código Penal para revisar los delitos de Prevaricación,
Cohecho, Tráfico de influencias, Fraudes y exacciones ilegales para mejorar la
tipificación de las conductas punibles y/o incrementar las penas.
La
incorporación de una cláusula genérica de agravamiento para otros delitos
(apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública
y la Seguridad Social ,
320, 322 y 329…) cuando sean cometidos por autoridad o cargo público.
El
incremento de la duración de las penas (principales o accesorias) de
inhabilitación.
La
revisión de las normas reguladoras de la responsabilidad civil derivada de
delitos para asegurar que, en los supuestos de corrupción, las consecuencias
del delito se satisfacen con todos los bienes y derechos del condenado y, con
las garantías debidas, los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o
testaferros.
A
estos efectos, se preverá que los jueces y tribunales que conozcan de la causa
puedan declarar la nulidad de los actos o negocios jurídicos en virtud de los
cuales se hayan transmitido, gravado o modificado la titularidad real o
derechos relativos a los bienes y efectos.
Igualmente,
los jueces y tribunales que conozcan de una causa por estos delitos y aprecien
indicios de que familiares u otras personas cercanas al presunto autor han
experimentado un incremento patrimonial que no puedan justificar, puedan llevar
a cabo las investigaciones oportunas para determinar el origen de dicho
patrimonio y en su caso, adoptar cualquiera de las medidas previstas en el
párrafo anterior.
También
plantea la modificación de la
Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, que atribuya a la Audiencia Nacional de la instrucción y el
enjuiciamiento de los delitos de corrupción política, y la revisión del proceso
penal para establecer un procedimiento preferente y sumario, en el caso de
estos delitos, de forma que puedan enjuiciarse y castigar a los responsables de
forma rápida.
También
se propone la modificación de la
Ley General Tributaria, modificando de los artículos 95 y
concordantes de la Ley
General Tributaria para revisar la regulación del secreto
fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias de
cuantía superior a 30.000 € y la identidad de sus autores.
Se
incluye asimismo la modificación de la
Ley de contratos del sector público, con la inclusión de
nuevas conductas delictivas entre las ya previstas en la Ley como causantes de
prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.
Y
fortalecer la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos, así
como la reducción de los supuestos de admisión de contratos del sector público
adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad.
Otra
de las leyes que se proponen modificar es la Ley de Subvenciones, introduciendo la prohibición
de obtener subvenciones, bonificaciones y ayudas de las administraciones
públicas para los condenados por delitos de corrupción política.
Para
evitar un abuso del indulto, se propone modificación de la Ley reguladora de la Gracia de Indulto, prohibiendo
los indultos en el caso de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio
de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de
obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.
Se
incluye como propuesta la modificación de la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas para establecer expresamente la obligación de colaboración
con el Tribunal de Cuentas por parte de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, la
Administración de la Seguridad Social
y la Oficina
de Conflictos de Intereses, así como de cualquier órgano administrativo,
agencia, organismo autónomo o entidad pública empresarial de cualquiera de las
administraciones públicas.
Y
otras medidas en materia de lucha contra la corrupción que proponen los y las
socialistas es la creación de una Oficina Anticorrupción, con capacidad de
actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y de las
Administraciones Locales, con competencia para revisar las actuaciones y
procedimientos con alcance económico y capacidad para exigir las
responsabilidades que puedan derivarse de ellos.
Esta
Oficina debería actuar de acuerdo con un plan anual que incluiría actuaciones
programadas, aleatorias y derivadas de denuncia, podrá relacionarse
directamente con la Fiscalía ,
con la AEAT y
con la Oficina
de Conflictos de Intereses y actuará en las Comunidades Autónomas tras la firma
de los correspondientes acuerdos de colaboración
El
establecimiento del cese obligatorio de los altos cargos en el momento en el
que sean llamados definitivamente a juicio oral a título de imputados o
procesados por delitos de corrupción política. Y la suspensión de los parlamentarios y
concejales en el momento en el que sean llamados a juicio oral a título de
imputados o procesados por delitos de corrupción política, que se transformará
en cese en el momento en que sean condenados. Durante el período de suspensión
pasará a desempeñar sus funciones quien ocupe el siguiente lugar en la
candidatura.
Por
último, en el capítulo de lucha contra la corrupción, el PSOE propone la
prohibición de nombrar como Altos Cargos en todas las Administraciones Públicas
a quienes se hallen incursos en juicio oral a título de imputados o procesados
por delitos de corrupción política e incorporar en la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General de una causa de inelegibilidad para quienes, en el
momento de aprobación de listas electorales, se hallen incursos en juicio oral
a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política
HAY
QUE REGENERAR NUESTRA DEMOCRACIA
Pero
no sólo hay que luchar contra la corrupción. Para el PSOE también es fundamental
regenerar nuestra democracia, con un sistema político con mayor firmeza moral
que promueva comportamientos éticos.
Por
ello, el documento de las y los socialistas proponen cambiar el régimen
jurídico de los partidos políticos para establecer un sistema de participación
de, al menos, los afiliados en la elección de los responsables máximos del
partido mediante sufragio activo libre, directo y secreto; el establecimiento
de un período máximo de cuatro años para la reunión del máximo órgano del
partido; el establecimiento de un sistema formal de reclamaciones y recursos
dotado de garantías frente a acuerdos y/o decisiones de los órganos de
dirección de los partidos; la previsión específica en los Estatutos de los
partidos políticos de suspensión o anulación de afiliación y militancia en los
supuestos de corrupción; y la creación de la figura del defensor del militante.
Y
en relación a la ley de Transparencia, los socialistas proponen incluir la publicidad
activa específica de los procesos de adjudicación de campañas de publicidad
institucional, así como la publicidad activa específica de los acuerdos sobre
suelo y ordenación urbana. También proponen la regulación de los lobbies.
Otras
de las 33 medidas de los y las socialistas, incluyen el establecimiento de un
límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del
Gobierno; la modificación del procedimiento para la designación de miembros de
órganos constitucionales y otros órganos cuya designación corresponde a las
Cámaras (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal
de Cuentas, Defensor del Pueblo y sus Adjuntos, Corporación RTVE) y organismos
reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores,
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia …) para
incluir convocatorias públicas de las vacantes a cubrir; la evaluación de la
competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición
profesional variable, cuyo miembros sean designados para cada ocasión por
insaculación entre los propuestos proporcionalmente por los grupos
parlamentarios al inicio de cada legislatura y, para la primera designación, en
el mes siguiente a la aprobación de esta norma. Los informes serán públicos; sesiones
de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y, en su caso, del
Senado; supresión de la facultad de los parlamentarios y otros cargos públicos
de declarar por escrito cuando sean llamados como testigos; y propuesta de
limitación y reducción de aforamientos.
El
último gran paquete de medidas para fomentar la regeneración del sistema
político español que defienden las y los socialistas, incluyen propuestas
relativas al Reglamento del Congreso en materia de Estatuto de los Diputados,
como la dedicación exclusiva de los parlamentarios; la exigencia de obtener y
presentar, al inicio y al final de su mandato, certificaciones de la
correspondiente Administración Tributaria que acrediten, tanto el cumplimiento
de las obligaciones con la
Hacienda Pública y la inexistencia de deudas tributarias
vencidas y exigibles, como la situación patrimonial y las variaciones que en
ésta se hayan producido durante el tiempo en que se hayan desarrollado sus
funciones; y el establecimiento del modelo único de declaración de bienes para
su publicación que refleje, como mínimo, los datos relativos a todos los bienes
y derechos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, todos ellos
con desglose de los mismos y cuantificación de su valor, así como de seguros,
deudas y obligaciones patrimoniales –con identificación del acreedor– de los
que sean titulares.
El
PSOE también incluye la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley reguladora
del ejercicio del alto cargo de la Administración General
del Estado, actualmente en tramitación, para que el período de incompatibilidad
para altos cargos pase de ser de dos años de duración a cinco años para quienes
pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hayan tenido
responsabilidades de regulación o gestión (puerta giratoria).
La
remisión anual a las Cortes Generales por el Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas de un Informe detallado por cada uno de los
Departamentos Ministeriales de los gastos de representación de todos los Altos
Cargos (fórmulas para extender esta obligación al conjunto de los órganos
constitucionales).
La
publicación íntegra de los certificados de estar al corriente en el
cumplimiento de obligaciones tributarias, de los datos fiscales sometidos y
exentos del IRPF siguientes y de la declaración anual del IRPF, con el único
límite de aquellos datos especialmente protegidos por la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.
La
exigencia para los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General
del Estado de obtener y presentar, al inicio y al final de su mandato,
certificaciones de la correspondiente Administración Tributaria que acrediten,
tanto el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública
y la inexistencia de deudas tributarias vencidas y exigibles, como la situación
patrimonial y las variaciones que en ésta se hayan producido durante el tiempo
en que se hayan desarrollado sus funciones (extensión de esta exigencia a los
parlamentarios).
El
establecimiento, como norma básica aplicable a todas las administraciones
públicas, de un modelo único de declaración de bienes para su publicación que
refleje, como mínimo, los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre
bienes inmuebles y sobre actividades económicas, todos ellos con desglose de
los mismos y cuantificación de su valor, así como de seguros, deudas y
obligaciones patrimoniales –con identificación del acreedor- de los que sean
titulares.
El
establecimiento, como norma básica aplicable a todas las administraciones
públicas, de un modelo único declaración de intereses y actividades de los
cargos públicos, para su publicación.
También
se propondrá que la Oficina
de Conflictos de Intereses se adscriba a la Presidencia del
Gobierno y actúe con plena autonomía funcional.
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