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EL GRUPO SOCIALISTA EN EL CONGRESO ESTABLECE 33 MEDIDAS PARA ATACAR LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA

Nauseabundo. En este momento, la basura escondida bajo las alfombras del poder político y económico de España durante los años de bonanza, están saliendo a borbotones para sorpresa y escándalo de todas y todos.

Por ello, la dirección del Partido socialista se desmarca de cualquier propuesta que suponga volver a esconder la mierda debajo de la alfombra y propone al conjunto de partidos políticos 33 medidas para sajar el furúnculo de la corrupción en España, limpiar en profundidad y permitir que esta odiosa etapa se cierre sobre unas bases firmes de rearme moral y ético.

Ayer se hizo pública las 33 medidas que sustentará la Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados y Diputadas, como base de acuerdo con el conjunto del arco parlamentario, para intentar por todos los medios que la situación producida en las últimas décadas y que estamos conociendo ahora, no se vuelvan a repetir.

Una estrategia que pretende que la investigaciones sobre corrupción sean rápidas y eficaces, se recupere al máximo el dinero defraudado y se asegure una dureza suficiente ante unos delitos realmente repugnantes.

Estas 33 medidas son las siguientes:

En materia de lucha contra la corrupción, se propone actuar en ocho campos como son la modificación del Código Penal para revisar los delitos de Prevaricación, Cohecho, Tráfico de influencias, Fraudes y exacciones ilegales para mejorar la tipificación de las conductas punibles y/o incrementar las penas.

La incorporación de una cláusula genérica de agravamiento para otros delitos (apropiación indebida, receptación y blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, 320, 322 y 329…) cuando sean cometidos por autoridad o cargo público.

El incremento de la duración de las penas (principales o accesorias) de inhabilitación.

La revisión de las normas reguladoras de la responsabilidad civil derivada de delitos para asegurar que, en los supuestos de corrupción, las consecuencias del delito se satisfacen con todos los bienes y derechos del condenado y, con las garantías debidas, los que pudiesen figurar a nombre de sus allegados o testaferros.

A estos efectos, se preverá que los jueces y tribunales que conozcan de la causa puedan declarar la nulidad de los actos o negocios jurídicos en virtud de los cuales se hayan transmitido, gravado o modificado la titularidad real o derechos relativos a los bienes y efectos.

Igualmente, los jueces y tribunales que conozcan de una causa por estos delitos y aprecien indicios de que familiares u otras personas cercanas al presunto autor han experimentado un incremento patrimonial que no puedan justificar, puedan llevar a cabo las investigaciones oportunas para determinar el origen de dicho patrimonio y en su caso, adoptar cualquiera de las medidas previstas en el párrafo anterior.

También plantea la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuya a la Audiencia Nacional de la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de corrupción política, y la revisión del proceso penal para establecer un procedimiento preferente y sumario, en el caso de estos delitos, de forma que puedan enjuiciarse y castigar a los responsables de forma rápida.

También se propone la modificación de la Ley General Tributaria, modificando de los artículos 95 y concordantes de la Ley General Tributaria para revisar la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias de cuantía superior a 30.000 € y la identidad de sus autores.

Se incluye asimismo la modificación de la Ley de contratos del sector público, con la inclusión de nuevas conductas delictivas entre las ya previstas en la Ley como causantes de prohibición de contratar con las Administraciones Públicas.

Y fortalecer la prohibición del fraccionamiento artificial de los contratos, así como la reducción de los supuestos de admisión de contratos del sector público adjudicados mediante procedimiento negociado sin publicidad.

Otra de las leyes que se proponen modificar es la Ley de Subvenciones, introduciendo la prohibición de obtener subvenciones, bonificaciones y ayudas de las administraciones públicas para los condenados por delitos de corrupción política.

Para evitar un abuso del indulto, se propone modificación de la Ley reguladora de la Gracia de Indulto, prohibiendo los indultos en el caso de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero.

Se incluye como propuesta la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para establecer expresamente la obligación de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Administración de la Seguridad Social y la Oficina de Conflictos de Intereses, así como de cualquier órgano administrativo, agencia, organismo autónomo o entidad pública empresarial de cualquiera de las administraciones públicas.

Y otras medidas en materia de lucha contra la corrupción que proponen los y las socialistas es la creación de una Oficina Anticorrupción, con capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público del Estado y de las Administraciones Locales, con competencia para revisar las actuaciones y procedimientos con alcance económico y capacidad para exigir las responsabilidades que puedan derivarse de ellos.

Esta Oficina debería actuar de acuerdo con un plan anual que incluiría actuaciones programadas, aleatorias y derivadas de denuncia, podrá relacionarse directamente con la Fiscalía, con la AEAT y con la Oficina de Conflictos de Intereses y actuará en las Comunidades Autónomas tras la firma de los correspondientes acuerdos de colaboración

El establecimiento del cese obligatorio de los altos cargos en el momento en el que sean llamados definitivamente a juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política.  Y la suspensión de los parlamentarios y concejales en el momento en el que sean llamados a juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política, que se transformará en cese en el momento en que sean condenados. Durante el período de suspensión pasará a desempeñar sus funciones quien ocupe el siguiente lugar en la candidatura.

Por último, en el capítulo de lucha contra la corrupción, el PSOE propone la prohibición de nombrar como Altos Cargos en todas las Administraciones Públicas a quienes se hallen incursos en juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política e incorporar en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de una causa de inelegibilidad para quienes, en el momento de aprobación de listas electorales, se hallen incursos en juicio oral a título de imputados o procesados por delitos de corrupción política

HAY QUE REGENERAR NUESTRA DEMOCRACIA

Pero no sólo hay que luchar contra la corrupción. Para el PSOE también es fundamental regenerar nuestra democracia, con un sistema político con mayor firmeza moral que promueva comportamientos éticos.

Por ello, el documento de las y los socialistas proponen cambiar el régimen jurídico de los partidos políticos para establecer un sistema de participación de, al menos, los afiliados en la elección de los responsables máximos del partido mediante sufragio activo libre, directo y secreto; el establecimiento de un período máximo de cuatro años para la reunión del máximo órgano del partido; el establecimiento de un sistema formal de reclamaciones y recursos dotado de garantías frente a acuerdos y/o decisiones de los órganos de dirección de los partidos; la previsión específica en los Estatutos de los partidos políticos de suspensión o anulación de afiliación y militancia en los supuestos de corrupción; y la creación de la figura del defensor del militante.

Y en relación a la ley de Transparencia, los socialistas proponen incluir la publicidad activa específica de los procesos de adjudicación de campañas de publicidad institucional, así como la publicidad activa específica de los acuerdos sobre suelo y ordenación urbana. También proponen la regulación de los lobbies.

Otras de las 33 medidas de los y las socialistas, incluyen el establecimiento de un límite de dos mandatos consecutivos para ejercer la Presidencia del Gobierno; la modificación del procedimiento para la designación de miembros de órganos constitucionales y otros órganos cuya designación corresponde a las Cámaras (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y sus Adjuntos, Corporación RTVE) y organismos reguladores (Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia…) para incluir convocatorias públicas de las vacantes a cubrir; la evaluación de la competencia e idoneidad de los candidatos por un Comité Asesor de composición profesional variable, cuyo miembros sean designados para cada ocasión por insaculación entre los propuestos proporcionalmente por los grupos parlamentarios al inicio de cada legislatura y, para la primera designación, en el mes siguiente a la aprobación de esta norma. Los informes serán públicos; sesiones de audiencia en las correspondientes comisiones del Congreso y, en su caso, del Senado; supresión de la facultad de los parlamentarios y otros cargos públicos de declarar por escrito cuando sean llamados como testigos; y propuesta de limitación y reducción de aforamientos.

El último gran paquete de medidas para fomentar la regeneración del sistema político español que defienden las y los socialistas, incluyen propuestas relativas al Reglamento del Congreso en materia de Estatuto de los Diputados, como la dedicación exclusiva de los parlamentarios; la exigencia de obtener y presentar, al inicio y al final de su mandato, certificaciones de la correspondiente Administración Tributaria que acrediten, tanto el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública y la inexistencia de deudas tributarias vencidas y exigibles, como la situación patrimonial y las variaciones que en ésta se hayan producido durante el tiempo en que se hayan desarrollado sus funciones; y el establecimiento del modelo único de declaración de bienes para su publicación que refleje, como mínimo, los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación de su valor, así como de seguros, deudas y obligaciones patrimoniales –con identificación del acreedor– de los que sean titulares.

El PSOE también incluye la presentación de enmiendas al Proyecto de Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, actualmente en tramitación, para que el período de incompatibilidad para altos cargos pase de ser de dos años de duración a cinco años para quienes pretendan incorporarse ex novo a empresas del sector sobre el que hayan tenido responsabilidades de regulación o gestión (puerta giratoria).

La remisión anual a las Cortes Generales por el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas de un Informe detallado por cada uno de los Departamentos Ministeriales de los gastos de representación de todos los Altos Cargos (fórmulas para extender esta obligación al conjunto de los órganos constitucionales).

La publicación íntegra de los certificados de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias, de los datos fiscales sometidos y exentos del IRPF siguientes y de la declaración anual del IRPF, con el único límite de aquellos datos especialmente protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal.

La exigencia para los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado de obtener y presentar, al inicio y al final de su mandato, certificaciones de la correspondiente Administración Tributaria que acrediten, tanto el cumplimiento de las obligaciones con la Hacienda Pública y la inexistencia de deudas tributarias vencidas y exigibles, como la situación patrimonial y las variaciones que en ésta se hayan producido durante el tiempo en que se hayan desarrollado sus funciones (extensión de esta exigencia a los parlamentarios).

El establecimiento, como norma básica aplicable a todas las administraciones públicas, de un modelo único de declaración de bienes para su publicación que refleje, como mínimo, los datos relativos a todos los bienes y derechos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, todos ellos con desglose de los mismos y cuantificación de su valor, así como de seguros, deudas y obligaciones patrimoniales –con identificación del acreedor- de los que sean titulares.

El establecimiento, como norma básica aplicable a todas las administraciones públicas, de un modelo único declaración de intereses y actividades de los cargos públicos, para su publicación.

También se propondrá que la Oficina de Conflictos de Intereses se adscriba a la Presidencia del Gobierno y actúe con plena autonomía funcional.

Por último, el PSOE propone modificaciones del Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas (enmiendas al proyecto en tramitación), incluyendo la reducción significativa de la cuantía máxima permitida de donaciones dinerarias provenientes de personas físicas, así como la tipificación e incorporación en el Código Penal del delito de financiación ilegal de partidos políticos para sancionar tanto a quien financia como a quien es financiado, asegurar la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, por aplicación de las normas de responsabilidad civil derivada del delito o mediante multas añadidas a las penas privativas de libertad y de derechos. 

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