Las últimas
medidas del gobierno de la Junta
de Andalucía, presidido por el socialista José Antonio Griñán ha puesto en un
brete a los gobiernos de derecha de toda España al avanzar en medidas para
salvar a las personas y no a las sociedades anónimas.
La última
iniciativa, el Plan de Acción Social, culmina actuaciones en otros campos como
la educación, la vivienda y la sanidad, se convierte en un referente para
millones de españolas y españoles que ven como sus gobiernos autonómicos del PP
se han convertido en máquinas de destruir sus vidas y las de sus familias.
Cien millones de euros (más de 16.500 millones de pesetas) será el
presupuesto destinado por el gobierno andaluz al Plan de Acción Social para
luchar contra la exclusión social, con medidas concretas, realistas y adecuadas
En el
mismo, se incluyen varios frentes para atajar la situación de emergencia social
en la que viven decenas de miles de familias de toda Andalucía, especialmente
en barrios como los de San Jerónimo, habitados por personas trabajadoras y
honradas que se enfrentan al terror del paro, el hambre y el desahucio.
Así, se
pretende crear empleo a través de los ayuntamientos de la Comunidad , con un plan
de acción social, gestionado por los servicios sociales comunitarios, que hará hincapié
en la aplicación de la Ley
de Dependencia. También se desarrollará un programa de solidaridad alimentaria, al que se destinarán 16
millones de euros, para que todos los niños tengan garantizadas al menos tres
comidas consistentes al día a través de los comedores escolares, los centros de
día o la colaboración con ONG.
Pero estas medidas vienen a complementar otras
puestas en marcha, como las articuladas a través del Decreto Ley para
garantizar la función social de la vivienda, que ha provocado la ira de la
derecha más pendiente de los intereses de las entidades bancarias que de los y
las ciudadanas.
También se complementa a los más de 500 millones
de euros del plan de choque de empleo, con 21 medidas que se centran, sobre
todo, en los jóvenes y parados de larga duración (el objetivo es generar más de
41.000 puestos de trabajo y mantener otros 150.000).
MANTENER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN
EDUCACIÓN Y SANIDAD
El Partido
Socialista, mayoritario en el gobierno de la Junta de Andalucía, está trabajando
incansablemente en la defensa del Estado del Bienestar que hemos construido en
España, tras los sucesivos gobiernos socialistas, y que la actual crisis,
combinada con los violentos gobiernos del PP, amenaza con llevarse por delante.
En esta
defensa se incardina la negativa de la
Junta de Andalucía a aumentar la ratio de
alumnos por aula, el mantenimiento de las becas, la gratuidad del transporte
escolar y los libros de texto, la ampliación de la red de comedores escolares y
de aulas matinales y la subida mínima de las tasas universitarias, de la
horquilla impuesta por el gobierno nacional del PP.
Y también en sanidad el gobierno de izquierda andaluz
trabaja en poder ahorrar sin recortar derechos ciudadanos, con
iniciativas como la subasta de medicamentos (que el gobierno de la derecha se
dedica a boicotear en el Tribunal Constitucional con poca fortuna pero
generando un retraso intolerable) o la extensión de la atención primaria y la
cirugía mayor ambulatoria.
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