ENTRA EN VIGOR EL DECRETO LEY SOBRE VIVIENDA QUE DEMUESTRA QUE EN ANDALUCÍA SÍ SE GOBIERNA EN BENEFICIO DE TODOS

Imagen del desahucio paralizado en San Jerónimo el 21 de noviembre de 2012

Andalucía ha vuelto a liderar la respuesta progresista a los problemas que la crisis está provocando en España, al aprobar un Decreto Ley que paliará los problemas de decenas de miles de familias andaluzas amenazadas de desahucios o sin posibilidad de alcanzar un alquiler social.

El gobierno del PSOE e IU demuestra una vez más que es la alternativa natural de la izquierda para resolver los problemas sociales por los que atraviesa el país, frente a un PP que ha tumbado en solitario la Iniciativa Legislativa Popular de la Plataforma de Afectados por los Desahucios.

La Constitución Española de 1978 reconoce la utilidad social de la propiedad y califica de derecho el acceso a una vivienda digna. Por ello, el Parlamento de Andalucía incluyó en el nuevo Estatuto de Autonomía, con el apoyo unánime de la cámara incluido el PP, de la obligación del gobierno andaluz de asegurar dicho derecho.

La evolución lógica a dichos compromisos se ha plasmado en el Decreto Ley de Medidas para Asegurar el Cumplimiento de la Función Social de la Vivienda, que ha entrado en vigor en el día de hoy.

El Decreto-Ley andaluz da respuesta contundente a una situación de evidente emergencia social y a una insistente demanda ciudadana, y supone un ejercicio de defensa del interés general frente a los intereses particulares y contrasta con la política del gobierno central a los dictados de la banca y los mercados.

Las medidas contenidas en el Decreto Ley que ha entrado en vigor hoy pivotan sobre dos ejes: el fomento del alquiler y la expropiación temporal de las viviendas para garantizar la protección de las familias en riesgo de exclusión social.

La medida más polémica pero sin duda las más valiente y eficaz para detener la sangría de los desahucios, es el mecanismo en procedimientos de desalojo instados por entidades financieras y sus filiales inmobiliarias o por entidades de gestión de activos.

En este caso, la Junta abonará a estas entidades el 2% del justiprecio, la cantidad por la que la vivienda se haya adjudicado en subasta y la “intervención” del inmueble será por un periodo máximo de tres años.

Las familias que lo soliciten tendrán que cumplir unos requisitos, como son que la vivienda sea habitual y permanente; que la  finalidad del préstamo bancario fuera para el pago de la casa; y que se acredite por parte de los servicios sociales que el desalojo pueda generar una situación de exclusión social.

OTRAS MEDIDAS DEL GOBIERNO ANDALUZ PARA LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES

A esta medida de apoyo a las familias amenazadas con el desahucio o privadas de vivienda, se une a las medidas puestas en marcha por los y las socialistas como son el Plan de Choque por el Empleo, el Plan Extraordinario de Acción Social, el Programa del Salario Social y la Red Solidaria Alimentaria, que ha movilizado 550 millones de euros.

Asimismo, la Junta de Andalucía destinará 150 millones a favorecer la inserción laboral de los jóvenes andaluces.