ESPADAS RECHAZA LA "CONTRARREFORMA" DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RAJOY QUE ENTIERRA A LOS AYUNTAMIENTOS
Juan Espadas reclama que Zoido debata hoy en el Pleno la propuesta del Grupo Socialista en la que se solicita la retirada del anteproyecto de reforma de la administración, un compromiso por el mantenimiento de los servicios públicos y que se pida al Gobierno central un trato diferencial para las grandes capitales en el reparto de competencias
El portavoz del Grupo Socialista ha advertido de que con el anteproyecto difundido por el Ministerio de Hacienda el Ayuntamiento no podría prestar servicios en materia de Servicios sociales, las políticas de empleo o el mantenimiento de los colegios además de tener que cumplir unos criterios de rentabilidad en Tussam o Lipasam que harían difícil su continuidad como empresas públicas
El portavoz del Grupo Socialista, Juan Espadas, presentó ayer la moción que se defenderá en el Pleno de hoy en la que se solicita la retirada del anteproyecto de reforma del régimen de la administración local impulsado por el Gobierno central del PP, un compromiso del Pleno municipal por el mantenimiento de los servicios públicos locales y que se modifique la normativa para que las grandes capitales tengan un marco competencial más amplio en la ley en vez de tener el mismo margen que el resto de municipios de más de 20.000 habitantes. “Emplazo al alcalde a que debata conmigo esta contrarreforma de la administración local, que rompe el esquema de trabajo de estos últimos años y devuelve a los ayuntamientos a un sistema similar al de los años 50. Es un reforma inconstitucional, que trata a los ayuntamientos como menores de edad bajo la tutela del Gobierno central, desmantela sus competencias y deja a los alcaldes en un papel de meros gerentes de los ayuntamientos sin capacidad de actuación. La crisis ha sido la excusa para una reforma puramente ideológica”, explicó el portavoz del Grupo Socialista, Juan Espadas.
Espadas incidió en el efecto que tendrá el nuevo reparto de competencias para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes en los servicios que hasta ahora presta el Ayuntamiento de Sevilla. “Si hasta ahora había unas competencias propias y margen de actuación para ejercer otras, de forma que el problema era la financiación, ahora se retiran las competencias y se produce una nueva centralización del poder”, resumió Espadas, quien detalló que el Ayuntamiento de Sevilla dejará de tener competencias en materia de seguridad en espacios públicos, con la incidencia que esto tendrá sobre la Policía Local.
En esta misma reforma, se impide, salvo que haya un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta , según unos criterios estrictamente económicos y unos estándares que fije el Gobierno central, que desde el Consistorio se presten servicios sociales, más allá de evaluación y actuaciones inmediatas de urgencia social, lo que implicaría la desaparición de muchos de los programas puestos en marcha por el Ayuntamiento de Sevilla. Lo mismo ocurre en el caso del mantenimiento y obras menores en los colegios de la ciudad, que pasarían a depender exclusivamente de la Junta de Andalucía.
En este sentido, quedaría prohibido por ley y bajo el control del interventor que el Ayuntamiento impulse actuaciones en materia de empleo, incluso cofinanciadas con otras administraciones, ya que se consideraría una duplicidad de competencias. “No tendrían cabida por tanto ni las escuelas-taller, ni los programas de formación ni los Alpes ni los talleres de empleo”, resumió el portavoz socialista, quien incidió en que el Ayuntamiento no tendrían ningún margen de actuación en esta materia así como serias limitaciones para el ejercicio de las competencias en Medio Ambiente o gestión turística.
El anteproyecto de reforma de la administración local tendrá además un efecto directo sobre los servicios que prestan Tussam o Lipasam, ya que se establecerán una serie de estándares de eficiencia y rentabilidad financiera difícilmente aplicables en estas empresas y en los que tendrían poca cabida líneas no rentables, prestaciones sociales como el bonobús para los mayores de 65 años o los desempleados, o las actuales tarifas del servicio de la basura. “El anteproyecto de ley lo dice claramente en su exposición de motivos: se busca favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas que se consideren desproporcionadas”, explicó Espadas. En este sentido detalló que el anteproyecto supone expresamente la privatización de Mercasevilla al dejar las lonjas y los mercados de ser competencia reservada en régimen de monopolio a los ayuntamientos y equiparable por tanto al transporte público o la limpieza; y la disolución o venta de Aussa al ser una sociedad participada a su vez por otra sociedad municipal, como es el caso de Tussam.
Tampoco según esta normativa, habría margen para crear nuevas sociedades o empresas públicas hasta la finalización del plan de ajuste, en 2022, para mantener programas de cofinanciación con otras administraciones para materias que no estén expresamente recogidas en el listado de competencias propias municipales o para realizar actividades económicas desde el sector público que puedan entrar en concurrencia con el sector privado, como pueda ser una televisión municipal, como es el caso de Giralda TV.
“Esta ley supone un tsunami en el Ayuntamiento de Sevilla, que perderá servicios y tendrán, en el mejor de los casos, que empezar de cero en otros, tras desmantelar toda la estructura que tiene en estos momentos. Y tendrá además la misma consideración que un ayuntamiento de 21.000 habitantes. Esta ley entra en contradicción con muchas de las medidas que se han tomado o se han anunciado por parte del gobierno del PP, así como con el discurso de que Sevilla tenga una ley de capitalidad. ¿Qué sentido tiene cuando tiene las mismas competencias que un municipio de 30.000 habitantes sin que haya un trato diferencial por su población, sus recursos y su presupuesto?”, concluyó Juan Espadas.
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